Podrían aplicarles extinción de dominio

Los bienes de los Murillo Peláez

La Fiscalía indaga el origen de los bienes de Sebastián Murillo, supuesto jefe de la Oficina de Envigado. Nada aparece a su nombre antes de volverse la pareja de la modelo y presentadora Vaneza Peláez.

Sebastián Murillo y su exesposa, Vaneza Peláez. / Cortesía: El Colombiano

El apartamento donde Sebastián Murillo Echeverry fue arrestado la semana pasada, en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín, es un pent-house de 335 metros cuadrados ubicado en un condominio de nombre Orión, y tiene una tradición un tanto llamativa. El edificio se terminó de construir hacia 1997 y, desde 2002 hasta 2008, dos empresas fueron sus dueñas. En noviembre de ese último año lo compró una mujer llamada Adalgiza Cárdenas Gil, por $284 millones. En septiembre de 2009, ella se lo traspasó a un hombre llamado Alejandro Ruiz Ríos, por $300 millones, pero en un par de años, hasta la Fiscalía terminó involucrada. (Lea: Capturado exesposo de Vaneza Peláez)

En ese momento se abrió una indagación por “falsedad en documento y fraude procesal”. En 2012, un juzgado comprobó que el traspaso había sido irregular y el apartamento, de nuevo, quedó en manos de Cárdenas Gil, a quien en 2014 se lo embargaron. En 2015, Murillo y su entonces esposa, la modelo Vaneza Peláez, aparecieron en escena y compraron el inmueble. ¿Por cuánto? Por “$521,00”. Un valor así podría considerarse un error tipográfico, aunque el resto de cifras en el documento de libertad y tradición aparecen sin errores. Significaría además que el metro cuadrado quedó en $1,5 millones, muy por debajo de las tendencias del sector. La Fiscalía indaga. (Lea: “Lindolfo” pretendía expandir su accionar ilegal a Cartagena: Fiscalía)

Murillo Echeverry, de 32 años, fue capturado la semana pasada, señalado por la Fiscalía de ser un gran capo de la Oficina de Envigado. Conocido también como el esposo de la presentadora de Sábados Felices, Vaneza Peláez, Murillo al parecer hacía parte de la cúpula de la temida Oficina y ahora está siendo investigado formalmente por homicidio, concierto para delinquir y ocultamiento de pruebas, delitos que él rechaza. Cargos contra él por narcotráfico no hay todavía, pero en Estados Unidos el interés de extraditarlo es absoluto. Así se lo han dejado saber funcionarios de la DEA a las autoridades colombianas.

Mientras la audiencia de imputación de cargos contra Murillo continúa, y se define en un juzgado de Medellín si él permanecerá o no detenido a lo largo de la investigación, sus bienes son un capítulo paralelo en el que avanza la Fiscalía, organismo que quiere determinar si hay razones para aplicar extinción de dominio sobre las propiedades de la pareja. Es decir, si hay motivos para pensar que el patrimonio que la pareja construyó en los últimos años, de alguna forma, quedó manchado por las actividades ilegales que habría cometido Murillo.

El Espectador rastreó los inmuebles que, ante oficinas de registro público, Murillo y Peláez han puesto a su nombre; aunque se sabe que la Fiscalía rastrea además a otros integrantes de su núcleo familiar. Son, en total, diez propiedades –incluidos garajes– y, con excepción de un apartamento que la modelo compró en 2009, todas fueron adquiridas en conjunto o después de su matrimonio en febrero de 2012 en Santa Fe de Antioquia. En ese municipio, Murillo es dueño de una enorme y lujosa finca en la cual, según, investigadores de la Dijín, tenía hasta aves exóticas —como guacamayas— avaluadas cada una en más de $30 millones.

Además del pent-house en El Poblado, donde también se encontraban Peláez y las dos niñas de la expareja cuando miembros de la Dijín llegaron a detener a Murillo, el primer apartamento que compraron juntos fue en septiembre de 2010 –dos años antes de casarse–. Es una vivienda de 118 metros cuadrados, con una terraza pequeña, ubicada también en El Poblado. Pagaron por él $228 millones. En 2013, sin embargo, el Juzgado 11 Municipal de Medellín ordenó su embargo como medida cautelar específicamente dirigida a Murillo Echeverry. El demandante era la empresa Atex S.A.S., que se dedica a la confección de textiles.

El embargo se levantó el 12 de mayo de 2015. Dos semanas más tarde, el apartamento fue vendido a una mujer por “$247,00”. Antes de su unión con la modelo y presentadora, Murillo Echeverry nunca había tenido nada a su nombre. A nombre de la modelo paisa quedan tres apartamentos más. Uno de 51 metros cuadrados que compró en 2009 en el sector Loma de los Bernal, que es de clase económica media, por $61 millones. Uno en Sabaneta con la misma área del anterior, que le costó “$156,000,00 (sic)”. Y uno de 72 metros cuadrados en el municipio de Bello, adquirido en 2016.

Que Murillo resultara fichado por las autoridades como un posible jefe de la Oficina resultó un problema mayúsculo para él y su expareja. Ahora es investigado formalmente por el asesinato de un narcotraficante de vieja data: José Antonio Ocampo, alias Pelusa, quien trabajó con el cartel de Medellín —al cual también perteneció el padre del detenido, Rodrigo Murillo Pardo, hasta que fue ejecutado por orden de Pablo Escobar en 1986—. Con la caída de Murillo, la de su exesposa, al menos en cuanto a bienes y negocios se refiere, fue inevitable. Voceros de parte de Peláez dicen que la modelo está más que dispuesta a que esculquen su vida.

En la audiencia contra Murillo Echeverry, quien para las autoridades responde al alias de Lindolfo, han salido a relucir conversaciones y chats que lo comprometen seriamente tanto con la Oficina de Envigado, como con el asesinato de alias Pelusa, acribillado el 22 de abril del año pasado en la vía Las Palmas, en las afueras de Medellín. Incluso, señala la investigación, Murillo habría forjado estrechos nexos con miembros de la Policía. Su labor en la Oficina de Envigado, presuntamente, era encargarse de los cobros. Él, por su parte, se ha declarado inocente de todos los cargos de los que ha sido acusado.