Los coletazos del caso Pizarro y el DAS

La decisión de vincular a exfuncionarios del DAS en el asesinato de Carlos Pizarro abre un capítulo para seguir investigando los posibles nexos de agentes del Estado con hechos de violencia perpetrados en los años 80 y 90.

Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990. / Archivo El Espectador

Por mucho tiempo, la versión oficial del asesinato del candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, fue que había sido un crimen perpetrado por los grupos paramilitares, al mando de Fidel y Carlos Castaño. Sin embargo, desde el mismo día del magnicidio -26 de abril de 1990- existían sospechas de que otros actores de la violencia colombiana habían intervenido en los hechos. Esta semana, la Fiscalía comenzó a ajustar las piezas sueltas del rompecabezas.

Un fiscal del grupo de priorización de casos ordenó la captura del exagente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz, y dispuso escuchar en indagatoria a los exfuncionarios de la misma entidad Flavio Trujillo Valenzuela y Manuel Antonio González Henríquez, así como al exparamilitar Elías Hernando Barco. Pero más allá de las decisiones del ente investigador, lo que se concluye es que, una vez más, se advierte la necesidad de examinar muchos episodios de violencia ocurridos en la segunda mitad de los años 80 para descubrir verdades.

En el caso Pizarro, estas verdades empiezan gracias a la insistencia de la hija del candidato presidencial, María José Pizarro, quien nunca se cansó de reunir evidencias hasta consolidar una documentada denuncia en 2009 que permitiera reabrir un capítulo judicial que parecía saldado. Desde ese año transcurrieron ocho más para la Fiscalía recaudando testimonios, y sumando reportes oficiales, hasta consolidar una providencia de 286 páginas que abre un camino nuevo para entender el ajedrez de la violencia de esos tiempos.

Desde la perspectiva testimonial, la decisión de la Fiscalía de investigar el proceder del exagente del DAS Gómez Muñoz en el momento del asesinato de Carlos Pizarro, entre múltiples declaraciones, está basada en cinco testigos. El relato que hace más de dos décadas dejó el exgerente del metro de Medellín, Diego Londoño White; las declaraciones del lugarteniente de la mafia Carlos Mario Alzate Urquijo, alias el Arete, quien hoy vive en España; Jhon Jairo Velasquez, alias Popeye, Diego Murillo o Don Berna y el citado Elías Salas.

Londoño White, antes de ser asesinado en la arremetida de Los Pepes en 1992, dejó claro cómo los Castaño tenían sus enlaces en el DAS para asegurar sus golpes. El Arete ratificó como el propio Carlos Castaño le comentó la forma como participó en los crímenes de Héctor Abad Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, José Antequera, Gabriel Jaime Santamaría y Carlos Pizarro. Alias Popeye agregó que el grupo que cooperaba con Carlos Castaño dentro del DAS lo lideraba el jefe de inteligencia y contrainteligencia, Alberto Romero.

En cuanto a Elías Salas Barco, un suboficial del Ejército que se convirtió en mano derecha de Carlos Castaño, testificó que con base en información que suministraba el DAS, se organizaron operativos para asesinar a Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, entre otros. Todo se planeó en la casa de Montecasino en El Poblado. En el asesinato de Pizarro el sicario fue entrenado para que después de disparar soltara el arma y levantara las manos. Lo que no sabía es que el enlace del DAS iba a matarlo.

Las declaraciones de Don Berna desde una cárcel en Estados Unidos complementan que gracias a sus nexos con organismos del Estado, “en Colombia y tal vez en el mundo no existió una persona con la inteligencia y la capacidad de planear un operativo urbano como Carlos Castaño”. Gracias a sus nexos con el DAS concretó el atentado que le costó la vida al dirigente de la Unión Patriótica en Antioquia Gabriel Jaime Santamaría en 1989 y personalmente ejecutó los homicidios de Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancur.

Al margen de los testimonios recaudados por la Fiscalía que le permitieron consolidar su investigación, el ente acusador recaudó abundante prueba testimonial que ratifica lo que la justicia no encontró por más de dos décadas. La coincidencia de un mismo agente del DAS en los esquemas de seguridad de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, la sospecha de actuaciones de agentes de la entidad en otros graves episodios de violencia o el detalle de lo que sucedió el 26 de abril de 1990, hasta el asesinato de Pizarro.

