Los acuerdos congelados

El Espectador revela los pormenores de documentos firmados entre los polémicos empresarios con la justicia. Además, divulgan nuevas declaraciones en las que se continúa señalando a los miembros del cartel de la contratación.

El 18 de mayo de 2011, un mes y medio después de que Manuel, Miguel y Guido Nule regresaran al país desde Italia, se firmó un acta sobre los términos para la aplicación del principio de oportunidad parcial con el compromiso de que ratificaran sus denuncias sobre el denominado cartel de la contratación y se comprometieran a declarar en juicio como testigos de cargo en contra de todos a quienes señalaron como parte del carrusel, como el exalcalde Samuel Moreno, el abogado Álvaro Dávila, los contratistas Héctor Julio Gómez y Emilio Tapia, así como otros funcionarios del Distrito.


Dicho documento fue firmado por el entonces fiscal de la causa, Germán Pabón Gómez, y los abogados del Grupo Nule. Es decir, el acuerdo no fue sólo verbal, sino que quedó constancia por escrito en un documento de tres páginas al que tuvo acceso El Espectador. Ya entonces la Fiscalía les había imputado a los Nule y su socio Mauricio Galofre el delito de peculado por apropiación. El 8 de abril de 2011 todos aceptaron ese cargo y quedó pendiente que se formalizara el principio de oportunidad para ellos, y los delitos de fraude procesal, cohecho, falsedad en documento privado y concierto para delinquir no fueran incluidos.


Cuatro meses y medio después de suscrita esta acta, los Nule se niegan a seguir prendiendo su ventilador, porque en su criterio la Fiscalía les ha incumplido. En el documento al que tuvo acceso El Espectador se lee que esta acta “está sujeta a la aprobación de la señora fiscal general de la Nación y del correspondiente control de legalidad por un juez”. En esta perspectiva fue que Manuel, Miguel y Guido Nule, así como Mauricio Galofre, le ampliaron a la Fiscalía las versiones que habían entregado desde Panamá y Miami a finales del año pasado, con detalles inéditos y escandalosas delaciones.


Este diario conoció los interrogatorios que entre abril y mayo rindieron los controvertidos empresarios (ver recuadros en las páginas 10 y 11). Y allí siguen salpicando a diestra y siniestra, y enfilando su dedo acusador en contra de contratistas y funcionarios, algunos de los cuales han aceptado su participación en el billonario desfalco a Bogotá. Desde entonces los Nule pidieron a las autoridades que vigilaran el proceso de liquidación de su conglomerado comercial para responderles a las víctimas y a sus acreedores, y en especial le pidieron a la Superintendencia de Sociedades celeridad en su investigación.


Hoy los Nule libran una batalla judicial contra sus exsocios de la firma Vergel y Castellanos por las acciones que les vendieron de sus empresas MNV y Gas Kpital. Un activo avaluado en cerca de $400 mil millones. La propia Contraloría pidió que se revocara esa venta de las acciones y el supersociedad Luis Guillermo Vélez deberá pronunciarse en los próximos días sobre esta operación. Fuentes consultadas por este diario confirmaron que los Nule le pidieron a la Fiscalía que decretara medidas cautelares sobre esas acciones con el fin de que sean incluidas en la liquidación de su emporio económico.


No ha sido la primera traba. En la Fiscalía se dice que todavía no se les ha otorgado el principio de oportunidad porque aún no han restituido los bienes para reparar a las víctimas. Desde su orilla ellos aseguran que han colaborado para devolver esos bienes y han aportado toda la información de sus sociedades. De hecho, un contador de ellos ya puso en conocimiento todas las operaciones del Grupo Nule. Una persona muy cercana a ellos le confirmó a El Espectador que tras la salida del fiscal Germán Pabón, en julio pasado, todos estos preacuerdos se vinieron a pique. Aun así siguieron los acercamientos con el nuevo fiscal Ricardo González y, de hecho, en otro documento suscrito el 30 de agosto pasado se deja constancia de que la información entregada por ellos “ha sido un insumo importante en la investigación”.


