Los costos de los abortos mal practicados

Según estudio del instituto estadounidense Guttmacher, las barreras administrativas que imponen las entidades de salud a la hora de realizar una interrupción del embarazo, implican un sobrecosto para el Estado.

Guttmacher. / David Campuzano

Al menos 102.000 mujeres, de las que abortaron en Colombia durante 2012, necesitaron de un tratamiento médico adicional conocido como legrado (cirugía para eliminar tejido del útero). Esto, porque su aborto fue incompleto, es decir, que durante el procedimiento inicial les dejaron restos del feto en su interior. La atención de estas pacientes le costó al sistema de salud colombiano casi $84.000 millones. Estas son las principales conclusiones del estudio que en Colombia hizo el Instituto Guttmacher, organización internacional que durante 45 años ha trabajado en temas de salud sexual y reproductiva en el mundo.

Este informe recogió información de 30 instituciones de salud, 14 de tercer nivel, 11 de segundo y cinco privadas de primer nivel. Detrás de las cifras, los investigadores del instituto encontraron algo adicional: si bien es alta la cantidad de mujeres que deben atender en Colombia a causa de interrupciones del embarazo mal realizadas, los procedimientos posteriores lo son más e, incluso, tienen sobrecostos, si se tiene en cuenta que el legrado, que es el procedimiento que realizan en los hospitales de segundo y tercer nivel en el país, se podría reemplazar por otras prácticas médicas más económicas y seguras como el aborto por medicamento y la aspiración manual endouterina (AMEU).

Estos procedimientos médicos, según Juan Guillermo Londoño, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resultan menos invasivos, generan menos complicaciones y son más económicos. Sin embargo, en Colombia solo los practican las instituciones de primer nivel y clínicas ambulatorias. Según el informe, en ocho de cada 10 mujeres que son atendidas por abortos mal practicados las someten a un legrado, mientras que las instituciones de primer nivel, usaron los otros procedimientos. De acuerdo con los resultados del trabajo desarrollado por los investigadores del Instituto Guttmacher, la atención por paciente en instituciones de segundo y tercer nivel, cuesta $815.000, cifra en la que se incluyen gastos directos como personal y suministros médicos, y los indirectos, como hospitalización y gastos generales. Mientras que, si el tratamiento se realiza en una institución de primer nivel, cuesta aproximadamente $90.000.

La investigación del instituto Guttmacher se adelantó en cinco ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El estudio encontró que la atención de un aborto legal en una institución de tercer nivel puede costar $360.000; en una de segundo, $405.000, y en una de primer nivel, $90.000. Elena Prada, representante del instituto, explicó que esta variación de precios se da porque cuando se trata de aborto legal, las instituciones ponen trabas administrativas para acceder al servicio, mientras que un tratamiento postaborto, al tratarse de una urgencia médica, se atiende inmediatamente.

Juan Guillermo Londoño también reveló en un informe complementario al del instituto Guttmacher que de 1.411 mujeres atendidas en un año, el 94% llegaron con aborto incompleto, lo cual indica que un gran porcentaje de mujeres sigue buscando que les realicen estos procedimientos en instituciones por fuera del sistema de salud. Las razones para que esto ocurra son dos: las trabas que ponen las entidades del Estado o por ser un aborto ilegal. Según los datos del médico de la OMS, el misoprostol, que es un medicamente que está incluido en el POS y es barato. “Raramente se utiliza para la Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) y para la atención postaborto. En cambio, el legrado que es un método ‘obsoleto’ y es el que más se está usando en Colombia”. Agregó que si no existieran tantas trabas a la norma y se usaran los métodos más seguros y económicos, los costos relacionados con los abortos mal practicados en Colombia no serían los más altos de América Latina.

Contraria a la opinión de Londoño, está la de Martha Lucia Ospina, directora de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud. Según la funcionaria, el legrado no es un método obsoleto y explica que el tratamiento de las IVE se ha complejizado. Sin embargo, aclaró que el uso de métodos alternativos, que son moderno y novedosos en Colombia, sí se han tenido en cuenta. Agregó que sí es una falla que procedimientos que deberían realizarse en clínicas ambulatorias, se estén realizando en instituciones de segundo y tercer nivel, lo cual efectivamente aumenta los costos de los tratamientos.

Ana Cristina González, representante de la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistió en que a pesar de que en Colombia la Corte Constitucional despenalizó en 2006 la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres casos particulares (cuando la salud física o mental de la madre corra peligro, el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida y cuando la mujer haya sido víctima de una violación, inseminación artificial no consentida o incesto), el número de abortos legales atendidos en las instituciones del sistema de salud sigue siendo menor al número de tratamientos postaborto realizados.

Por ejemplo, según la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), desde 2006 se han reportado 1.632 interrupciones legales del embarazo (IVE), de las cuales 685 se realizaron entre 2011 y 2012. La cantidad de IVE de los últimos seis años no alcanzan a representar ni el 2% de la cantidad de mujeres atendidas el año pasado por abortos incompletos en el país. “Esto indica que las mujeres siguen acudiendo a centros clandestinos, por las barreras administrativas que les imponen”. Agregó que, incluso, después de siete años del fallo aún hay mujeres que pudiendo abortar de forma legal, continúan creyendo que es delito y no un derecho fundamental, como lo establece la sentencia C-355.

 

Sobre el “referendo por la vida”

Respecto a la recolección de firmas que adelantan grupos próvida y miembros del Congreso para revocar la decisión de la Corte y volver a penalizar el aborto en todos los casos, el representante de la OMS, Juan Guillermo Londoño, le dijo a este diario que eso es dar un paso atrás, ya que el aborto inseguro representa el 13% de las muertes maternas en los países en desarrollo y es la cuarta causa de muerte en Colombia. “Si la revocatoria se da, estaríamos parándonos encima de los derechos de las mujeres. El aborto seguro salva miles de vidas en el mundo y, según los centros para el control de enfermedades de Atlanta y Georgia (EE.UU.), es un triunfo a la salud pública” concluye Londoño.
 

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