Corte Constitucional decidirá caso del oso Chucho

¿Los animales tienen derechos? Un complejo debate se trasladó a la Corte Constitucional

Animalistas, abogados y ambientalistas tienen posiciones encontradas frente a este asunto, tan importante en el siglo XXI. El origen de la discusión es el caso de un oso de anteojos llamado Chucho y el habeas corpus que pidieron para él, el cual resolverá pronto la Corte.

Chucho, el oso de anteojos que suscitó toda una discusión jurídica. / Zoológico de Barranquilla

¿Los animales tienen derechos? La respuesta a esta pregunta no es fácil, no es una sola y está en el centro de un arduo debate en la Corte Constitucional. Su Sala Plena estudia el caso de Chucho, un ejemplar de oso de anteojos que está en el zoológico de Barranquilla, ya que el abogado Luis Domingo Gómez solicitó su libertad mediante un recurso llamado habeas corpus , concebido y utilizado, hasta ahora, solo por y para seres humanos que se considera han sido detenidos injustamente. En 2017, la Corte Suprema de Justicia concedió la protección y envió a Chucho a su hábitat natural, en la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, en Manizales, pero luego una tutela reversó esa decisión. ¿Se puede usar este tipo de recursos para animales no humanos? (Lea aquí el fallo de la Corte)

Sobre el tema aún hay varias dudas sin resolver. Por ejemplo, si para proteger a los animales es necesario declararlos sujetos de derechos o si basta con medidas administrativas y de políticas públicas. Además, si los animales tienen derechos, ¿de qué derechos se trata? ¿Abarca eso a todos los animales o solo a algunas especies? ¿Qué implicaciones sociales y jurídicas implicaría otorgarles derechos (algunos derechos) a ciertos animales? ¿El debate deben darlo los jueces o el Congreso? Estas son tan solo algunas de las aristas que desde ya deja ver la discusión que llevará a cabo el alto tribunal, que realizó una audiencia pública el pasado 8 de agosto para escuchar a expertos en la materia.

La discusión tiene a la expectativa a sectores animalistas y ambientalistas, a la comunidad científica y a la opinión pública en general. El reto de la Corte Constitucional está en ponderar adecuadamente los intereses en juego, así como los del caso específico de Chucho, un ejemplar que nació en 1994 en Planadas (Tolima) y que desde los cuatro años estuvo en la reserva de Manizales, junto con su hermana Clarita. Mal alimentado con concentrado de perro, cuando su hermana falleció, experimentó depresión e intentó fugarse del lugar en varias ocasiones. Los expertos decidieron que el zoológico de Barranquilla era el mejor lugar para él.

En la audiencia pública se reveló el último dictamen oficial sobre Chucho, que señala que está en buenas condiciones de salud, normales para un oso viejo, y que tiene unos años más de vida estimados. Condenado a vivir en cautiverio, Chucho ya no tendría la posibilidad de ser devuelto al hábitat natural y sobrevivir, según dijo Orlando Feliciano, experto en el cuidado del oso andino. Ahora se trata, en su criterio, de garantizarle cuidados adecuados para que lleve una vida sin sufrimiento. Estos detalles son claves, porque si en algo coinciden los expertos es que el debate debe darse sobre argumentos científicos y no solo jurídicos.

Entonces, ¿tienen derechos los animales? El director de The Nonhuman Rights Project, Steve Wise, hace una precisión. Como entre los animales se incluyen hasta las cucarachas, definir si alguna especie en particular debe tener algún tipo de derecho depende de los criterios científicos sobre las habilidades de cada una. “La respuesta a qué derechos debe tener cualquier especie debe estar en armonía con principios legales como la libertad, la igualdad y la equidad, los hallazgos científicos modernos, el cambio de la moral pública y una política pública sólida”, le dijo Wise a El Espectador.

En este tema, no obstante, hay posiciones encontradas. Por un lado, representantes animalistas apuntan a un deber moral y ético que debe tener en cuenta la capacidad de sentir de los animales y de llevar una vida digna, acorde a cada especie. Así lo ha expuesto, por ejemplo, la abogada Andrea Padilla, vocera en Colombia de Anima Naturalis Internacional, quien en la audiencia en la Corte enfatizó que los animales no humanos también tienen capacidad de autoconciencia, conductas morales y capacidades cognitivas. En su postura, otorgarles derechos no implica entregarles deberes ni afecta los derechos de los seres humanos. El criterio para tener en cuenta se llama “sintiencia”: la capacidad de sentir, sufrir, tener emociones y experiencias.

“El conservacionismo ha sido muy importante en la protección ambiental, pero es claro que, al ser su interés la protección de los ecosistemas y la preservación de especies, los animales como individuos no son su principal valoración (…) De allí que privar de su libertad a individuos sintientes como un medio para preservar su especie sea, cuando menos, objeto de análisis de la justicia”, señaló Padilla. En contraste, un experto ambientalista consultado por este diario, quien prefirió omitir su identidad dado lo apasionado del debate, aseguró que darles derechos a los animales podría causar el efecto de prohibir la conservación ex situ, que se hace con los que no están en su ambiente natural.

“¿Qué va a pasar con la reproducción del cóndor andino? Muchos de los cóndores que hoy vuelan en Colombia fueron criados en programas de reproducción asistida en San Diego (EE.UU.). Hay especies, incluido el propio oso andino, que pueden llegar a necesitar —si se siguen deteriorando las poblaciones— la reproducción ex situ”, señaló. En su criterio, el mundo natural implica que el animal sufra, por no poder cazar, por sed, por depredación. Así, el debate debería estar encaminado a determinar qué formas de sufrimiento animal, ligadas al uso sostenible de la biodiversidad, son aceptables.

