Los cargos contra Fajardo

Al gobernador de Antioquia la Procuraduría lo investiga por la entrega de un título minero. Se rumora que este proceso tiene como trasfondo político la posibilidad de que Fajardo y Ordónez sean candidatos a la presidencia en 2018.

La Procuraduría le abrió pliego de cargos al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. /Reuters

El Espectador tuvo acceso al documento de 55 páginas en el que la Procuraduría le formuló pliego de cargos al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; la secretaria de Minas del departamento, Claudia Cecilia Cadavid, y la directora de Titulación Minera, Melissa Álvarez, por la entrega, en 2012, de un título minero —el 5967— a Manuel Antonio Mesa López, esposo de la entonces secretaria de Participación Ciudadana de Antioquia, Beatriz Elena White.

Mesa, al parecer, se encontraba inhabilitado para ser beneficiario de tal reconocimiento debido a su relación con la hoy exsecretaria. En el texto, conocido por este diario, la procuradora delegada para la Moralidad Pública, María Consuelo Cruz Mesa, señala que el mandatario local, al entregarle a Mesa la mencionada concesión minera para explotar durante 30 años un yacimiento de arenas y gravas naturales en Santa Rosa de Osos (Antioquia), pudo haber incurrido en una conducta grave.

Esto, “en tanto el desconocimiento de los principios de moralidad, economía y responsabilidad atribuido a Fajardo, y su participación en la celebración de un contrato estatal sin estudios previos jurídicos y con una persona al parecer incursa en causal de inhabilidad, se produjo por la inobservancia del deber de cuidado que le era exigible como responsable de la actividad contractual de la Gobernación de Antioquia y delegado para la celebración de contratos de concesión minera por la Agencia Nacional de Minería”.

El gobernador ha dicho que, al momento de suscribir el mencionado contrato, desconocía de los vínculos entre Mesa y White, y que tiene pruebas suficientes de que “actuó con transparencia y legalidad”, que era su deber firmar el mencionado contrato que estaba sin legalizar desde el mandato de su antecesor, Luis Alfredo Ramos, hoy detenido por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.

De hecho, en 2012, Fajardo le dijo al diario El Colombiano que Mesa “empezó el proceso de legalización de su mina en 2003, hizo todo lo que la ley le exigió, su contrato pasó los exámenes, terminó todos los trámites en 2011, en la administración anterior, y para cumplirle con su derecho adquirido, mi obligación era firmar el contrato. No tengo la menor duda de que hice lo correcto”.

Por su parte, la exsecretaria White, por medio de una carta revelada por la revista Semana, dijo que “la única persona responsable de este proceso soy yo, que estoy convencida absolutamente de que el mismo no comporta inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, debido precisamente a que era un trámite ya aprobado, una adjudicación concedida por el anterior gobierno, con más de nueve años de antigüedad y con el cumplimiento de todos los requisitos legales y ambientales”.

Al respecto, el Ministerio Público, en el mencionado pliego de cargos, sostuvo que a Fajardo no le era exigible “revisar todos y cada uno de los requisitos legales de las concesiones mineras dispuestas para su firma”. Pero que de los 20 contratos firmados el 26 de julio de 2012, el 5967 era el único que provenía de un trámite previo de legalización y que, en tal caso, sí le era exigible un cuidado especial o, por lo menos, “una verificación, al menos formal de requisitos, previa a la suscripción del contrato, en tanto, se reitera, en dicho contrato no actuaba como delegante ni como titular legal de la función de contratar, sino como delegado y responsable ante la Agencia Nacional de Minería”.

Pero para la PGN, Fajardo firmó el mencionado contrato —denunciado por los abogados Jaime Alberto Cárdenas Restrepo y Francisco Javier Galvis, exfiscal, excandidato a la Gobernación de Antioquia— “de una manera mecánica, como si se tratara de una concesión minera ordinaria o de cualquier contrato estatal”.

“No puede el gobernador de Antioquia eximirse de responsabilidad, alegando el desconocimiento del nexo matrimonial entre el concesionario y la secretaria de Participación Ciudadana, cuando no actuó con el cuidado que le era exigible en este caso de constatar que los encargados de verificar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades dejaran constancia de la revisión de dicha exigencia legal, circunstancia que no se advierte en la lista de chequeo ni en los estudios previos”.

Para el Ministerio Público, “las justificaciones alegadas por Fajardo, como la ausencia de conocimiento de la situación, y la existencia de comités y funcionarios que debían verificar la legalidad previa a la suscripción del contrato 5967, si bien atenúan su culpabilidad en los hechos, no lo eximen de responsabilidad, en tanto se pudo verificar que el gobernador de Antioquia no obró con el deber de cuidado que le era exigible, previo a la celebración de la mencionada concesión minera”.

Por ello formuló cargos contra el mandatario local, precisamente, en momentos en los que se calienta la pelea por ver quién va a reemplazar a Fajardo al frente de la Gobernación de Antioquia. El mandatario local ha dicho que va a responder, con prontitud, a todos los requerimientos de la justicia y que duda de que en su contra haya una persecución política por parte del procurador Alejandro Ordóñez, aupada, supuestamente, por la posibilidad de que Fajardo y Ordóñez sean candidatos presidenciales en 2018.

 

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