Los crímenes que le cerraron la puerta a "Marquitos" Figueroa en la JEP

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El presunto líder de una red delincuencial que operó en la costa Caribe fracasó en su intento de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos son los crímenes por los que el supuesto capo está siendo investigado por la Fiscalía.

Hace poco más de un año, en octubre de 2018, Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como Marquitos Figueroa, presentó su solicitud para aterrizar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El presunto líder de una peligrosa organización delincuencial en La Guajira y otros departamentos de la costa Caribe pidió acogerse al tribunal transicional bajo el argumento que, a través de organizaciones criminales, participó en la violencia que se vivió en estos departamentos entre 1995 y 2014, y que, a con estos grupos, trabajó en asocio con las Farc y las AUC.

Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le cerró la puerta el pasado viernes 6 de diciembre. Con esta decisión, Figueroa no podrá someterse a esta justicia transicional, ni podrá recibir beneficios por contar la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado y reparar integralmente a las víctimas. La decisión del tribunal transicional se dio porque no se pudo acreditar que Marquitos Figueroa hubiera hecho parte de la Autodefensas o de las Farc. Asimismo, la Sala argumentó que no tiene competencia para juzgarlo por los procesos por los que está siendo investigado en la justicia ordinaria: homicidio agravado, tráfico de armas y concierto para delinquir.

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Figueroa fue capturado en 2014 en Brasil y solo dos años después fue enviado a Colombia para que respondiera por un dossier de crímenes en los que ha sido mencionado. Uno de ellos, el más reconocido, es el de la exalcaldesa de Barrancas (La Guajira) Yandra Brito, su esposo Henry Ustariz y el del escolta Wilfrido Fonseca. La pareja habría sido asesinada por hombres de la organización de Figueroa, bajo órdenes directas del exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez Cerchar, político que paga una pena de 50 años por este homicidio.

Este crimen fue ordenado por Kiko Gómez en retaliación al incumplimiento por parte de Brito de unos favores políticos a cambio del apoyo de Gómez en su aspiración a la alcaldía de Barrancas. Por esta razón, el exgobernador le habría pagado a Marquitos para asesinar a Ustariz, hecho en el que también murió el escolta Wilfredo Fonseca, el 2 de abril de 2008. Tras el crimen, Yandra Brito realizó las investigaciones y denuncias en contra de Gómez, por lo que este último le habría pedido a al presunto líder delincuencial que también asesinara a la exalcaldesa, crimen ocurrido el 28 de agosto de 2008.

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Figueroa también es procesado por los asesinatos de Dani Deluque, alias El Venezolano, y Juan Bautista Pérez, exfuncionario de la Sijín de La Guajira. Ambos crímenes cometidos el 13 de agosto de 2012. De igual manera, el presunto criminal afronta un juicio por el asesinato de Óscar Rodríguez, asesinado el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla. En este último crimen, el verdadero blanco era el padre de la víctima, Carlos Rodríguez, a quien le adeudaban una millonaria suma José Ñeñe Hernández; el exalcalde de Tenerife extraditado a EE. UU. por narcotráfico, Ómar Alejandro Vanegas; y un venezolano conocido como Peco. Estos tres habrían hecho una colecta para que hombres de Marquitos Figueroa mataran a Rodríguez padre.

Los casos mencionados anteriormente son los procesos más conocidos en contra de Marcos de Jesús Figueroa y que más avances tienen en la justicia hasta el momento. Sin embargo, de acuerdo a la Fiscalía, el presunto líder criminal tiene otro dossier de crímenes en los que ha sido mencionado por su posible participación. Uno de ellos, y por el que se pidió su extradición inicialmente, es el de los asesinatos Dílker Becerra e Iván Martínez Aroca, cometidos el 8 de agosto de 2011 frente a un local comercial de Riohacha, La Guajira.

De igual manera, según documentos a los que tuvo acceso El Espectador, para la Fiscalía, Marcos Figueroa habría participado en varios homicidios ordenados supuestamente por Francisco Kiko Gómez. En ese listado de crímenes está los asesinatos de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Alfaro, ocurridos el 7 de julio del 2000 en la finca "El Palacio de los Reyes Locos”, en Fonseca, La Guajira. En este crimen, Gómez habría ayudado con armas, vehículo y equipos de comunicación.

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Otro crimen por el que la Fiscalía investiga a Figueroa y supuestamente fue ordenado por el exgobernador Gómez es el de Luis Gregorio López. El concejal y aspirante a la alcaldía de Barrancas fue asesinado el 22 de febrero de 1997. También, bajo pedido de Gómez, Marquitos también habría asesinado a José María Benjumea Amaya (Chema Benjumea), Idwin José Benjumea y Elías Alfredo Plata Mendoza, crimen llevado a cabo el 26 de agosto del 2000 en Maicao. Según la declaración de Erlin Enrique Cortes, escolta de Kiko Gómez, “a Chema lo mató Marquitos por orden del gobernador (Francisco Kiko Gómez)”.

La Fiscalía también menciona el nombre de Marquitos Figueroa y el de Kiko Gómez en el asesinato de cinco personas, incluida el indígena Cecilio Bolívar, en la vía que conduce hacia Hatonuevo, en La Guajira, en septiembre de 1997. Así como en las investigaciones por la muerte de Gabriel Alesama, empleado de una Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de La Guajira cuyo crimen fue cometido en 2010.

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Igualmente, Marquitos Figueroa es incluido en las investigaciones que lleva la Fiscalía por los homicidios María del Carmen Arias y Janier Alfonso Fonseca (crimen cometido el 8 de enero de 2003), José Rodríguez Arguelles (10 de junio de 2018) y el de un miembro de las Fuerzas Militares apodado como Veneno. En este último caso, el oficial sería un sargento del Ejército que habría participado en el traslado del armamento con el que se asesinó a Yandra Brito, según contó uno de los miembros del esquema de seguridad de Kiko Gómez.  

Los mencionados anteriormente son algunos de los múltiples procesos en los que Marcos de Jesús Figueroa ha sido señalado como autor o mencionado  por ser la cabeza “de un grupo de crimen organizado que viene operando desde hace décadas en la península de La Guajira, desde una fecha indeterminada de 1995”, según la Fiscalía. Solo unos cuantos han avanzado y tienen al presunto narcotraficante ante los estrados judiciales, otros están quietos sin mayores avances desde la llegada de Figueroa al país en 2016. Fueron por estos mismos crímenes presuntamente cometidos por Figueroa que la JEP no encontró mérito para acogerlo bajo su jurisdicción  

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