Los abogados tras la denuncia que llevó a la Corte a indagar a todo el Congreso

La denunciantes, Eduardo Carmelo Padilla y Ricardo Cifuentes, aseguraron que dentro del Congreso hay un "mercado de corrupción" que nadie se atreve a judicializar y ven viable un castigo por parte del alto tribunal.

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La Corte Suprema de Justicia abrió hoy indagación preliminar a todos los miembros del congreso por, supuestamente, haber recibido incentivos para apoyar proyectos de ley promovidos por el presidente Juan Manuel Santos. El Espectador habló con los abogados denunciantes, Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo Padilla, los cuales aseguraron que el recurso jurídico se interpuso porque era un hecho del cual se hablaba sin ningún esfuerzo por cambiarlo.

La denuncia de los miembros de la ONG Corporación Foro Ciudadano tardó cinco años en generar una decisión, desde que se presentó en 2013. Para Carmelo, esto se debió a lo dispendioso del tema. “Se habla de congresistas que tienen $73.000 millones, otros $50.000, otros $40.000. La demora estuvo en establecer qué cargo le dieron a cada congresista, por cual concepto o criterio”.

Dentro de lo que se presentó en la denuncia, Cifuentes mencionó documentos de prensa y los testimonios de algunos senadores. “Ahí hay todos los delitos que uno se imagine porque es que no se puede, a cambio de un voto, en un proyecto de ley, recibir puestos o dádivas porque son ramas del poder público totalmente independientes. Los congresistas no tienen por qué recibir ni cupos indicativos ni entregarse a una institución o a un ministerio. Se deformó la figura y nos parece normal. Dicen que a tal congresista le entregaron esta institución y nos parece normal. En el congreso hay un mercado de cupos indicativos”. 

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A lo que Cifuentes se refiere con los cupos indicativos es a recursos económicos que les asignan a los congresistas para invertir en las regiones. Sobre el tema, Carmelo afirmó: “El hecho es notorio en Colombia. Todo el mundo sabía que el Gobierno ha dado cupos. Algunos ministros los defendían diciendo que eso era para el desarrollo para las regiones. La verdad es que los cupos los recibían los congresistas y se los vendían a otros por cierto dinero. Luego, los volvían a vender a contratistas y las obras no se hacían. Detrás de esto se va a descubrir un gran cartel de corrupción de compraventa de cupos”. 

La Corte ya pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que le entregue la información de todas las obras públicas que se licitaron entre 2013 y 2015 para determinar la relación que podrían tener los congresistas investigados con estos proyectos y contrataciones. El alto tribunal también le pidió a la Fiscalia y Procuraduría que le entregue información sobre si en sus entidades existen denuncias por este mismo tema. 

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