No obstante, en dicha constancia firmada por el fiscal González y los abogados de los Nule se dice que aún se avanza en el proceso de recuperar los bienes de ese conglomerado para responderles a las víctimas. Allí nuevamente los defensores de los Nule le solicitan a la Fiscalía suspender las demás investigaciones que cursan en su contra y que se les conceda el principio de oportunidad por su colaboración eficaz. Hasta el momento eso no ha pasado. La Fiscalía considera que falta claridad sobre los bienes. Los Nule afirman que ya pusieron sus cartas sobre la mesa y que deben ser las autoridades las que decreten las medidas cautelares necesarias.


Ahí radica el escollo de esta negociación. Ambas partes hablan de incumplimientos, pero los Nule, ad portas de ser condenados por el delito de peculado que ya aceptaron, se rehúsan a seguir declarando hasta tanto, según ellos, les cumplan. Lo curioso es que a pesar de sus delaciones y la información que han entregado, su negociación con la justicia continúa en veremos. “En cambio, personas como Julio Gómez, Emilio Tapia o Álvaro Dávila, sin ninguna colaboración, siguen sin ser imputados, diligencia que ha sido aplazada en tres oportunidades porque, al parecer, buscan llegar a un preacuerdo con la Fiscalía”, contó una fuente cercana al expediente.


Hace una semana la Fiscalía le imputó cargos al suspendido alcalde Samuel Moreno. Los testimonios de los Nule sustentaron la solicitud de medida de aseguramiento en su contra, que finalmente fue decretada. Penalistas consultados por este diario señalaron que si los Nule se siguen negando a colaborar en el juicio, los señalamientos al alcalde Moreno serían muy gaseosos y otros casos derivados de este escándalo perderían impulso. Las negociaciones de los Nule están congeladas y ellos y sus abogados dispuestos incluso a pedir nulidades y declararse en rebeldía. Las investigaciones del cartel de la contratación están hoy más empantanadas que nunca.


Los Nule siguen esperando condena


Miguel, Manuel y Guido Nule, así como su socio Mauricio Galofre, tendrán que esperar unos días más para conocer cuántos años de prisión pagarán por el delito de peculado, que fue el único que aceptaron en medio del proceso judicial por el llamado carrusel de la contratación.


El pasado viernes se esperaba la sentencia, pero una vez más tuvo que ser aplazada debido a la apelación que presentaron varias entidades y personas, entre ellas Segurexpo, a la decisión del juez de no aceptarlas como víctimas dentro del proceso contra los Nule. Ahora, el día para conocer la sentencia depende del tiempo que tarden los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá en aceptar la apelación.


La sentencia contra los polémicos empresarios se viene postergando desde el pasado 26 de mayo. Este proceso se suma al constante aplazamiento del otro juicio que tendrán que enfrentar por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, falsedad en documento privado y fraude procesal.


Cuatro meses llevan dilatando la audiencia de sentencia contra los Nule por el delito que ya aceptaron.


“No joda Iván”


Guido Nule relató que en una ocasión se encontró con el senador Iván Moreno en el restaurante Pajares Salinas de Bogotá y le reclamó la presunta extorsión de los hermanos Moreno al Grupo Nule para no quitarles los contratos de la malla vial, pues ya se había pactado una comisión del 8%, de la cual el 6% era para los Moreno y el resto para el contralor Miguel Ángel Moralesrussi. “Conociendo que algo de ese compromiso ya estaba girado le digo a Mane (Manuel) ‘voy a encarar a este tipo’. Me paro de la silla, me le acerco y le digo: ‘Iván, ¿por qué nos tienen tan jodidos, si ustedes recibieron parte de su dinero?’. Éste, sin esperar que esto fuera a suceder, se impresiona y dice: ‘Sí, tranquilo, ya nosotros recibimos, no te preocupes’. Eso fue todo. Fue frente a frente. Iván me dijo: ‘No te preocupes’. Y yo le dije: ‘No joda Iván, así no pueden ser las cosas’ y salí y me fui”.


