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hace 29 mins
Fueron entre 2011 y 2016

Los 39 ingresos de Luis Gustavo Moreno al búnker de la Fiscalía

Antes de ser nombrado fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, el hoy extraditable visitó varios despachos del ente acusador. Todos sus pasos son rastreados en un caso que ya se conoce como el “8.000 de la justicia”.

Gustavo Moreno fue fiscal anticorrupción de 2016 a 2017. / Cristian Garavito - El Espectador

En frentes paralelos, pero con conexiones claras, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avanzan en sus pesquisas para establecer qué tan largo fue el brazo corruptor del exfiscal jefe de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, y varios magistrados y exmagistrados que hasta hace un mes parecían intocables. Mientras Moreno y su socio de andanzas, Leonardo Pinilla, les pidieron a las autoridades colombianas acelerar su envío a los Estados Unidos para saldar cuanto antes sus cuentas con la justicia de ese país, en Colombia más de un poderoso jurista anda tragando saliva. De hecho, empieza a tomar forma un supuesto listado de 15 parlamentarios y exparlamentarios que habrían pagado gruesas sumas de dinero a Moreno y su combo para “manejar” sus expedientes en el alto tribunal, tal como confesó Musa Besaile Fayad.

En respuesta a un derecho de petición que El Espectador le formuló a la Fiscalía, este organismo de control reveló cuántas veces y a qué despachos ingresó Luis Gustavo Moreno entre 2011 y 2016, antes de ser nombrado como cabeza de la Unidad Anticorrupción por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Por ejemplo, en 2011 sólo ingresó tres veces: dos a la Unidad Antimafia y una más al despacho del vicefiscal. Al año siguiente, Moreno Rivera entró ocho veces al búnker a las unidades de Derechos Humanos, Antiterrorismo y Lavado de Activos. Tan sólo atendió dos diligencias en esos ingresos; lo demás fueron citas concertadas. El 19 de marzo de 2013, ya en los tiempos de Eduardo Montealegre al frente de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno registró cinco entradas a dos dependencias: la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema y la Unidad de Lavado. (El embajador de la India, de la justicia)

En 2014 ingresó ocho veces más, pero a visitar a funcionarios del grupo contra falsos testigos, cuyo objetivo era descubrir y procesar declarantes falaces en distintos expedientes. Precisamente ese año, Luis Gustavo Moreno Rivera lanzó con bombos y platillos su libro El falso testimonio, evento al que asistió medio Congreso investigado por la Corte Suprema de Justicia. El entonces exitoso y joven abogado de la Universidad Libre resaltó: “La mentira en el proceso judicial también ha sido utilizada como herramienta política para eliminar adversarios. Prueba de ello es Jesucristo. Fue perseguido por los fariseos, por los rabinos, los escribas. Lo enjuiciaron en un proceso lleno de falsos testigos. En su momento, en la historia bíblica, se narra cómo jueces hacían política y políticos pretendían hacer justicia”.

Según los registros en poder de este diario, en 2015 Moreno sólo ingresó cinco veces al búnker. Una vez a la Secretaría General, otra más a la dependencia de servicios administrativos, otra a la Dirección de Fiscalías, otra a la Unidad de Análisis y Contexto y la última al despacho del vicefiscal Jorge Perdomo. Las fechas de esas entradas coinciden con el contrato por $139 millones que en julio de ese año le otorgó el fiscal Montealegre a Moreno para acompañar recursos de casación y acciones de revisión en la Corte Suprema. El mismo alto tribunal en el que, según el senador Musa Besaile, trabajaba “el papá de Moreno”, es decir, el magistrado José Leonidas Bustos, también investigado. Con un dato incómodo: como asesor de la Comisión de Acusación del Congreso, Luis Gustavo Moreno Rivera tuvo a cargo un proceso contra Montealegre que nunca prosperó.

Finalmente, en 2016, el extraditable Luis Gustavo Moreno entró 10 veces a la Fiscalía. A la Sección de Análisis Criminal, el 26 de febrero; a la Secretaría General, el 20 de mayo; a la unidad de Lavado de Activos, el martes 6 de septiembre; al Grupo de Falsos Testigos, dos días después; al despacho del fiscal Néstor Humberto Martínez, el lunes 19 de septiembre —entró a las 8:57 a.m. y salió a la 1:09 p.m.—; repitió ingreso ese mismo día a ese mismo despacho entre las 2:49 p.m. y las 6:54 p.m.; luego el 27 de septiembre ingresó al despacho de la vicefiscal María Paulina Riveros; el 3 de octubre volvió a la oficina del fiscal; el martes 4 de octubre registró una entrada a la oficina Administrativa y Financiera, y, finalmente, ese mismo día retornó al despacho del fiscal Martínez. Una bitácora que coincide con su posesión el 6 de octubre de 2016 como jefe de la Unidad Anticorrupción.

