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El escándalo del llamado “caso Fidupretelt” tiene, al parecer, con las horas contadas al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal general, le pidió la renuncia al cuestionado abogado cordobés. “Cuando las actuaciones de un magistrado se cuestionan seriamente, al punto que ponen en tela de juicio su transparencia y probidad, la Rama Judicial entera se ve impactada negativamente, entre otras razones porque se afecta su legitimidad”, señaló el comunicado. Así pues, con este anuncio, ya son dos los poderes públicos (el gobierno Santos y la Rama Judicial) los que le pidieron a Pretelt retirarse de su cargo a fin de no continuar arrastrando el herido prestigio de la Corte. Solo falta que el Congreso se pronuncie sobre la licencia de dos meses que pidió el magistrado para defenderse. Para muchos, este comunicado es el puntillazo para la salida de Pretelt.
No hay duda de que las últimas tres semanas han sido las más difíciles en la historia de la Corte Constitucional. Al escándalo por el supuesto pago de un soborno que recibió para beneficiar los intereses de Fidupetrol –que pretendía no pagar una multa de $22.500 millones que le había impuesto la Corte Suprema de Justicia por la pérdida de ese dinero de las regalías de Casanare–, se suma la nueva determinación de la Fiscalía de pedirle a la Comisión de Acusación del Congreso que investigue si Pretelt incurrió en tráfico de influencias al pedir que en la dirección del ente investigador en Córdoba se nombraran y ascendieran a personas cercanas a él. El escándalo estallo el viernes en la mañana después de un operativo relámpago de agentes del CTI de la Fiscalía que se ‘tomaron’ la sede del ente acusador en Montería.
Por esta nueva polémica el fiscal Eduardo Montealegre ya tomó las primeras decisiones: declaró insubsistente a la directora de Fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño Ganem –quien será investigada por estos hechos–. El reciente escándalo de la presunta injerencia de Pretelt en la seccional de Córdoba se destapó el 12 de marzo, cuando un funcionario de alto rango de la Fiscalía denunció, con documentos en mano, las irregularidades en la contratación del personal. Un episodio que publicó Noticias Uno este domingo.
El funcionario reveló que en abril de 2014, en medio de la reorganización de la entidad en Córdoba, se le asignó a la Subdirección Seccional el correo electrónico disfirmon@fiscalia.gov.co que anteriormente pertenecía a Dirección Seccional. El motivo era que a la nueva directora, Gilma Londoño, se le crearía un nuevo correo. Se acordó que mientras esto sucedía, ambas dependencias compartirían el buzón de mensajes.
Tiempo después, luego de haber solucionado los problemas técnicos, el 10 de julio de este año llegó a la Subdirección Seccional un requerimiento de la directora Londoño, quien solicitaba que le dieran una copia de la información almacenada en el correo disfirmon@fiscalia.gov.co. El argumento era que ahí había información almacenada que necesitaban para dar cumplimiento a varios requerimientos a nivel central. A los ocho días el ingeniero fue a efectuar la orden de Londoño y precisó que terminado el proceso borraría el historial que había desde mayo de 2014.
En ese momento se le negó al ingeniero realizar la copia y borrar el historial, porque la jefe de esa dependencia manifestó que no tenía una orden del nivel central y advirtió que los correos que tenían como destinatario a la Dirección Seccional se habían remitido de forma oportuna. En ese momento se hizo una revisión minuciosa de los mensajes recibidos y enviados desde la cuenta disfirmon@fiscalia.gov.co, identificando que el 21 de abril y el 20 de mayo de 2014 se habían enviado tres correos a las direcciones jorge.pretelt@gmail.com y gganem60@gmail.com –al parecer los usuarios eran el magistrado Pretelt y la fiscal Londoño–. El asunto de los mails era ‘Postulaciones’ y a su vez se adjuntaba un archivo llamado ‘Postulaciones2014’.
Según el denunciante, a pesar de que los contenidos de los correos fueron eliminados, se había logrado recuperar la información. Entre las pruebas que entregó a la Fiscalía están los mails y los archivos que corresponderían a la postulación para ascensos e ingreso de personal que había hecho Gilma Londoño Ganem al fiscal general. Se trataban de tres vacantes para asistentes de fiscal y dos para el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito de Montería.
De esta forma, la Fiscalía comenzó las pesquisas para establecer por qué información tan sensible del nivel central del ente investigador terminó siendo reenviada a correos que no eran institucionales y que, al parecer, eran utilizados por el magistrado Pretelt y la fiscal Londoño Ganem. Esta situación derivó en la compulsa de copias que hizo el pasado 12 de marzo el fiscal Montealegre a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En el documento se lee que es necesario indagar “las irregularidades que consistieron en el envío de nombres de personas a quienes se les realizaría nuevas incorporaciones o ascensos, lo cual fue realizado entre funcionarios directivos de la Dirección Seccional de Córdoba y el correo jorge.pretelt@gmail.com”.
