Los agentes del Estado en el asesinato de Galán

Luis Ramírez

Según informes oficiales posteriores al magnicidio, en la Plaza de Soacha se contó con   uniformados y miembros de Fuerza Pública suficientes “con el propósito de brindarle al candidato Galán las mejores medidas de seguridad”. Entre los documentos se aportó un reporte de Jacobo Torregrosa Melo, jefe de seguridad del fallecido fundador del Nuevo Liberalismo. (Vea acá el especial sobre lo 30 años del asesinato de Galán)

En este informe, con fecha 20 de agosto de 1989, es decir, dos días después del magnicidio, Jacobo Torregrosa le aseguró al jefe de la División de Orden Público, coronel retirado Manuel González, que no existió ninguna falla en el operativo de seguridad del candidato Luis Carlos Galán. Supuestamente, según el agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), las acciones se coordinaron con el entonces alcalde del municipio de Soacha, Fernando Ramírez; con el comandante de Policía del distrito y con otras autoridades de la zona para brindar “las medidas que fueran necesarias para la realización de tal evento”.

Jacobo Torregrosa agregó en su informe que la Policía Nacional suministró un completo dispositivo de “vigilancia y seguridad” en todas las rutas y lugares donde se “efectuaría la concentración política”. Incluso, que habrían estado, supuestamente, tiradores en el atrio de la iglesia para vigilar desde arriba la concentración política. De la misma manera, el jefe de seguridad de Luis Carlos Galán señaló que había coordinado junto con seis miembros del DAS -entre los que estaban detectives urbanos y agentes secretos- para cubrir “cuerpo a cuerpo” al candidato Luis Carlos Galán durante su recorrido en carro.

A pesar de los informes de Jacobo Torregrosa y de la rápida judicialización del ingeniero químico Alberto Jubiz Hazbum y cuatro personas más por el homicidio del candidato liberal -impulsada principalmente por el director de la Dijin, Óscar Peláez Carmona y Miguel Maza Márquez, director del DAS para la época- las dudas siguieron flotando en el aire. Sobre todo, cuatro años después, cuando la misma justicia concluyó que ni él ni los otros capturados tenían relación alguna con la muerte del líder político. Solo la captura en Bogotá del sujeto José Orlando Chávez, el 19 de septiembre de 1989, comenzó a aclarar el panorama.

José Orlando Chávez confesó que él había realizado parte de los hechos que permitieron la muerte de Galán, al cargar una pancarta que estaba cerca a la tarima para ocultar a los sicarios y hacer disparos al aíre para sembrar el miedo después del ataque al candidato presidencial. De igual manera, delató a los que, según él, habían sido sus cómplices: Enrique Chávez, Jaime Rueda Rocha (quien habría disparado), y Ever Rueda Silva, medio hermano de Rueda Rocha. Gracias a este testimonio se dio con varios de ellos, incluido Ever Rueda, quien también dejó entrever en su declaración la participación de agentes del Estado en el magnicidio.

Antes de morir asesinado en prisión, en junio de 1992, Rueda Silva dejó una carta a su madre en la que narró cómo fue planeado el crimen que enlutó al país. En esa misiva aseguró que hacía parte, junto con sus dos hermanos, de las autodefensas del Magdalena Medio lideradas por Henry de Jesús Pérez y financiadas por Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como alias El Mexicano. Según Rueda Silva, en una reunión con varias fichas del cartel liderado por Pablo Escobar se acordó matar a Galán. Para lograrlo, se le pidió a Jaime Rueda Rocha y al teniente Carlos Flórez Franco, comandante del B2 del Ejército y supuestamente en la nómina de Rodríguez Gacha, que hicieran labores de inteligencia.

El testigo añadió que, después de que fracasara el asesinato del candidato en Medellín, Jaime Rueda Rocha y el teniente Flórez se habrían encargado de organizar el operativo para asesinar a Galán en Soacha. Entre lo planeado estaba que varios hombres de Henry Pérez se infiltraran en la concentración usando carnés del B2, incluido Rocha Silva, quien portaría una pancarta para ocultar a los sicarios. Luego sería Jaime Rueda Rocha, según el testimonio de su medio hermano, el responsable de disparar al candidato, con la complicidad de dos escoltas de Galán “comprados”. Al final de la acción, los hombres vinculados al crimen saldrían de la plaza y serían recogidos por hombres del B2.

A pesar de las explosivas revelaciones del testigo, las autoridades lo subestimaron pues estaban empecinadas en concluir que el asesinato había sido concretado por Hubiz Hazbum y otros. 20 años después de esta declaración y del magnicidio mismo, comenzaron a conocerse detalles inéditos de lo que realmente ocurrió en la noche del 18 de agosto de 1989. Josué Oved Ariza, miembro de la Policía de Cundinamarca para la época de los hechos, tumbó la idea de que el operativo policial no había tenido falla alguna. De acuerdo con su testimonio, el capitán Luis Felipe Montilla, comandante del distrito, solo contó con nueve uniformados motorizados para escoltar a la caravana del candidato.