En el mismo derecho de petición se le preguntó a la Fiscalía qué tipo de estudios hizo antes de contratar a Luis Gustavo Moreno. La respuesta fue la siguiente: “La Dirección de Protección y Asistencia llevó a cabo una evaluación sicológica al aspirante que comprendió una prueba psicotécnica y una entrevista sicológica con buenos resultados”. “Sería interesante, a la luz de todo el escándalo, conocer esas pruebas”, comentó una fuente consultada. El ente acusador también explicó que a Moreno se le hizo una visita domiciliaria, se verificó su información académica y referencias laborales —en las que no aparecía el nombre del magistrado José Leonidas Bustos, por supuesto—, así como sus antecedentes y la corroboración de sus referencias familiares. “¿Por qué no se informó entonces que su esposa había sido procesada por tráfico de estupefacientes?”, se preguntan algunos.

Al final del cuestionario enviado por El Espectador a la Fiscalía, se preguntó en qué casos de la Unidad Anticorrupción aparecía como abogado el exmagistrado Bustos. Esto a raíz de versiones que lo señalaban como el defensor de varios implicados en casos de “volteo de tierras” o de irregularidades en la expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de algunos municipios de Cundinamarca. La respuesta del organismo investigador fue que no había registros de Bustos como defensor de implicados en las pesquisas por presuntas anomalías en los POT del departamento. Sin embargo, en dos columnas recientes en la revista Semana el periodista Daniel Coronell evidenció que al entonces despacho del fiscal Luis Gustavo Moreno llegaron varias denuncias por este tema que salpicaban al hoy gobernador Jorge Emilio Rey. (Gustavo Moreno dice que Ricaurte y Malo sabían de sus "andanzas" en caso Besaile)

De hecho, dichas acusaciones coinciden con un súbito contrato que la gobernación de Cundinamarca le entregó a José Leonidas Bustos el 20 de febrero de 2017 por un valor de $87.500.000. Allí se le contrató como asesor de la secretaría jurídica de la gobernación que, a su turno, presta servicios de asesoría al gobernador Rey en temas sensibles. Un negocio que liquidó la entidad el 22 de agosto pasado debido al escándalo mediático y judicial en el que resultó salpicado el nombre y la honorabilidad del expresidente de la Corte Suprema de Justicia. El mismo hombre al que, según Musa Besaile, se le pagaron $2.000 millones para frenar una orden de captura en la Semana Santa del año 2015. En todo caso, pese a las denuncias de Coronell, nada volvió a saberse de las pesquisas contra el mandatario Rey, quien siempre ha insistido en su inocencia.

Este diario también obtuvo todos los contratos e informes laborales que presentó Luis Gustavo Moreno en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, entidad con la que suscribió siete contratos entre 2011 y 2016 por $165 millones. Allí conoció las intimidades de 47 expedientes que “impulsó” como asesor de los representantes Hernando José Padauí y José Rodolfo Pérez. En ese cargo, Moreno proyectó algunas pruebas pero, en su mayoría, archivos en favor de magistrados de la Corte Suprema, varios consejeros de Estado, magistrados del Consejo de la Judicatura o exfiscales como Luis Camilo Osorio y Eduardo Montealegre. En muchos de esos casos los denunciantes no ratificaron sus acusaciones, o éstas no tenían sustento. Pero, también conoció de casos sensibles. Como el proceso contra el expresidente Belisario Betancourt por el holocausto del Palacio de Justicia de 1985.

En mayo de 2012, tras la compulsa de copias que la fiscal Ángela Buitrago remitió al Congreso, el representante Padauí avocó el conocimiento del proceso. Moreno le proyectó dicho auto. Así se lee en los documentos conocidos por este diario. Y es todo lo que se sabe de ese proceso contra el exmandatario conservador que gobernó el país entre 1982 y 1986. Luis Gustavo Moreno también conoció 14 investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe y cuatro más contra el presidente Juan Manuel Santos. Al mismo tiempo, según coinciden las fechas, este hombre se movía como abogado litigante de poderosos congresistas, algunos de ellos a la sombra, y reclamaba millonarios sobornos supuestamente para garantizarles que sus casos se quedarían quietos en la Corte Suprema.

Este lunes, la Fiscalía notificó que Moreno colaborará formalmente con las investigaciones por este gran escándalo de corrupción, y justo ayer estuvo en la Corte Suprema dando declaraciones en el marco del proceso contra el senador Musa Besaile, el único hasta ahora que ha admitido haber pagado dinero a cambio de tratar de influir en su expediente por parapolítica. Moreno señaló que el exmagistrado Francisco Ricaurte, así como el magistrado Gustavo Malo —quien tenía el caso Besaile hasta la semana pasada, cuando se declaró impedido para seguirlo trabajando—, sabían del soborno que él estaba pidiendo al senador. Por ahora la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez rastrea todo el pasado de su exsubalterno. El “8.000 de la justicia” apenas está empezando. (Le puede interesar: Así pontificaba sobre la justicia el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno)