Los 6 homicidios en los que Farc asumió responsabilidad ante JEP

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este sábado que recibió una carta en la que los exguerrilleros del secretariado de las Farc, Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, asumen responsabilidad en los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey (“Javier Delgado”), Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín. Aquí le explicamos esos seis casos.

Homicidio del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, 15 de noviembre de 1987

El domingo 15 de noviembre de 1987, a cinco kilómetros del municipio de Chocontá (Cundinamarca), individuos que viajaban en una camioneta Dodge 100 de color azul atacaron con ráfagas de ametralladora al dirigente liberal Pablo Emilio Guarín Vera. Aunque fue trasladado al hospital de la localidad, no pudieron salvarle la vida. (Farc admite responsabilidad en asesinatos de Álvaro Gómez, general Landazábal y Jesús Antonio Bejarano: JEP)

Según el dictamen médico, Guarín Vera tenía heridas a la altura del corazón, el cuello, y otra más en la cabeza. Cuando se supo la noticia, el círculo cercano del político liberal atribuyó el hecho a la guerrilla, dado el carácter anticomunista del dirigente desde su fortín político de Puerto Boyacá, en la zona del Magdalena Medio. (Lea aquí: Así fue la génesis del paramilitarismo)

Pablo Emilio Guarín Vera, nacido en La Dorada (Caldas), fue el gestor de un movimiento político para enfrentar la influencia de la guerrilla en la región, razón por la cual en 1983, apoyado por militares y hacendados, creó la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), que fue plataforma de la expansión del paramilitarismo.

Guarín dirigió un periódico llamado Puerto Rojo, y fue el promotor de la iniciativa que hizo que Puerto Boyacá se considerara el primer fortín antisubversivo de Colombia. En adelante, a la entrada del pueblo, siempre se vio una valla que decía: “Bienvenidos a la capital anticomunista de Colombia”. El modelo ACDEGAM proyectó a las autodefensas.

El asesinato de Guarín Vera provocó el rechazo político de muchos sectores, y desde congresistas hasta el propio gobierno Barco hicieron presencia en las exequias. Respecto a la investigación, aunque en su momento el hecho se atribuyó a las Farc, y la organización no lo negó, tiempo después apareció entre las confesiones de los sicarios de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano.

Ahora, la carta que Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo envían a la JEP vuelve a reivindicar la condición de victimarios de la extinta guerrilla de las Farc, sin que las investigaciones judiciales hubieran aportado una verdad integral sobre lo que sucedió en el Magdalena Medio con el modelo ACDEGAM y los grandes magnicidios del paramilitarismo.

Homicidio de Hernando Pizarro León-Gómez, 25 de febrero de 1995

El 25 de febrero de 1995, en el barrio Alta Blanca al norte de Bogotá, sujetos que se movilizaban en un Toyota blanco llegaron a una casa donde se encontraba el exguerrillero Hernando Pizarro León-Gómez. La intención era llevárselo, pero Pizarro empezó a dar gritos de auxilio, y los desconocidos lo balearon en plena calle.

Hernando Pizarro León-Gómez era hermano del comandante del M-19, Carlos Pizarro León-Gómez, y también hizo parte de esta organización alzada en armas. Sin embargo, hacia 1985, constituyó el grupo disidente “Ricardo Franco”, que a finales de ese año protagonizó la espantosa masacre de Tacueyó, donde al menos 100 guerrilleros, señalados de informantes.

A pesar de que la investigación se orientó inicialmente hacia fuerzas oscuras que querían ocultar los detalles de la masacre de Tacueyó, desde el comienzo del caso se estructuró una pesquisa para sindicar a un funcionario administrativo del CTI, como el supuesto autor de los hechos. Un montaje judicial que continúa en la impunidad.

En abril de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington instó al Estado Colombiano a buscar una solución amistosa para reparar el hecho de que injustamente el funcionario del CTI, Gustado Sastoque Alfonso, hubiera pasado diez años, ocho meses y 28 días preso por un crimen que no cometió. (Lea aquí: Gustavo Sastoque: historia de un montaje judicial)

El compromiso que se firmó en 2008 reclamó también al Estado una exhaustiva investigación penal, al tiempo que pidió agilizar una acción de revisión ante la Corte Suprema para esclarecer lo sucedido con Sastoque. En su momento, él se limitó a decir: “No me importa si castigan o no a quienes me hicieron daño, solo quiero que se sepa que soy inocente”.

La carta que enviaron los voceros de las Farc a la JEP, manifiesta que esa organización fue la responsable del asesinato de Hernando Pizarro León-Gómez, lo que ratifica que lo hecho a Gustavo Sastoque sí fue un montaje judicial, aunque todos los pormenores del caso reabren una pesquisa donde se cruzan otros actores de la guerra colombiana.

Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995

El jueves 2 de noviembre de 1995, cuando salía de dictar una clase de cultura e historia en la Universidad Sergio Arboleda, fue atacado por sicarios el excandidato presidencial y exconstituyente, Álvaro Gómez Hurtado. Aunque fue llevado de urgencia a la clínica del Country, falleció minutos después, lo mismo que su asistente José del Cristo Huertas. (Lea aquí: Los secretos de por qué mataron a Álvaro Gómez)

Aunque inicialmente se desarrollaron varias hipótesis, la pesquisa judicial de la Fiscalía se enfocó en las actuaciones de un grupo de suboficiales y oficiales del Ejército, a quienes se atribuyó hacer parte de una conspiración para asesinar al dirigente político, supuestamente porque tenía información sobre un intento de golpe de Estado.

A pesar de que varios suboficiales y oficiales del Ejército fueron privados de la libertad, el caso se fue desmoronando en los estrados judiciales, mientras algunos delincuentes seguían procesados. Con el paso de los años, en la medida en que se permitió que la familia de Gómez Hurtado tuviera acceso al expediente, la investigación cambió de rumbo.

De esa manera, surgió una nueva versión, a partir de declaraciones de varios narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle. En particular, el capo Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, aseguró que a Gómez Hurtado lo mandó matar el capo Orlando Henao Montoya, y que la razón no era distante a la teoría del supuesto golpe de Estado.

Las nuevas pesquisas determinaron que supuestamente el crimen de Gómez originó un altercado entre el jefe paramilitar Carlos Castaño y Orlando Henao, por el reclamo del primero ante lo sucedido. En esas declaraciones surgió la versión de que un grupo de policías, liderado por el coronel Danilo González, participó en el hecho y desvió la investigación.

La familia Gómez ha insistido en que se insista en las investigaciones, sin descartar que la acción de los sicarios tuviera relación con el gobierno entonces presidido por Ernesto Samper. De manera reciente, Enrique Gómez, sobrino del dirigente asesinado, ha insistido en la responsabilidad del DAS, por supuestos perfilamientos a Gómez.

Cuando el fiscal Francisco Barbosa tomó posesión del cargo como fiscal general de la nación, el presidente Iván Duque le recalcó que era el momento de aclarar el crimen del dirigente político cometido frente a la universidad donde ambos estudiaron. Según se ha establecido, la Fiscalía ha tenido varios avances en el caso.

No obstante, sorprende ahora la carta de los miembros del partido Farc, Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, reivindicando el asesinato del dirigente político. De alguna manera, la misma versión que venía ventilando por estos días la dirigente política Piedad Córdoba, y que ya provocó el rechazo de la familia Gómez Hurtado.

Homicidio del general ( r ) Fernando Landazábal Reyes, 12 de mayo de 1998

El 12 de mayo de 1998, cuando caminaba hacia su oficina situada cerca de su casa, al norte de Bogotá, fue asesinado a tiros el general retirado Fernando Landazábal Reyes. Los asesinos descendieron de un vehículo Spring rojo y lo atacaron por la espalda. El oficial andaba sin escoltas y nada se pudo hacer por salvar su vida. (Lea aquí: El hombre del número 13)

En ese momento, el país vivía un momento crítico de violencia selectiva, pues apenas un mes antes había sido asesinado en su oficina el abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza. Por esta razón, las primeras hipótesis se enfocaron en una acción más de la extrema derecha para aumentar la zozobra.

El general Fernando Landazábal Reyes había sido un notorio protagonista de la historia del país. No solo porque fue jefe de inteligencia del Ejército, inspector del comando general de las Fuerzas Armadas y comandante de las mismas, sino porque en el gobierno de Belisario Betancur llegó a ser ministro de defensa en un momento de enorme controversia.

En desarrollo de su política de paz, el gobierno Betancur entró en negociaciones con los grupos guerrilleros, lo que provocó la reacción del ministro Landazábal, que contrariando las disposiciones de no deliberar políticamente, se volvió un detractor público de esa agenda de negociación política con los grupos insurgentes.

“El país debe acostumbrarse a escuchar a sus generales”, fue una de sus frases más resonantes en aquellos días en los que el país se dividió entre partidarios y opositores de los procesos de paz del gobierno Betancur. Al final, el presidente tuvo que hacer una transición en el mando, y Landazábal pasó a ser un influyente general retirado que no se calló nunca.

Sus planteamientos de derecha lo llevaron después a la creación del Movimiento Integracionista Colombiano, con el que quiso ser candidato presidencial en 1990, pero el Consejo Electoral le negó la personería jurídica. Después apoyó la primera campaña política de Andrés Pastrana en 1994, y en el momento de su asesinato apoyaba al general (r) Harold Bedoya en sus aspiraciones políticas.

El proceso por su asesinato tuvo un escaso desarrollo. Se llegó a decir que le habían quitado la vida porque conocía detalles del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. También se dijo que sabía de las irregularidades que en mayo de 1998 llevaron a la desactivación de la Brigada 20 de inteligencia militar, por caso de violación de los derechos humanos.

No obstante, las pesquisas nunca tuvieron un desarrollo positivo y el caso quedó en la impunidad. Ahora, tres de los antiguos comandantes de las Farc dicen que la organización tuvo que ver con ese asesinato. Tendrá que establecerse si fue a título del movimiento insurgente, o cumpliendo una labor sicarial para terceros interesados.

Homicidio de Jesús Antonio Bejarano, 15 de septiembre de 1999

El 15 de septiembre de 1999, cuando llegaba a un salón de clases de la Universidad Nacional, donde dictaba clases, fue asesinado el exconsejero de paz del gobierno de César Gaviria, el economista Jesús Antonio Bejarano. Desde ese mismo día, se dijo que había sido la guerrilla porque quienes lo asesinaron hicieron arengas reivindicándolo.

No obstante, surgieron nuevas hipótesis. Como un mes antes había sido asesinado el periodista Jaime Garzón, llegó a decirse que el crimen de Bejarano hacía parte de la misma ola de guerra sucia orquestada por fuerzas oscuras. También se mencionó que el asesinato estaba relacionado con los mismos sicarios que dieron muerte al general Landazábal.

Esta última pesquisa surgió a partir del hecho de que Bejarano había participado en reuniones con militares y dirigentes de la derecha, que evaluaban la crítica situación del gobierno de Ernesto Samper y la narcofinanciación de su campaña política, que tiempo después fueron relacionadas como una conspiración para tumbarlo.

El crimen de Bejarano, que tuvo una destacada actuación como consejero de paz en los diálogos de Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) entre 1991 y 1993 en la era de César Gaviria, quedó en la absoluta impunidad. La sorpresa es que ahora los excomandantes de las Farc sostienen que la organización fue la responsable, no es claro si solo para apretar el gatillo.

Homicidio de José Fedor Rey (“Javier Delgado”), 30 de junio de 2002

El 30 de junio de 2002, al interior de la cárcel de Palmira, fue asesinado el exguerrillero José Fedor Rey Álvarez, más conocido como Javier Delgado. Este sujeto apareció ahorcado en su celda, y aunque inicialmente se habló de un suicidio, las pesquisas condujeron a comprobar que se trató de una ejecución en el penal. (Lea aquí: El asesinato impune de un hombre de paz)

Respecto a la historia de Rey Álvarez se mueven todos los cruces sucios de la guerra. Se inició como guerrillero de las Farc, pero luego, reivindicando el nombre de un antiguo guerrillero del Magdalena Medio, conocido como Ricardo Franco, decidió crear un nuevo grupo insurgente que llevara el nombre de este personaje. (Lea aquí: Condenan a la Nación por el crimen del consejero de paz Jesús Antonio Bejarano)

Para consumar su acción, sumó guerrilleros de las Farc y luego del M-19, pues su principal apoyo terminó siendo Hernando Pizarro León-Gómez. José Fedor Rey o Javier Delgado, como se hizo conocido, fue el principal responsable de la masacre de Tacueyó (Cauca), que llevó al sacrificio de por lo menos 100 guerrilleros.

En adelante, se perdió el rastro de Rey Álvarez, de quien llegó a decirse que era un agente de inteligencia militar filtrado en la guerrilla. Lo cierto es que fue capturado en Cali en febrero de 1995, días antes de que su antiguo compinche, Hernando Pizarro León-Gómez, fuera asesinado al norte de Bogotá en un intento de secuestro.

Al final, José Fedor Rey fue condenado por la masacre de Tacueyó, aunque no aportó verdades que permitieran esclarecer este caso, o las conexiones de la guerra sucia a finales de los años 80. Ahora, las Farc dicen que su muerte fue obra de sus hombres, aunque deberán aclarar por qué terminaron cruzadas respecto al destino final de este siniestro personaje.

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