Los compromisos ilegales de Plinio Olano con Odebrecht, según la Corte Suprema

El Espectador revela los detalles del documento de 140 páginas con el que el alto tribunal llamó a juicio al excongresista por, presuntamente, prestar su cargo para los intereses criminales de la multinacional. Olano afirma que es inocente y que así lo probará en los estrados judiciales.

Plinio Olano fue senador de la República y director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.Tomada de Federación Nacional de Departamentos

La multinacional brasilera Odebrecht se valió de congresistas, políticos y funcionarios con el objetivo de hacerse de millonarios contratos. Lo hizo, según la Fiscalía, llegando a pagar hasta US$32 millones de dólares en sobornos para ganarse contratos de  obras como la Ruta del Sol 2 y la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, entre otras. Los avances de la justicia han permitido condenar al excongresista Bernardo Noño Elías a seis años de prisión por prestar sus servicios a la multinacional. Y ahora el exsenador Plinio Olano Becerra fue llamado a juicio.

La acusación la hizo la Sala de Instrucción 3 de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. ¿Las razones? Haber hecho parte del entramado criminal que Odebrecht desplegó en el país, con consciencia de la ilegalidad de sus actos, con intereses netamente económicos e, incluso, con presunta participación directa en estrategias ilegales para ocultar los dineros recibidos a cambio de sus gestiones, dice el alto tribunal.

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El escrito de acusación de 140 páginas, conocido por El Espectador, detalla uno a uno los “compromisos ilegales” que habría adquirido Olano, como uno más de los congresistas que habrían sido cooptados por la multinacional para varios trámites: el contrato principal de la Ruta del Sol II; el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama-Charalá-San Gil; la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Salitre de Bogotá; y el contrato de adición al proyecto de la Ruta del Sol (el sonado caso Ocaña-Gamarra).

La historia se remonta a 2009, cuando se adelantaba el proceso de licitación y adjudicación de la Ruta del Sol 2. Teniendo en cuenta el testimonio de Luiz Bueno, exdirector  de Odebrecht en Colombia, y del empresario Federico Gaviria, la Corte dice  que Olano fue uno de los “formadores de opinión” a los que recurrió la empresa para empezar a tentar el ambiente en favor de la multinacional. ¿Cómo? Haciendo críticas en un debate de control político el 25 de noviembre de 2009 que se había citado sobre el estado del transporte en Bucaramanga y en el que el tema se desvió, por acción de Olano, a la Ruta del Sol 2.

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La Sala tuvo en cuenta los testimonios del entonces director del INCO, Gabriel García Morales, condenado ya por su participación en el entramado; el de Juan Sebastián Correa, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); y el de Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI. “(Es) evidente el interés del parlamentario en ejercer presión sobre éste y el Ministro de Transporte (Andrés Uriel Gallego) de la época, todo ello con el fin de que no se adjudicara el proyecto Ruta del Sol 2 a empresa diferente de Odebrecht”, dice la acusación.

A esto se suma el testimonio de Ñoño Elías, quien explicó cómo en 2013, el exsenador Otto Bula lo reunió con el entonces presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. Allí, este último le contó a Elías que Olano “era parte de su equipo” y que le ayudaba supuestamente a “empujar temas”. Para la Sala, los testimonios de García y Elías tienen validez. “Odebrecht no se conformó con sobornar únicamente al encargado del proceso licitatorio del proyecto Ruta del Sol 2, sino que buscó presionar a dicho funcionario desde otros escenarios, como en debates convocados por el legislativo, todo ello con el fin de asegurarse que le fuera entregada la construcción del corredor vial mencionado”, dice el documento.

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Otro escenario que tuvo en cuenta la Corte en su decisión se remonta a 2010, cuando se estaba estructurando un subcontrato entre Odebrecht y Megavial para la construcción de un tramo de 10 kilómetros del proyecto Ruta del Sol 2. De acuerdo con el alto tribunal, Luiz Antonio Bueno habría pedido a Federico Gaviria que se incluyera un sobrecosto de $500.000.000 para pagar una coima o “reciprocidad” a Olano por su gestión en la adjudicación del proyecto Ruta del Sol 2. De acuerdo con la Corte, Olano no solo habría aceptado, sino que habría gestionado para que el pago se recibiera a través de la compañía FEME Ingeniería Ltda, de propiedad de Luis Fernando Mesa.