“(El abogado Alier Hernández) era prácticamente asociado de Dávila”


Manuel Nule sostuvo que el emisario de Samuel Moreno para pedir mordidas en los contratos era Álvaro Dávila, un abogado de quien dijo tenía mucho poder en el Distrito y su casa parecía una sede alterna de la Alcaldía. “En el despacho del doctor Dávila vimos a innumerables servidores públicos, como a la doctora (Victoria) Virviescas, directora de la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), nos la presentó en el primer semestre de 2008 en su oficina”. Y añadió que Dávila decía que él la había hecho nombrar en ese cargo. También contó Manuel Nule que el abogado Alier Hernández, esposo de la secretaria jurídica de esa entidad, Catalina Franco, era prácticamente “asociado con el doctor Dávila y permanecía en las oficinas de él como un abogado más de la empresa. El señor Luis Felipe Herrera, asesor de la Uaesp, puede evidenciar varias entradas de este señor al apartamento del doctor Dávila”.


Una declaración que recuerda la publicación que este diario hizo el 5 de septiembre de 2009, relacionada con las irregularidades en la licitación para elegir el operador del relleno Doña Juana, en Bogotá, negocio que costaba $67 mil millones. Ese día se relató un particular episodio que se registró en un restaurante del norte de Bogotá y que denunció El Espectador. Los comensales eran la entonces secretaria jurídica de la Uaesp, Catalina Franco; su esposo, el exconsejero de Estado Alier Eduardo Hernández y el jurista Édgar González. Al final de la velada dejaron en el mantel de la mesa un diagrama (foto) en el que presuntamente exploraban la manera de sacar a la firma Proactiva (operadora del relleno) y supuestamente contratar a dedo a otra empresa.


En el mantel quedó un diagrama en el que aparecían las palabras “liquidar”, “incumplimiento” y “multas”, así como las iniciales A. D. y signos de pesos. Hoy, mientras avanza el proceso por el carrusel de la contratación, parece haberse descifrado el misterio: las iniciales corresponderían a Álvaro Dávila, quien hoy es otro de los procesados por el escándalo. Aunque todos en su momento se declararon inocentes y ajenos a la denuncia de El Espectador.


La mordida


Manuel Nule relató que Dávila, Emilio Tapia y Julio Gómez le ratificaron que había que pagar una comisión del 6% a los señores Samuel e Iván Moreno para ganarse los contratos de la malla vial. “Nosotros, todos los socios de las uniones temporales, presentamos dos uniones temporales donde también eran socios los señores Tapia y Gómez, y era socio una empresa de Italia, que era GLF (Grandilabori Fincosic), cuyo representante era Jorge Casilimas en Colombia y este con José Fernando Bautista, muy pendiente para participar en esta licitación”. Bautista renunció este año a la Embajada de Colombia en Venezuela.


Al 1.000%


Manuel Nule cuenta en otro aparte de su declaración que el contratista Emilio Tapia le había comentado que el nuevo director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, era ficha de él, “no el 100%, sino el 1.000%”. Y añadió que Ramírez venía de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU), donde Tapia decía que tenía mucho poder. “Esto me lo decía Tapia para reconfirmarme su poder en el Distrito, producto de su relación con Samuel”.


$30 millones


Guido Nule le relató también a la Fiscalía que en una ocasión le tocó entregarle al subdirector de Infraestructura del IDU, Luis Eduardo Montenegro, $30 millones en efectivo, “ya que si no lo hacía iba a encontrar la forma de multar algunos de nuestros tres proyectos”. Montenegro, según Nule, fue impuesto en ese cargo por Dávila, Julio Gómez y Emilio Tapia.


“Había que darle el 10% a Samuel”


Guido Nule también denunció que habló en muchas ocasiones con Álvaro Dávila sobre una licitación que sacó la Secretaría de Movilidad sobre la semaforización en el Distrito. Según Nule, Dávila le entregó, antes de que se publicaran, los pliegos de condiciones de la licitación y le hizo el puente con una empresa que cumplía esas condiciones, la firma Semáforos de México (Semex). Se consiguió información confidencial sobre la licitación con dos funcionarios de Movilidad de nombres Alejandro y Augusto, supuestos enlaces de Dávila. El nombre que se le dio a esos funcionarios era “Los nachos bogotanos”. En ese contrato también se les exigía a los Nule una comisión para adjudicarles el negocio. “Después Álvaro Dávila nos transmite a Manuel y a mí que la exigencia del alcalde Samuel Moreno era del 10% de la totalidad del recaudo de la semaforización”. No obstante, la Procuraduría cerró el proceso.


Facsímil del documento firmado el pasado 30 de agosto.