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El 27 de noviembre de 2018 la Policía y el Ejército capturaron en San Luis de Palenque (Casanare) a Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal, Miguel Ángel Rincón, Carmen Iraida Salcedo, Josué Eliécer Rincón y María Teresa Rincón, junto a su vecino, Jerónimo Salcedo. Además de que los primeros siete son familia, tienen en común una cosa: haber liderado protestas en contra de la actividad petrolera que desarrolla la empresa estadounidense Frontera Energy —otrora Pacific Energy— en la región. Desde la captura, organizaciones en Colombia han denunciado que se trata de una persecución y solicitan intervención internacional.
La Fuerza Pública aseguró que se trataba de un grupo de delincuencia organizada (GDO) que se valía de la protesta social como una “fachada” para hostigar la labor de las empresas de hidrocarburos, como Frontera Energy. Los ocho ya fueron llamados a juicio y están privados de su libertad. Mientras el proceso avanza, este mismo lunes, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), que han acompañado el caso, llevaron el expediente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra (Suiza).
Las dos organizaciones denunciaron ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la oficina que preside Michelle Bachelet, que las personas capturadas en este caso están “privadas de su libertad únicamente por participar en organizaciones sociales, celebrar reuniones y promover movilizaciones pacíficas” en contra de la multinacional Frontera Energy. El documento, en poder de El Espectador, cuestiona, por ejemplo, que el principal testigo en el caso sea un funcionario de la empresa y que, además, a las entidades encargadas del proceso les entra dinero de esta y otras compañías de hidrocarburos.
El proceso penal
La indagación en la Fiscalía inició el 25 de enero de 2018, a raíz de una denuncia de los abogados de la empresa minera, que para ese entonces se llamaba Pacific Stratus Energy. Allí, la compañía relató que Ferney Salcedo al parecer lideró varias marchas e “instó a la comunidad” a bloquear las vías. El ente investigador puso a andar, desde entonces, las pesquisas e interceptó los teléfonos de Salcedo y sus personas cercanas. Diez meses después se dieron las capturas. La Fiscalía les imputó a los ocho los delitos de obstrucción de vía pública, concierto para delinquir y violencia contra servidor público.
(Vea: Denuncian supuestos aportes ilegales de Pacific a campañas presidenciales de 2014)
Según se lee en el escrito de acusación con el que llamaron a juicio a los ocho líderes, los Salcedo, los Leal y los Rincón conformaron una “corporación delictiva” desde 2012, supuestamente liderada por Ferney Salcedo. La Fiscalía sostiene en ese documento, en poder de este diario, que el presunto GDO se habría valido de su derecho a la protesta como una “fachada” para irse en contra de Frontera Energy con otros intereses económicos y habría utilizado “a la población en general para llevarlos a cometer actos de terror, violencia contra servidores públicos, lesiones a personas del común, daños en bien ajeno y la obstrucción de vías públicas”.
Al supuesto GDO le atribuyen, por ejemplo, daños que sufrió la infraestructura de la empresa. En la acusación se lee: “Unos sujetos encapuchados sobre caballos con armas artesanales utilizadas para el lanzamiento de piedras obstaculizaban vías de acceso al Bloque Cubiro —uno de los pozos de Frontera Energy, en zona rural de San Luis de Palenque—, y como resultado de estas manifestaciones no pacíficas hubo más de doce vehículos impactados por las piedras que les arrojaban los manifestantes, registrándose también grandes pérdidas materiales y económicas para la empresa por $22.600 millones, aproximadamente”.
Pero a Jesús Leal y a Ferney Salcedo les imputaron también porte ilegal de armas —por cartuchos que les incautaron al momento de la captura— y tentativa de homicidio porque supuestamente Salcedo ordenó el asesinato de un agente del Esmad. Según la Fiscalía, en el marco de una protesta el 26 de enero del año pasado, el agente John Jairo Duque fue amarrado a un caballo por jinetes encapuchados que lo arrastraron cerca de 300 metros, buscando matarlo, pero por la protección de su uniforme solo resultó herido. Para el ente investigador, esto lo hicieron personas que estarían al mando de Salcedo.