::“Hay animalistas mal informados”::

“¿Vamos a prohibir el consumo de proteína animal? Si el punto de partida es que todo animal tiene dignidad y es sujeto de derechos, pues entonces ya no se puede usar la biodiversidad animal”, agrega el experto, para quien no hay razón de incluir en la discusión afanes ni fervores, pero sí los aportes de la conservación, los proyectos productivos que se puedan hacer de manera sostenible y los casos en que es necesario proteger a un ejemplar cuando se trate del último de su especie. En esta ocasión específica sí podría caber, en su opinión, una medida como otorgarle derechos.

Pero también hay quienes consideran que los animales sí tienen derechos que se derivan, por ejemplo, de reconocer a una especie como vulnerable o en vía de extinción. O quienes apoyan el reconocimiento de derechos de la naturaleza como medida para proteger ecosistemas. La saliente directora del Instituto Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste, estima que hablar de los derechos de los animales como individuos es una frontera insuperable. “No se puede considerar que los animales tengan estatuto de personas, eso es una aspiración que desconoce las cualidades de las distintas sociedades y de las condiciones culturales en las que se desenvuelven los organismos”, explicó a este diario.

“El maltrato a los animales nunca está justificado y representa la incapacidad humana de entender el dolor y la subjetividad de otros seres vivos. Pero ello no implica humanizar a los animales y otorgarles estatuto de personas. Por el contrario, eso está creando dilemas éticos muy delicados, cuando nos preocupamos más por las mascotas que por el bienestar de otras personas”, dijo Baptiste. El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, uno de los primeros en plantear este debate desde la Corte, cree que la naturaleza tiene derecho a ser respetada, a que, si se talan las selvas, haya resiembra, por citar un ejemplo. “Eso es lo que se pregona. No los derechos de los humanos, que son cosas distintas. Y eso tiene asidero en normas de la Constitución”, expresó.

::"Chucho", el oso de anteojos, es el nuevo presidente del Zoológico de Barranquilla::

Más escenarios

Las posibilidades son muchas. En Colombia, hasta ahora, los animales son considerados por la ley seres sintientes que deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial cuando es causado por los seres humanos. Para Javier Molina, abogado integrante del Grupo de Investigación de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, este debate es más que todo cultural y se quedaría en un asunto simbólico si no hay una verdadera intención política. En su criterio, no se trata de darles a los animales los mismos derechos que a los seres humanos, sino reconocerles una condición especial, una especie de metaderechos que puedan ser defendidos o reclamados por seres humanos.

Pero ¿cómo hacerlo? El proyecto de Steve Wise ha litigado en favor del “derecho fundamental a la libertad corporal” de chimpancés y elefantes a través del recurso de habeas corpus. En su criterio, se trata de analizar si los intereses más fundamentales de una especie deberían tenerse en cuenta. Y si eso es así, que sean designados como personas, ya que les da capacidad jurídica para tener derechos que protejan esos intereses y los diferencia de ser considerados cosas. “La Corte Constitucional debería decidir que Chucho es una persona con derechos legales, que posee el derecho a la libertad corporal y que debe ser transferido a un ambiente natural o a un santuario que esté lo más cerca posible a su hábitat natural”, dijo.

::Piden liberación inmediata de "Remedios", una osita de anteojos::

Para el profesor Molina, tendría que hablarse de un enfoque de derechos diferenciado. En Suiza, explicó, existe una protección a animales vertebrados, mientras los invertebrados dependen de un concepto científico. Por eso, este debate en la Sala Plena de la Corte dependerá de las posibilidades que contemple, que son varias. Como declarar improcedente la tutela advirtiendo que el habeas corpus no se usa para humanos, crear figuras nuevas de guardianes de los animales o incluso exhortar al Congreso a crear una figura jurídica para poder garantizar la protección a especies vulnerables, que sea diferente al habeas corpus, la tutela o las acciones populares existentes, tal y como lo propuso el profesor de la Universidad de la Sabana Iván Garzón, férreo opositor a que se confieran derechos a los animales.

Otro escenario es que solo el oso Chucho sea reconocido como sujeto de derechos y ordenar su libertad, o no hacerlo por considerar —como advirtieron los expertos en el manejo del oso andino— que no está en malas condiciones. De fondo, la discusión trae más interrogantes, como si la mejor forma de proteger a los animales es el derecho o la política pública. Buena parte de los expertos consultados por este diario y algunos de los partícipes de la audiencia del alto tribunal apuntaron a que la justicia debe involucrarse en el sentido de que una declaratoria de derechos, aunque simbólica, implicaría un mensaje político que no podrá ser ignorado por las autoridades.

Para la experta Anne Peters, directora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, los derechos abren la puerta a que sean reclamados. Para Andrea Padilla, por ejemplo, han sido los límites normativos los que han llevado a que los ciudadanos acudan a la justicia a pedir la protección de los animales. Pero ¿qué límites imponer? Un tema que planteó la directora de la maestría en derecho de la Universidad Icesi, Natalia Rodríguez, es que no se entregue a cualquier ciudadano la posibilidad de actuar en nombre de cualquier animal vía tutela.

“Hago un llamado a la cautela (…) Estoy de acuerdo con que haya un ente que proteja a los animales, puede ser el Ministerio, las CAR o incluso una ONG, pero no abrir la puerta a que se proteja el derecho de cualquier animal (…) Hay que hacer una especie de escalafón de protección. No todos los animales tienen las mismas consideraciones jurídicas. Es el Congreso el que está llamado a legislar”, señaló Rodríguez. La definición de estas múltiples variables está en la mesa de la Corte Constitucional.

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Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla

Judicial

¿Los animales tienen derechos? Un complejo debate se trasladó a la Corte Constitucional

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