La jugada habría funcionado así: Megavial se asoció con FEME para conformar el consorcio “Ruta del Sol San Alberto”, con quien se firmó un contrato por un valor superior a los $10.000.000.000 y poder pagar la coima. La Sala tuvo en cuenta varios medios de prueba para desestimar los testimonios de Olano y Mesa y asegurar que el congresista sabía de la intención real de la participación de FEME en el consorcio. “No sólo fue Plinio Olano quien sugirió a Gaviria la empresa de su amigo Mesa para integrarla al consorcio, sino que, además, según Federico Gaviria, FEME Ingeniería fue incluida en el consorcio cuando ya la etapa precontractual se encontraba bastante avanzada”, dice la acusación.

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El pago, según Gaviria, se hizo a través de Mesa en dos fases. Primero, $200 millones a través de Mesa y $300 que fueron desembolsados después. ¿Cómo? Olano habría pactado una reunión con Juan Carlos Granados, quien para la época aspiraba a la Gobernación de Boyacá, y en la que se habría hablado de cómo se podría favorecer a Odebrecht en el proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil si resultaba elegido. Para ello, Bueno entregó en efectivo $200 millones a Olano, que este supuestamente aportaría a la campaña.  Y los $100 restantes se le entregaron a Olano, según Gaviria, a través de un tercero, el abogado Luis Enrique Rojas Osuna, quien supuestamente lo había representado en un proceso.

Siendo ya Granados gobernador de Boyacá, Odebrecht habría continuado su alianza con Olano para concretar el negocio y obtener el proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil, para lo cual la multinacional realizó estudios de prefactibilidad, prediseños, presupuesto y trazado del mencionado corredor vial. Luego, la misma empresa concluyó que el proyecto no era rentable y desistió de participar en esa licitación. Aun así, dijo la Corte, las reuniones sí existieron y Granados, para ello, designó a uno de sus funcionarios de confianza.

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Y la alianza con Olano siguió, dice la Corte, en el 2012 y 2013, con asesorías y gestiones en nombre de Odebrecht con funcionarios de la CAR y con el Gobernador Granados “con el fin de lograr la adjudicación del proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del Salitre de Bogotá”. Para ello habría pactado una reunión en el apartamento de Granados con Martorelli, Luiz Bueno Jr., el director de la CAR, Alfred Ballesteros, y Federico Gaviria.

“Como producto de la gestión de Plinio Olano, Odebrecht obtuvo la precalificación, por lo que posteriormente se pactó una comisión en caso de la adjudicación de la licitación, equivalente o cercano al 3% del valor del contrato, estimado en aproximadamente $200.000.000.000. Sin embargo, el proyecto no fue asignado a Odebrecht ya que para el año 2014, cuando se definió la adjudicación del proyecto, había salido a flote el escándalo en Brasil”, dice la Corte.

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Otro de “los compromisos ilegales adquiridos por el procesado Olano Becerra con Odebrecht” tiene que ver con el otrosí de la Ruta del Sol 2, para la realización del tramo vial Ocaña-Gamarra Otrosí No. 6, que se hizo sin licitación. Gaviria dijo que Olano, como viejo amigo del ministro de Transporte Miguel Peñaloza, intervino ante este a cambio de recibir un millón de dólares cada uno. Hecho que es reiterado por varios testimonios. 

“Los medios de prueba analizados, que demuestran el compromiso penal del sindicado en los hechos que le fueron atribuidos, merecen credibilidad en virtud de su coherencia, al igual que por ser consistentes entre sí”, precisó la Corte. Para la Sala, Olano “aunó esfuerzos con la estructura delictiva para intervenir activamente en las estrategias pensadas para ocultar el origen y destino de los dineros pagados por el concurso en tales actos de corrupción”.

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Aunque la investigación por el delito de lavado de activos contra Olano sigue abierta y no hace parte de este proceso, la Corte insiste que Olano “debía estar al tanto de que dicha empresa se valía de contratos simulados y/o sobrecostos para pagar los sobornos, pues direccionó el pago de una “reciprocidad”, suministrando el nombre de la empresa con quien se debía suscribir uno de los convenios e incluso tuvo control total en los últimos eslabones del proceso de ocultamiento del dinero”.

Para la Sala, además, no fueron episodios aislados, sino que el rol de Olano tenía vocación de continuar. “Además, el exparlamentario fue pieza clave en las aspiraciones ilegales de la multinacional, pues gracias a las amistades cosechadas en su carrera política y sobre todo como congresista, ejerció influencia sobre funcionarios públicos como gobernadores y Ministros”, precisó la Corte.

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Por su parte, Olano asegura que demostrará su inocencia de todos los delitos que se le acusa. En su defensa, el excongresista estima que solo uno de los 25 testigos que han declarado en su proceso lo incrimina directamente. “Hoy este señor, al que se le ha dado total credibilidad, aspira a tener un segundo principio de oportunidad para obtener nuevas rebajas de penas o absoluciones por los delitos que ya confesó haber cometido”, dijo.

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Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla

Judicial

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