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Una interpretación, al parecer errada, del Código de Tránsito le ha generado al presidente de la Federación de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, duras disputas con los gobiernos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y, ahora, una acusación por parte de la Fiscalía por hurto agravado y usurpación de funciones públicas.
Todo se remonta a 2002. Ese año se incluyó en el Código de Tránsito y Transporte un artículo que obliga a los municipios a girar a Fedemunicipios el 10% de lo que recaudaran por multas de tránsito y sanciones similares. Estos recursos serían usados para la implementación y administración del Sistema Integrado de Multas y Sanciones de Transito (Simit), que fue creado con el fin de controlar con una mayor eficacia a los conductores que hubieran sido multados.
De acuerdo con un informe de Fedemunicipios, en 10 años el Simit había ayudado a recaudar $332 mil millones y tenía en sus bases de datos cerca de 6 millones de personas sancionadas. Por ello, el Simit ha recibido, en promedio $11 mil millones al año desde 2002. Y, además, ha recibido $6.200 millones por pagos de multas.
No obstante, por esta labor la vida del Simit ha estado plagada de controversias que, incluso, llevaron a que ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se retiraran de Fedemunicipios. ¿La razón? Sentían que esa entidad estaba cobrando unos recursos que no le correspondían para administrar el Simit.
Para ellos, Fedemunicipios tenía derecho, apenas, al 10% de lo recaudado por multas que el Simit hubiese ayudado a cobrar y no por los comparendos y sanciones que los ciudadanos habían pagado voluntariamente. Los alcaldes de estas ciudades, en una carta enviada al Ministerio del Transporte, se quejaron de esta situación.
En la misiva explicaron que “cuando los ciudadanos pagan un comparendo, se allanan voluntariamente al cumplimiento de la norma de tránsito y proceden a cancelar el monto de su infracción. En esta hipótesis no hay gestión de la Federación que pueda hacerse merecedora de remuneración alguna, pues de lo contrario se estaría otorgando una donación a una empresa jurídica de derecho privado, pues no existe contraprestación alguna”. Hubo malestar también porque la Federación cobraba multas cuando, en criterio de los alcaldes, esto no podían hacerlo sino las tesorerías de cada municipio.
Con esta tesis, Bogotá se negó durante varios años a pagarle a Fedemunicipios cerca de $80 mil millones. Este mismo disenso puso al entonces secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, y a Toro a discutir fuertemente. El hoy director de la DIAN aseguró, incluso, que Toro les había “fallado a los municipios”. Fueron necesarias órdenes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para que Bogotá pagara. Pero la disputa no quedó allí y generó el retiro ya mencionado y, además, una denuncia penal contra Toro.
Exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda de Bogotá consultadas por El Espectador indicaron que Toro no sólo se habría apoderado de recursos que, al parecer, no le pertenecían, sino que habría suplantado a funcionarios de esa entidad para cobrar multas. Durante años, la interpretación de Fedemunicipios es que la ley le daba derecho no sólo al 10% de lo recaudado por multas sino, además, a cobrar las referidas sanciones.
La ley, además, no fue redactada con la suficiente claridad para saber cuál era el límite de Fedemunicipios, que se ha apropiado de cerca de $4.100 millones por los pagos de multas que los ciudadanos han hecho voluntariamente. Esa suma tiene hoy bajo la lupa de las autoridades a Toro.
El año pasado, después de que la Fiscalía le imputara cargos por el presunto hurto, Toro indicó que la Federación “lo único que ha estado haciendo es cumplir con la ley. Podemos aceptar que existan interpretaciones diferentes de la ley, pero que hayamos actuado de manera dolosa, jamás. Ni Gilberto Toro como persona natural, ni la Federación Colombiana de Municipios, representada por mí, han usurpado funciones públicas ni han hurtado el 10% que la ley destinó a la financiación del Simit”.
Toro está a la espera del inicio del juicio en su contra. Así se escribe un capítulo más de la historia de casi 17 años que acumula este antioqueño al frente de Fedemunicipios y que ha estado plagada de controversias, discusiones y a la que ahora se suma un proceso penal que tiene en vilo el futuro del dirigente.
@juansjimenezh