Los Ambuila, en libertad pero con un nuevo proceso en su contra

Luego de que un juez les concediera la libertad por vencimientos de términos, la Agencia del Inspector General de Tributos, Renta y Contribuciones Parafiscales (ITRC) le abrió un proceso a la cabeza de la familia, Ómar Ambuila, por incremento patrimonial no justificado.

Redacción Judicial
15 de mayo de 2020 - 05:00 p. m.
Omar Ambuila ya prensentó los documentos que justificarían un incremento patrimonial de 600 millones de pesos.  / Captura Video Fiscalía
Omar Ambuila ya prensentó los documentos que justificarían un incremento patrimonial de 600 millones de pesos. / Captura Video Fiscalía

El jueves en la noche el juez 5 penal de Circuito de Cali revocó la medida de aseguramiento contra Jenny Ambuila y sus padres, Omar Ambuila y Elva Chará Gómez, por vencimiento de términos. La familia fue capturada en abril del año 2019 luego de que se evidenciara que Omar Ambuila, en ese entonces jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en el puerto de Buenaventura, estaba inmerso en una red de corrupción para la entrada de contrabando. 

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Sin embargo, a pesar de quedar en libertad, el proceso penal contra la familia continúa y, a su vez, tendrán que responder ante otras autoridades. El pasado 11 de febrero, la Agencia del Inspector General de Tributos, Renta y Contribuciones Parafiscales (ITRC), encargada de la vigilancia y control de los funcionarios de la DIAN, investigó los movimientos financieros de Omar Ambuila. Ante la noticia de su liberación, esta autoridad informó que el hombre “fue objeto de pliego de cargos por parte de esta Agencia, al encontrarlo presunto responsable, de irregularidades de tipo disciplinario cometidas durante su permanencia en el cargo como jefe del Control de Carga de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”.

De acuerdo con Diana Richardson, Directora de la ITRC, “se encontró la presunta falta disciplinaria referente a incremento patrimonial injustificado”. Richardson agregó que dentro del expediente hay pruebas que “permiten inferir que el investigado pudo incrementar su patrimonio de forma injustificada por más de $600 millones”. Según las investigaciones, los ingresos de Ambuila aumentaron de manera injustificada entre 2013 y 2017. Sin embargo, el fallo de la Agencia podría no exigirle a los Ambuila regresar el dinero.

Richardson le dijo a El Espectador que de comprobarse que si hubo un enriquecimiento ilícito “la sanción disciplinaria está encaminada a proteger la función pública y en esa medida el fallo lo que dispondría es la destitución”. El fallo de la Agencia, además, inhabilitaría a Omar Ambuila para ejercer cargos públicos por el tiempo que considere primera instancia.

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Si bien el proceso administrativo que está llevando la Agencia es independiente al proceso penal que llevan los Ambuila, este abre un nuevo capítulo judicial para la familia. “Lo que se está mirando es que el incremento patrimonial injustificado no es solo en cabeza del señor Ambuila sino también de algunos de sus familiares”, añadió Richardson.

Este diario conoció que Omar Ambuila ya presentó los documentos que justifican el incremento en sus finanzas y se encuentran en verificación. Se espera que el fallo de la Agencia se conozca a finales de junio y reiteraron que la orden de libertad anunciada en el día de ayer no afecta o interfiere en el avance de las investigaciones. “Esto no quiere decir que la persona vaya a quedar libre de toda imputación y responsabilidad, si hubo una afectación al servicio público como al parecer la hubo, va a haber una sanción”, enfatizó Richardson.

Entidades del Estado le han estado siguiendo los pasos a los Ambuila desde hace 13 años. La primera investigación fue hecha por la DIAN en 2007. Al ser Ambuila funcionario en uno de los puertos más neurálgicos del país, la DIAN empezó un proceso disciplinario en su contra por dejar ingresar al país una mercancía que luego fue decomisada. En ese momento, el proceso no prosperó y fue solo hasta 2019 que la Fiscalía afirmó que el hombre hacía parte de una red de contrabando en Buenaventura.

Por Redacción Judicial

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