El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia el caso

Los Ciruelos pide más de $6.000 millones por no haber podido construir en el Tayrona

La empresa pide más de $6.000 millones por no haber podido construir un ecohotel en el Parque Natural Tayrona. Lo que está en riesgo es un ecosistema de bosque seco.

En los últimos años, dos proyectos de ecohoteles en el Parque Natural Tayrona se han reversado: el de Los Ciruelos y el de Six Senses. / Archivo El Espectador

Hace cinco años, la construcción de dos ambiciosos proyectos ecoturísticos en el Parque Nacional Tayrona (Santa Marta) fue motivo de tal polémica ambiental, política y mediática que ambas obras fueron suspendidas. Por un lado estaba el proyecto liderado por la multinacional Six Senses y, por el otro, la empresa Reserva Los Ciruelos. Ambas tuvieron que suspender la iniciativa de erigir los primeros ecohoteles de lujo en ese parque. Los Ciruelos, que pretendía montar 12 cabañas en bahía Concha y tenía el aval del Gobierno para hacerlo, no ha puesto un ladrillo. Hoy, el Estado enfrenta una disputa jurídica con esta compañía, que insiste en que, al no poder construir, se violaron varios de sus derechos.

Hace un año, la empresa colombiana presentó un último recurso jurídico de su estrategia legal. Se trata de una demanda de 176 páginas conocida por El Espectador contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Uaespnn). El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que estudia la nulidad que se pidió sobre las resoluciones que le impidieron a Los Ciruelos llevar a cabo su proyecto, por lo cual pretende una indemnización de más de $320 millones. Una cifra que se suma a los más de $6.000 millones que le pidió al Estado en una demanda de marzo de 2015 por reparación directa.

(En contexto: Los Ciruelos, una extraña tradición)

La raíz de esta pelea jurídica, que tiene tintes ambientales y políticos, comenzó el 3 de abril de 2009, cuando la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente (hoy esa tarea la tiene la ANLA) le dio permiso a Los Ciruelos de construir en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta 12 ecocabañas y dos muelles de acceso. Le dijo, en pocas palabras, que con esa construcción no había riesgo ambiental ni de lucha por el territorio, pues el Ministerio del Interior les había confirmado que en esa parte del parque no habitaban indígenas. La licencia se otorgó, además, con el visto bueno de la Uaespnn, que confirmó que el proyecto era viable.

La construcción comenzó a andar en 2011, pero las irregularidades no se hicieron esperar. Para noviembre de ese año, la ANLA y la Uaespnn hicieron una visita de seguimiento y se dieron cuenta de que se estaba sacando agua para la obra de un lugar no permitido. El 9 de ese mes se suspendió la construcción por primera vez. Para marzo de 2012, la compañía Los Ciruelos había reparado el error y ya estaba lista para seguir trabajando con los parámetros que la ANLA le había exigido en la licencia, y el 27 de diciembre de 2012, la agencia ordenó el fin de la suspensión.

El proyecto volvió a coger rumbo, pero el problema ambiental ya tomaba fuerza en la Uaespnn, la ANLA y el Gobierno. Para julio de 2012, las autoridades conocieron un concepto técnico que presentó la Unidad de Parque Nacionales. En el documento, basado en una investigación del Instituto Humboldt y la Universidad Icesi de Cali, se advertía que se debían revisar nuevamente las obra aprobadas, pues en el lugar había un bosque seco que requería protección especial. Explicaron que hasta entonces no se sabía de ese ecosistema y que, de seguir con el ecohotel, se generaría un daño irreversible y el bosque se vería afectado irremediablemente.

La empresa trató de defenderse. En la demanda, los abogados de Los Ciruelos detallan que le pidieron a la ANLA de todas las maneras posibles que les diera el concepto técnico para entender por qué se echaba para atrás una licencia obtenida sin reproche. Presentaron incluso una tutela, asegurando que se les violaba su derecho al debido proceso, y el 15 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pidió a la ANLA toda la información. Para la fecha en que se presentó la tutela y los ambientalistas habían puesto el ojo en el Tayrona, esta historia ya estaba acercándose al clímax.

La declaración de Santos

Al comienzo de 2013, el presidente Juan Manuel Santos expresó su desaprobación del proyecto Los Ciruelos. En su cuenta personal de Twitter, el mandatario escribió que el bosque seco no se podía afectar, y en el programa Hora 20 de Caracol Radio explicó que la licencia autorizada a la empresa en 2009 se había otorgado cuando no había suficiente información para determinar que, en efecto, en el Tayrona había un bosque seco y que, por consiguiente, no podía desarrollarse un proyecto que pudiera afectarlo. A la posición del presidente Santos se sumaron las intervenciones de la directora de la Uaespnn, Julia Miranda, y el entonces ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe.

Poco tiempo después de las declaraciones del presidente se supo de la existencia de una carta, con fecha del 26 de noviembre de 2011, en la que políticos, exministros de Ambiente y ambientalistas le advertían al mandatario que la construcción de hoteles en el Parque Tayrona era una amenaza contra el ecosistema y un atentado contra las políticas de conservación. Precisamente, por esa misma época, el país no dejaba de hablar del otro proyecto, el de Six Senses, que también tenía la intención de construir un ecohotel de siete estrellas en ese lugar. Este, a diferencia de Los Ciruelos, no alcanzó a tener una licencia ambiental para construir.