En lo que se refiere al exagente del DAS Jaime Gómez, la Fiscalía se concentró en desmontar sus argumentos de defensa. Gómez aseguró que llegó al esquema de seguridad de Pizarro porque tuvo problemas con el jefe de escoltas del candidato presidencial César Gaviria, y que después se enfermó porque lo enviaron a custodiar la casa del presidente Carlos Lleras y le tocó casi a la intemperie. La Fiscalía escuchó a muchos agentes del DAS de la época para desmentirlo y no encontró cómo probar que Gómez tuvo quebrantos de salud.

El exagente del DAS aseguró que su reacción después del ataque del sicario contra Carlos Pizarro obedeció a que podía estar cargando de nuevo su arma y debía neutralizarlo. La Fiscalía escuchó a todos los agentes del DAS y miembros del M-19 que protegían a Pizarro para concluir que la supuesta acción heroica resaltada por Gómez no tiene sustento y parece más una creación de su mente. El ente investigador considera que fue más una agresión proscrita en la legislación internacional, es decir, una ejecución extrajudicial confirmada.

Como en el caso Luis Carlos Galán, casi tres décadas después, la conducta de agentes y directivos del desaparecido DAS está en duda. La Fiscalía cree que el agente Gómez no actuó como una rueda suelta y que jerárquicamente tuvo superiores que influyeron en su conducta Todo está por aclararse. Ya nadie cree que el capo Pablo Escobar fue el responsable de muchos magnicidios de la época y se ratifica que los tentáculos de la Casa Castaño llegaron hasta la entraña misma de la seguridad del Estado. La justicia deberá decir hasta dónde.

El caso Héctor Abad y otros

En la mañana del martes  25 de agosto, cuando ingresaba a la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia en Medellín, desconocidos acribillaron al presidente de la institución Luis Felipe Vélez, promotor de la Jornada Nacional por el Derecho a la Vida, a raíz del asesinato del senador de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia, ocurrido 11 días antes. En la tarde de ese mismo día, cuando llegaban al acto de velación  en la Casa del Maestro, los sicarios volvieron y asesinaron a Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur. El primero, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia; y el segundo, dirigente político y alumno de Abad. Según declaraciones de Diego Murillo, alias Don Berna, los crímenes fueron ejecutados por Carlos Castaño en persona. 

El crimen de José Antequera

Hacia las 3:43 de la tarde del viernes 3 de marzo de 1989, cuando conversaban durante un encuentro ocasional en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, fueron baleados los dirigentes políticos Ernesto Samper  y José Antequera. El  candidato presidencial resultó gravemente herido pero pudo recuperarse después de una larga convalecencia y, en cambio, el dirigente de la Unión Patriótica murió en el atentado. El supuesto agresor resultó muerto en la balacera que se desató con los escoltas del DAS. Antequera se había salvado de un primer atentado el 23 de febrero de ese mismo año en Montería, gracias a que fue advertido de lo que iba a suceder. Según la justicia, componentes de su esquema de escoltas del DAS terminaron implicados en el asesinato.   

El caso Galán

A las 8:45 de la noche del viernes 18 de agosto de 1989, después de subir a una tarima en la plaza central del municipio de Soacha (Cundinamarca), fue asesinado el candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento. Cuatro días después, la Policía anunció que había detenido a los responsables, un grupo encabezado por Alberto Jubiz Hazbum. Con el curso de los años se supo que fue un montaje para desviar la verdad. En septiembre, fueron detenidos cuatro sujetos que sí habían participado en el crimen, pero después murieron de forma violenta y sospechosa. Dos décadas después, la justicia condenó al excongresista Alberto Santofimio por instigar el crimen, y recientemente al exdirector del DAS, general Miguel Maza Márquez, por debilitar la escolta para facilitar el maginicidio.

