Los datos negativos en el pasado judicial

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al habeas data, la intimidad, buen nombre y al trabajo, de tres hombres que no podían vincularse al mundo laboral debido a los datos negativos que quedaron consignados en su pasado judicial.

Los certificados con antecedentes judiciales deben ser actualizados periódicamente por el ministerio de Defensa, labor que antes hacía el extinto DAS.
Los certificados con antecedentes judiciales deben ser actualizados periódicamente por el ministerio de Defensa, labor que antes hacía el extinto DAS.

Al analizar los casos, la Sala Quinta de Revisión de la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, reseñó varios apartes de la sentencia de unificación de jurisprudencia SU-458 de 2012, en la que los contenidos de algunos certificados judiciales, con la anotación “No es requerido por autoridad judicial”, permitía inferir a terceros que los titulares de la certificación habían sido objeto de una sanción penal, independientemente de si sus condenas ya habían sido cumplidas o extintas.

La Corte, al resolver estos casos, ha concluido que el conocimiento sobre los antecedentes penales ha fungido como fuente privilegiada de prácticas de exclusión y de discriminación prohibidas por la Constitución, entre otras razones, porque con la violación del derecho fundamental al habeas data se vulneran otras garantías, como el derecho al trabajo y al buen nombre, impidiéndoles a estas personas retomar su plan de vida en la legalidad después de saldar cuentas con la justicia.

Al estudiar el concepto de antecedentes penales, en la referida sentencia la Corte señala: (1) son considerados datos negativos; (2) poseen el carácter de información pública; (3) son producto de la imposición de una sanción, mas no una pena en sí misma; y (4) se originan en la obligación constitucional de crear un banco de datos en el que se constate la existencia de hechos delictivos atribuibles a una persona.

Sobre la importancia del habeas data, señala que este derecho surge como una necesidad de establecer un cuerpo normativo singular orientado a proteger las libertades individuales e igualmente como respuesta del constitucionalismo para enfrentar las amenazas a derechos fundamentales en que pueden incurrir las administradoras de las bases de datos, por el robustecimiento de su poder informático.

En la solución de los casos concretos dada en la sentencia SU-458, la Corte determinó que cuando la entidad encargada de administrar la base de datos de antecedentes penales expida un certificado (ya sea en físico o vía electrónica) con una leyenda de la cual se pueda inferir que una persona tiene antecedentes penales, pese a no tener cuentas pendientes con la justicia, se le está vulnerando su derecho al habeas data “por un lado, por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales contenida en bases de datos.

Y por el otro, por la renuencia de la entidad encargada de la administración de dicha base de datos a suprimir de forma relativa dicha información, a pesar de que mediaba una petición expresa de los demandantes para que terceros sin un interés previamente determinado tuviesen conocimiento de dicha información”.

En consecuencia, en tales oportunidades es viable que mediante acción de tutela se proteja el derecho al habeas data y por ende se ordene que se omita el empleo de cualquier fórmula en la leyenda de los antecedentes, de la cual pueda inferirse la existencia de antecedentes penales, cuando estas personas ya no son requeridas ni tienen cuentas pendientes con las autoridades.

 

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