Los daños por la actividad militar

Condenada la Nación por el accidente de un soldado que perdió la vista en cumplimiento de sus funciones.

Lo que inicialmente puede presumirse como una actividad inofensiva terminó en tragedia para el soldado Alexánder Ortega Ardila, que en la tarde del 12 de febrero de 1996 perdió la visión en uno de sus ojos cuando brillaba la chapa de su uniforme de dotación, con tan mala suerte que el líquido denominado “brillametal” que se emplea para esa labor alcanzó por accidente su ojo izquierdo, causándole la pérdida de la visión con incapacidad laboral calificada en un 60,5% por la junta médica militar.

Por este accidente, acaecido al interior del Batallón de Infantería Nº 40 “Luciano D’Elhuyar”, con sede en San Vicente de Chucurí (Santander), el Consejo de Estado declaró administrativamente responsables al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, debido a que el hecho ocurrió en cumplimiento de funciones relativas al mantenimiento de su uniforme militar.

En el fallo proferido el pasado 9 de mayo, el máximo organismo de lo contencioso administrativo concluyó que el Estado adquiere un deber positivo de protección de los varones a quienes se les impone la carga pública de prestar el servicio militar obligatorio, “la cual, a su vez, lo hace responsable de todos los posibles daños que la actividad militar pueda ocasionar en los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico a toda persona, salvo que se pruebe una causal eximente de responsabilidad. Así las cosas, el deber positivo de protección que corresponde al Estado, aspira a que en el ejercicio de las actividades peligrosas asignadas a los conscriptos se disminuyan al máximo los riesgos para sus bienes jurídicos tutelados, esto es, que las Fuerzas Militares actúen dentro de los límites de lo permitido y en ejercicio de sus deberes de sujeto defensor y custodio del soldado”.

En este caso, anotó el alto tribunal, “el daño antijurídico sí resulta imputable a la Nación bajo el título de daño especial, toda vez que el material probatorio devela que éste se produjo con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio (...).

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que en el presente asunto el daño encuentra sustento en el actuar de la Administración, de sometimiento al soldado conscripto a una carga mayor a la cual estaba obligado a soportar, cuando en cumplimiento de sus funciones relativas al mantenimiento de su uniforme militar sufrió el accidente en servicio”.