La Alpujarra

El viernes 27 de octubre de 1989, un sujeto ingresó al Centro Administrativo lLa Alpujarra en Medellín, sede de los gobiernos departamental y municipal, y en su propia oficina asesinó al segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia y miembro de la UP, Gabriel Jaime Santamaría Montoya. La escolta del DAS reaccionó y dio de baja al sicario. Santamaría había sobrevivido a dos atentados en 1987. Según Don Berna, ese crimen fue organizado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Y utilizaron a un joven dispuesto a hacerlo para solucionar un problema de vivienda que padecía su madre. El propio Carlos Castaño lo entrenó en el cuartel general de las autodefensas en Envigado, en una mansión llamada Montecasino, en el sector de El Poblado. Hoy se investiga la aparente complicidad del DAS en la acción y el asesinato del sicario.

El asesinato de Diana Cardona

El lunes 26 de febrero de 1990, un grupo de individuos portando insignias del DAS llegó al apartamento de la alcaldesa de Apartadó (Antioquia) en Medellín, Diana Cardona Saldarriaga, con el propósito de trasladarla hasta el aeropuerto Olaya Herrera. La funcionaria abordó confiada el vehículo, y minutos después quedó claro que había sido secuestrada. Hacia las 5:30 de la tarde, su cuerpo sin vida, con siete impactos de bala, fue encontrado en el mismo vehículo, a las afueras de Medellín. Diana Cardona, además de alcaldesa del municipio antioqueño, era activa líder de la UP, y por esos días orientaba la solución de vivienda para un grupo de familias que ocupaban una zona de invasión llamada Jaime Pardo Leal. Hoy la justicia investiga a exfuncionarios del DAS que se habrían prestado para hacer la suplantación de la escolta, en connivencia con la organización de los hermanos Castaño.  

El homicidio de Jaramillo Ossa

A las ocho de la mañana del jueves 22 de marzo de 1990, minutos después de ingresar al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, fue asesinado el candidato presidencial de la UP Bernardo Jaramillo Ossa. A pesar de la numerosa escolta que lo acompañaba, entre agentes del DAS, la Policía y miembros de su movimiento político, el joven sicario, de apenas 16 años, Andrés Arturo Gutiérrez Maya, logró dispararle con una ametralladora Mini-Ingram 380.  Momentos después, fue capturado por los agentes del DAS. Semanas más tarde, de manera incomprensible, al sicario se le permitió hacer una visita a Medellín y junto a su padre Fabio Gutiérrez, fueron encontrados muertos a tiros en el baúl de un carro. Hoy la justicia investiga la supuesta complicidad de funcionarios del DAS, tanto en el crimen de Jaramillo Ossa como en el doble asesinato del sicario y su padre.

El hijo de un vicealmirante

Carlos Pizarro Leongómez fue el tercer hijo de una familia integrada por el vicealmirante Juan Antonio Pizarro y su esposa Margoth. Estudió Derecho en la Universidad Javeriana, pero fue expulsado por organizar la única huelga que se haya realizado en este centro docente. Pasó brevemente por la Universidad Nacional, pero después se vinculó a la Juventud Comunista (JUCO).

En 1972 se vinculó a las Farc, pero un año después desertó de sus filas para iniciar un nuevo grupo insurgente: el movimiento 19 de abril (M-19). En 1979 fue capturado y pasó tres años en prisión. En 1984 fue uno de los firmantes de los procesos de paz en el gobierno de Belisario Betancur. En 1988 volvió a buscar la paz y el 8 de marzo de 1990 encabezó la entrega de armas.

Con sicario a bordo del HK1400

Hacia las diez de la mañana del jueves 26 de abril de 1990, ocho minutos después de que el avión HK1400 de Avianca decolara del aeropuerto El Dorado de Bogotá, un sicario de 20 años, identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe,   asesinó en pleno vuelo al candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez.

El asesino preguntó a una de las azafatas la ubicación del baño, y después de ingresar a él, salió con una ametralladora Ingram con la que asesinó al candidato presidencial. En medio del revuelo y a pesar de la rendición del sicario, el agente del DAS, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, disparó contra el asesino y le causó la muerte.

Inicialmente, se señaló del hecho a Pablo Escobar. Después la justicia se encaminó hacia la Casa Castaño. 15 años después del crimen, Carlos Castaño en el libro “Mi confesión” admitió su participación directa en el asesinato. La Fiscalía investiga la intervención de agentes del DAS en el homicidio del dirigente del M-19.