Las irregularidades en el dispositivo policial habrían sido más, de acuerdo con el testimonio de Ariza. Solo habrían estado dos uniformados de la Policía custodiando la tarima donde estaba Galán, mientras a los motorizados se les dio la orden de quedarse en la puerta de la alcaldía de Soacha, en vez de patrullar alrededor de la manifestación, como se había ordenado inicialmente. Así mismo, en horas de la mañana, un subcomandante, del que Ariza no dio el nombre, se llevó del municipio a las unidades de contraguerrilla que habrían sido esenciales para el operativo de seguridad en la plaza de Soacha. Tampoco se pidieron refuerzos para cubrir la magnitud del evento de esa noche.

Tras los hechos del viernes 18 de agosto, desde la Policía de Cundinamarca se trataron de ocultar las posibles negligencias, aseguró Josué Ariza. De acuerdo con el testimonio del uniformado retirado, a él trataron de obligarlo a firmar un documento en el que lo hacían responsable de la seguridad de Luís Carlos Galán ese día en Soacha. Aunque éste se resistió, al final lograron que varios uniformados, incluyendo el propio Ariza, dijeran que habían más de 40 hombres prestando servicio en la plaza donde fue asesinado Luis Carlos Galán, incluyendo a varios uniformados en el techo de la iglesia y en las esquinas de la concentración. Este hecho fue desmentido hace poco tiempo.

Además de las posibles irregularidades cometidas por la Policía de Cundinamarca, por la misma época comenzaron a hacerse evidentes las posibles omisiones cometidas por la seguridad de Galán y el DAS. En este apartado relucieron dos nombres: Jacobo Torregrosa, jefe de seguridad de Luis Carlos Galán, y Miguel Maza Márquez, director del DAS entre 1985 y 1991 y, supuestamente, uno de los máximos representantes de la guerra del Estado contra Pablo Escobar. El testimonio a la Fiscalía de Orlando Forero Álvarez, jefe de escoltas de Galán anterior a Torregrosa, demostró las anomalías de su traslado, por orden de Maza Márquez, causando el debilitamiento del esquema de escoltas del fundador del Nuevo Liberalismo.

“Por la manera como él se presentó en un estado como déspota fue muy poco lo que yo le pude explicar. Sin embargo, le comuniqué que era un servicio delicado y que había que tener mucho cuidado, a lo que él me contestó que él tenía el conocimiento del servicio”, declaró Orlando Forero Álvarez, quien agregó que su relevo presentó varias irregularidades entre las que se dio la ausencia de cualquier tipo de comunicación formal del cambio, pues ni siquiera hubo algún empalme que le permitiera presentar al nuevo jefe de seguridad al “escoltado”. Forero comentó que Torregrosa comenzó a retirar a los más antiguos dentro del esquema de seguridad de Galán.

Las dudas respecto a las acciones adelantadas por Miguel Maza Márquez y el esquema de seguridad de Luis Carlos Galán hicieron que el exoficial fuera vinculado oficialmente a las investigaciones por el crimen. Ante los señalamientos, el exoficial Maza Márquez siempre aseguró que era imposible que hubiera sido partícipe del crimen, ya que Pablo Escobar, uno de los principales autores intelectuales del asesinato, era su enemigo acérrimo. Incluso el jefe del cartel de Medellín había intentado asesinarlo en reiteradas ocasiones, incluyendo el atentado contra la sede del DAS con un bus bomba el 6 de diciembre de 1989.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró al exdirector del DAS como coautor del homicidio de Luis Carlos Galán, de Julio César Peñaloza Sánchez (concejal de Soacha), y de Santiago Cuervo (escolta de Galán). El alto tribunal encontró que Maza Márquez fue pieza fundamental en el magnicidio. En el fallo se señaló que Maza tenía cercanía con Henry de Jesús Pérez, uno de los líderes de las autodefensas del Magdalena Medio. Esta relación habría creado un puente entre el grupo paramilitar y el DAS. Incluso, que funcionarios de la institución de inteligencia se habrían entrenado con el mercenario israelí, Yair Klein.

De la misma forma, según funcionarios del DAS, dicha cercanía “permitió́ la movilidad de Henry de Jesús Pérez Durán” y evitó que la institución actuara en su contra. Antonio Hernández Villamizar, miembro de dicho grupo paramilitar, sería uno de los testigos claves para demostrar el vínculo entre DAS y las autodefensas del Magdalena Medio. Según el fallo, a Antonio Hernández “le constan los encuentros del General Maza Márquez con líderes de esa autodefensa, el intercambio de la información y la libre movilidad que tenían los paramilitares, quienes no fueron perseguidos ni capturados por dicho oficial”.