Las alertas
El encargado de la investigación penal fue el fiscal 135 contra el crimen organizado, Harles Max Cortés. El funcionario está adscrito a una Estructura de Apoyo (EDA), divisiones del ente investigador destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos que funcionan con dineros que empresas de este sector le dan a la Fiscalía General o al Ministerio de Defensa a través de convenios. Varias empresas de hidrocarburos con presencia en Colombia, como reveló el portal Rutas del Conflicto, suscriben estos millonarios convenios con el Estado. Y el caso de Frontera Energy no es distinto.
(Vea: El desacato del general Nicacio Martínez por no entregar información pública a periodistas)
El 19 de noviembre de 2018, nueve días antes de la captura de los líderes, la empresa petrolera firmó un convenio con el Ministerio de Defensa. En el documento, en poder de este diario, la cartera que encabeza Guillermo Botero compromete a las unidades militares colombianas a prestar “especial protección” a las áreas de interés de la Frontera Energy en los proyectos Corcel, Llanos 25, Arrendajo, Casimena, Cubiro —donde se presentaron las protestas que tienen en los estrados judiciales a los líderes—, Cravo Viejo y Cachicamo. A cambio de esta protección, la empresa tuvo que pagar $2.340 millones.
Al día siguiente de que se firmara el contrato, la Fiscalía escuchó a Julián René Gómez, funcionario de Frontera Energy, quien dijo en declaración juramentada: “Ferney Salcedo es quien organiza los paros para enfrentar a la Fuerza Pública y además realiza control sobre las vías”; a Jesús Leal lo señala como el segundo al mando y quien organiza y entrena a la gente; “Miguel Ángel Rincón y su esposa Carmen Iraida ejecutan los contratos, agitan masas y enfrentan a la fuerza pública; Teresa Rincón dice que su finca La Frontera sirve de punto de encuentro; Salcedo Betancourt hace control vial”.
Esta presunta estructura criminal develada por Gómez es la misma que la Fiscalía utiliza en el escrito de acusación y que, asegura, funciona como un GDO. Además, al día siguiente de su declaración, dos días después de firmado el convenio, el 22 de noviembre de 2018, inteligencia militar radicó un informe en el que alertaba de la existencia de una estructura delincuencial con fachada de protesta social, según relató el fiscal del caso en las audiencias que dieron inicio a la judicialización de los ocho líderes.
Además, a pesar de que a lo largo del proceso a los líderes se les ha tratado de grupo de delincuencia organizada, definición utilizada para colectivos como los Rastrojos o los Puntilleros, los ocho capturados que se harían llamar los “jinetes de caretas” no aparecen en otros registros de los organismos de seguridad. Por ejemplo, en un derecho de petición que la Fiscalía les respondió el 19 de diciembre de 2018 al CSPP y al Cospecc, cuando pidieron confirmar qué GDO hay en el país, no aparecen los “jinetes”. De hecho, de los 26 grupos que reciben esta categoría en Colombia ninguno opera en Casanare, donde habrían ocurrido los hechos.
Frontera le aseguró a El Espectador que además de los bloqueos que se dieron en el marco de las protestas y de los posibles daños patrimoniales, funcionarios de la empresa habrían recibido amenazas y habrían sido víctimas de agresiones personales. Sobre la calificación de los lideres como un GDO, la empresa aclaró que “ha dejado en manos de la Fiscalía y de los jueces la calificación de estas conductas y confía plenamente en que las decisiones que se han tomado y se seguirán tomando son en derecho”.
Para las organizaciones que denuncian que la judicialización de los ocho líderes sería una persecución, “las acciones de inteligencia y de orden penal ocurridas en el caso se usaron de manera arbitraria, toda vez que su objetivo era debilitar el proceso de movilización social y exigibilidad de derechos llevados a cabo en San Luis de Palenque”. Por todo esto, el CSPP y el Cospecc piden intervención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pues aseguran que la judicialización de estas ocho personas se da en un contexto de “aumento generalizado de los ataques contra líderes sociales” y sostienen que en Colombia hay una “demora injustificada” en el proceso.