Los autopréstamos de Silvia Gette

Hoy imputarían cargos a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe por, supuestamente, haber usado recursos de esa entidad para millonarios gastos personales.

La cuestionada exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette. / Archivo - El Espectador

Por supuestamente haber usado los recursos de la Universidad Autónoma del Caribe para millonarios gastos personales, la Fiscalía le va a imputar cargos hoy a la exrectora de ese centro educativo Silvia Gette y, además, va a pedir la medida de aseguramiento.

A Gette -investigada, además, por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda y por supuestamente sobornar a un testigo, el exjefe paramilitar Édgar Ignacio Flórez, alias Don Antonio, para que declarara a su favor- se le acusa de haber aprobado, entre 2008 y 2012, mientras se desempeñaba como rectora préstamos hasta por $2.400 millones, cuyo beneficiario no era otro que ella misma.

Al parecer, estos dineros fueron usados para millonarios gastos personales, entre ellos el pago de su impuesto predial, de su cuota del club Caujaral de Barranquilla. E, incluso, para el pago de los honorarios de sus abogados, por un monto cercano a los $444 millones y para la compra, por $359 millones, de unas acciones del Hospital Universitario.

A lo que se suma que, de acuerdo con una denuncia conocida por El Espectador, las condiciones para el pago de los mencionados empréstitos fueron “absurdas y lesivas”, puesto que Gette se comprometió a pagar la deuda a través de cuotas mensuales de $3 millones y, al final, no se le iban a cobrar intereses.

“Lo que se buscaba en últimas era darles apariencia de legalidad a unos recursos que se obtuvieron de forma que nunca se iban a restituir, ni tampoco existía una seria intención de restituirlos basados en esas condiciones de pagos”, sostiene la denuncia conocida por este diario.

Y agrega que, teniendo en cuenta estas condiciones, “la señora requeriría pagar 711,89 cuotas mensuales para completar la suma adeudada, y para ello necesitaría 59,32 años. Y, en consecuencia, si se consideran esos 59,32 años con la expectativa de vida de la señora Silvia Gette, de seguro que no se podría cancelar antes de que falleciera”.

En el documento, de 9 páginas, el denunciante señala a Gette por presuntamente haber incurrido en el delito de hurto agravado, “porque estas operaciones nunca tuvieron objeto lícito, en cuanto se encontraban prohibidas por el mismo estatuto de la universidad; por consiguiente, debe entenderse que la señora Gette se apoderó de los recursos de la institución a través de préstamos ilegales, para pagar acreencias propias, aprovechándose del grado de confianza derivado de su calidad de rectora”.

“Hay que aclarar”, señala el texto, “que la universidad se entiende que es una asociación benéfica o de utilidad común, pues sus recursos no pueden ser distribuidos como utilidades, sino que deben ser reinvertidos en la comunidad”.

Motivos por los que, según el denunciante, Gette habría incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de confianza y hurto. El Espectador intentó comunicarse con su abogado, Álvaro Rolando Pérez, pero éste no contestó su celular.

Sin embargo, en octubre del año pasado, Pérez le dijo a este diario que todas las denuncias contra Gette serán desvirtuadas y que su caso ha sido dirigidamente mediático, que hay intereses oscuros para afectarla.

Y, en cuanto a estos cuestionados autopréstamos, dijo que todos los dineros y negocios que adelantó Gette fueron avalados por el Consejo Académico y quien debe responder penalmente si existe una irregularidad es el representante legal de la UAC y no la exrectora.

La audiencia de imputación de cargos programada para hoy promete agregarle un nuevo ingrediente a la novela de Silvia Gette, hoy detenida por las denuncias en su contra. Falta ver si agregan una nueva medida de aseguramiento a su nutrido expediente judicial.