La relación entre Maza y el paramilitarismo habría sido la puerta para participar el homicidio de Galán. Según la justicia, el exdirector del DAS habría brindado apoyo a las autodefensas del Magdalena Medio, designadas por El Mexicano para asesinar al candidato presidencial, “en sus labores criminales, especialmente la opción de contar con la información sobre desplazamientos, traslados y ubicación del político, pero, particularmente permear su esquema de seguridad”. Para este último fin, Maza Márquez habría sido responsable de debilitar el esquema de protección de Galán al nombrar jefe de seguridad a Jacobo Torregrosa Melo, “una persona recién vinculada al organismo de seguridad, sin ninguna experiencia en ese cargo y conocida de Jaime Eduardo Rueda Rocha”.

Así mismo, Iván Roberto Duque, conocido en las autodefensas como Ernesto Báez, contó que mantenía una amistad con Torregrosa, lo que demostraría su cercanía con el paramilitarismo.  De acuerdo con las investigaciones, ni Galán ni su familia se sintieron a gusto con el nombramiento de Torregrosa, pero Maza les dijo que era un “hombre de su entera confianza y que pondría las manos en el fuego por él”. A pesar del aval, el funcionario del DAS habría tratado de sacar a los escoltas de más confianza, como lo había contado Orlando Forero Álvarez a la Fiscalía en 2009. Así mismo, se pudo determinar que Torregrosa no contaba con la experiencia para el cargo que había sido asignado.

Más allá de estos pequeños lunares, las omisiones de Jacobo Torregrosa en el esquema de seguridad se hicieron más que evidentes el viernes 18 de agosto de 1989. Este habría convencido al candidato que todo estaba arreglado frente a la seguridad en el municipio de Soacha, cuando el fatal desenlace demostró que no era así. Bajo la misma línea, habría dicho que algunos agentes de la SIJIN estarían apoyando el esquema de seguridad vestidos de civil y con pancartas a favor del candidato presidencial. No obstante, estas mismas pancartas serían las que fueron usadas por los sicarios para ocultarse en el momento del atentado.

De la misma forma, el jefe de seguridad habría debilitado intencionalmente el esquema de escoltas dejando solo seis hombres con Galán mientras que envió el resto a Villeta, supuestamente como avanzada para un evento de campaña que se iba a realizar en dicho municipio en días siguientes. Bajo una línea similar, varios de los testigos señalaron que Jacobo Torregrosa, durante el evento de la plaza de Soacha, “no impartió́ instrucción alguna ni organizó la escolta y al momento del atentado se alejó, en clara señal de que sabía lo que ocurriría instantes después”.

Jacobo Torregrosa solo habría reaparecido en escena en el centro hospitalario al que fue remitido Luis Carlos Galán tras el atentado. Juan Francisco Lozano Ramírez habría visto allí al jefe de escoltas hablando por teléfono y reportando lo que estaba sucediendo. Al ser sorprendido, salió del lugar y dejó la bocina descolgada. Lozano Ramírez alcanzó a escuchar por el teléfono una voz desconocida que le estaría preguntando a Torregrosa si el político estaba muerto, haciendo una clara referencia a Galán.

A pesar de los señalamientos contra Jacobo Torregrosa por su supuesta responsabilidad en el asesinato de su protegido, este fue absuelto de responsabilidad. Al contrario, su jefe, Miguel Maza Márquez, quien lo habría llevado al DAS y asignado como jefe de seguridad de Galán -uno de los hombres más amenazados para la época-, fue condenado a 30 años de prisión como coautor del magnicidio. Para la Corte, este no solo habría debilitado el esquema de seguridad, sino que realizó otro tipo de acciones que desencadenaron en la muerte de uno de los más opcionados para ganar las elecciones de 1990.

Dentro de las investigaciones, se obtuvo el testimonio de del político Rommel Hurtado, quien le habría advertido a Miguel Maza Márquez sobre la inminencia del atentado contra el candidato a la presidencia. Pero, de acuerdo con la Corte Suprema, a pesar de las alertas, es “evidente que no se hizo nada” para evitar la tragedia. Así mismo, el exgeneral habría sido el responsable de desviar las investigaciones por muchos años para así evitar que se diera con los verdaderos culpables.

“No solo se trató de incriminar a Jubiz Hazbum y a otros inocentes, sino que se intentó silenciar a quienes declararían en favor de ellos, como el caso del ex ministro Carlos Obando, quien luego de declarar que Hazbum estuvo con él al momento del homicidio del político, fue objeto de un atentado que por poco acaba con su vida”, aseguró el abogado de las víctimas. Tras la condena de 30 años dictada en 2016 por la Corte Suprema, Maza pidió pista en la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, en abril de este año, el tribunal de justicia transicional indicó que los casos que se remitan a esa jurisdicción por parte de no combatientes en los que ya exista una condena de la Corte, no son competencia de la justicia especial.