“Días después, y ante la presión mediática provocada por los pronunciamientos del presidente, la ANLA expidió la resolución 0024 del 17 de enero de 2013, por medio de la cual impuso a la sociedad Reserva Los Ciruelos, en aplicación del principio de precaución, una medida preventiva de suspensión de obras y actividades el proyecto ecoturístico”, dice la demanda. La decisión, se lee en el documento, se mantendría hasta que se realizara un análisis para determinar cuál sería la afectación real de la construcción del ecohotel en bahía Concha. Con ese propósito en mente, la Agencia convocó a una visita de campo. En ella, sostiene Los Ciruelos, participaron más entidades de las permitidas. La conclusión de las autoridades fue que, efectivamente, el proyecto afectaría al Parque Nacional Tayrona.

Los Ciruelos, nuevamente, le pidió a la ANLA que le diera los conceptos técnicos bajo los cuales se había suspendido su obra. Los demandantes dicen que la respuesta llegó tarde y que no les dio tiempo de planear una defensa correcta. Sin embargo, la empresa ya le había pedido al ingeniero Juan Carlos Villalba que presentara un concepto en el que explicara por qué se estaba cometiendo esa “ilegalidad”. El experto contratado por Los Ciruelos dijo que era mentira que no se supiera de antemano que en la zona del proyecto había un bosque seco, pues, precisamente en la licencia de 2009, las autoridades describieron el lugar con ese nombre.

La voz de los indígenas

En medio de la suspensión de la obra y la insistencia de Los Ciruelos de saber qué estaba pasando en la ANLA, al Tribunal Superior de Magdalena llegó una tutela de la fundación Misión País. En el recurso se pedía amparo al derecho a la consulta previa, a la diversidad étnica, cultural, social y religiosa, a la autonomía y al debido proceso de los pueblos indígenas kogui, sánha, kankuama e ika. Explicaron en el documento que nadie les había preguntado su opinión sobre la construcción de un hotel en su territorio. El tribunal protegió a las comunidades en una sentencia del 11 de febrero de 2013 y dijo que, hasta que se realizara esa consulta, la obra debía permanecer suspendida.

El fallo fue impugnado. Un año después, el 20 de febrero de 2014, el Consejo de Estado volvió a proteger a los indígenas, ordenó la realización de la consulta previa, la cual, le confirmó el Ministerio del Interior a este diario, está suspendida desde marzo de 2014 porque Los Ciruelos no ha querido asumir los costos. El alto tribunal le dijo a la ANLA que determinara si el proyecto podía o no llevarse a cabo, con base en los informes del Instituto Humboldt y Parques Nacionales. Las dos entidades ratificaron que una construcción como la de Los Ciruelos representaba un serio peligro. Aun así, el 6 de julio de 2015, la agencia levantó la suspensión de la obra y, para hacerlo, modificó la licencia ambiental otorgada a la empresa en 2009.

Aunque con esa decisión Los Ciruelos podía, por fin, construir, las reglas habían cambiado a tal punto que, dice la demanda, el desarrollo de la obra se hizo imposible financiera y comercialmente. Para Los Ciruelos, ese cambio los obligaba a realizar nuevos estudios, aparte de los que ya habían hecho para obtener la licencia, y su reputación había quedado por el suelo debido a las declaraciones del Gobierno y la Uaespnn. Para la empresa, que la ANLA, el Instituto Humboldt y la Uaespnn desconocieran la licencia ambiental de 2009, a pesar de que en ese momento ya se sabía de la existencia de un bosque seco —sostiene—, resulta ser una clara amenaza a sus derechos y por eso ahora, tras ocho años de enredos, exige indemnización.

Un terreno cuestionado

De acuerdo con la demanda que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el empresario Julio Sánchez Sierra fue quien inició el trámite para conseguir una licencia ambiental para construir en el Parque Tayrona. Él y Mercedes Sánchez heredaron de su padre, Julio Sánchez Trujillo, un terreno de más de 1.500 hectáreas ubicado en bahía Concha. Aunque en las escrituras consta que Sánchez Trujillo era el dueño del predio desde 1975, existe una sentencia del Consejo de Estado de 1971 en la que se aclara que la extensión del predio es sólo de 400 hectáreas.

¿Por qué en cuatro años cambió la medida del terreno? No hay todavía respuesta a esa pregunta. Desde hace cuatro años, el Instituto Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia de Tierras se han dedicado a investigar la tradición de las más de 15.000 hectáreas del parque para determinar cuál es el porcentaje de la tierra que le pertenece a la Nación y cuál a los privados. Hasta ahora no hay una conclusión certera. Las últimas cifras que se conocieron indicaban que 7 % de los propietarios eran privados; 3 % de baldíos son del país; 6 % está en verificación por el Instituto Agustín Codazzi, y el 84 % son propiedades en discusión. Es decir, todavía no se sabe de quién es la mayoría del parque.

En su momento, la Superintendencia llamó la atención de otra posible irregularidad en el terreno. De acuerdo con las regulaciones de los parques nacionales, los propietarios de tierras dentro de esos lugares de especial protección no pueden vender sus propiedades. Aunque en la práctica la familia Sánchez Sierra no lo hizo, en junio de 2010 utilizaron la figura del arrendamiento para poner a producir su tierra. Fue así como se creó la Reserva Los Ciruelos y en ella recayó el dominio y el manejo de la propiedad para que se realizara un proyecto ecoturístico.

Para la compañía, todo su trabajo se ha hecho al pie a la ley: “La propiedad no tiene irregularidades. Los Ciruelos contrató varios estudios de suelos sobre el predio y todos indican que no existe ninguna irregularidad en el área donde se va a desarrollar el proyecto”.