Según indicó la Fiscalía, la entonces directora de Córdoba le envió el 15 de abril de 2014 una solicitud al fiscal general para que de forma urgente se ocuparan las vacantes. Días después se dio el presunto cruce de correos entre Londoño y Pretelt, en los que se definieron las personas que postularían. Para la Fiscalía existieron “maniobras indebidas para intervenir, manipular o borrar sin orden judicial y sin estar en el marco de una investigación penal los correos de la Dirección Seccional (...) es grave la circulación de información sensible entre funcionarios y particulares que no tienen competencia para tomar decisiones sobre la administración del personal de Fiscalía”.
Ya son dos procesos los que enredan al magistrado Pretelt. El escándalo sigue creciendo. No en vano al interior de la Corte Constitucional se desató una tormenta en la que piden su renuncia. Pero Pretelt solo accedió a pedir una licencia no remunerada de dos meses mientras avanzan las pesquisas. Esta semana en la Fiscalía se adelantarán los interrogatorios de Fernando Pretelt, hermano del magistrado; de Guillermo Escobar, representante legal de Fidupetrol, que irá el próximo jueves a la Fiscalía; y del exmagistrado Rodrigo Escobar, quien el próximo viernes tendrá que explicar su participación en los hechos. Al margen de estos avances judiciales, está claro que el oxígeno político se le acaba al magistrado Pretelt. La petición de renuncia de la Rama Judicial es el último portazo en su intención de quedarse. ¿Hasta cuándo aguantará?
La Corte y el ferry 'La Mita'
Desde que estalló el escándalo en la Corte Constitucional, varios de los magistrados y exmagistrados que se han visto salpicados han negado que conocieran o tuvieran relación alguna con el abogado Víctor Pacheco. Uno de los episodios que pone en entredicho estas versiones fue la organización del VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional que tuvo lugar en Barranquilla entre el 28 y 31 de agosto de 2012.
Según se escucha en la grabación que le hizo en su despacho el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva a Pacheco, el abogado aseguró que él fue quien ayudó con la gestión del evento, logrando que varias empresas privadas fueran patrocinadoras. Al inicio del audio, cuando Pacheco le pregunta a Vargas Silva si lo recordaba, el jurista hizo referencia al paseo por el río Magdalena –evento auspiciado por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla– que se realizó como clausura del encuentro.
A través de un comunicado de prensa, el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo –quien en esa época organizó el evento porque presidía la Corte– manifestó que se eligió como sede a Barranquilla porque “en varias ocasiones estos encuentros se han celebrado en el municipio de donde es oriundo el presidente”. Agregó que en estos eventos se requiere de la participación y auspicio de diversas entidades, y que el apoyo se logró gracias a la gestión del equipo organizador.
Mendoza Martelo puntualizó que estas gestiones se hicieron “mediante el contacto directo (vía telefónica, correo electrónico y reuniones presenciales) durante los meses previos al evento y, particularmente, mediante tres comisiones de servicios (22 de junio, 6 de julio y 22 al 27 de agosto)”. De esta forma, indicó que la Corte Constitucional no recibió ni manejó aportes económicos y que los costos fueron asumidos por los patrocinadores.
Entre las empresas a las que se les envió carta de invitación está el grupo Olímpica de la familia Char. Al presidente de esta sociedad, Antonio Char Chaljub, se le pidió financiar 4.800 refrigerios. Asimismo, Olímpica, junto con Colmena, asumió los gastos de un almuerzo que se realizó en el hotel Dann Carlton durante el evento. Cabe recordar que Víctor Pacheco ha sido un hombre cercano a la familia Char y en varias oportunidades ha oficiado como abogado del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Otras de las empresas que fueron invitadas y, al parecer, guardan una estrecha relación con Pacheco fueron Promigás, Gases del Caribe y la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. A todas ellas les enviaron el 30 de mayo de 2014 las invitaciones por correo electrónico. Mientras que Promigás organizó una cena para los magistrados (60 personas estaban invitadas) en el restaurante La Cueva, Gases del Caribe gestionó un evento más privado para la Corte Constitucional para la siguiente noche.
El caso de la Sociedad Portuaria de Barranquilla es el que más polémica ha generado. Pacheco dijo que él gestionó el paseo por el río Magdalena. Sin embargo, existen una serie de correos electrónicos que se intercambiaron la asesora del despacho de Mendoza con la secretaria general de la Sociedad Portuaria, Adriana Rosado, en los que se dejaría claro que la organización de la actividad se realizó entre las dos entidades. Uno de los mensajes más particulares fue el que envió Rosado un mes antes del evento, en el que anexó tres fotos del ferry 'La Mita' porque el magistrado Mendoza quería ver si le gustaba o no el planchón.
En el encuentro participaron el presidente Juan Manuel Santos y los entonces magistrados de la Corte. Sin contratiempos terminó el VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, que pasó de ser un evento académico a un hecho que dejó mal parado al alto tribunal, no solo por el paseo en 'La Mita', sino por las presuntas relaciones que tenían con Pacheco algunos magistrados tres años antes de que estallara el peor escándalo en la historia de la Corte Constitucional.