Los declarantes del caso Uribe

Abogados, exparamilitares y dirigentes políticos: la lista de citados por la justicia da luces de hacia dónde apuntan sus pesquisas.

El Espectador

El revuelo causado por el anuncio de la Corte Suprema de Justicia de citar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal dejó ver que se trata de un capítulo judicial y político de insospechados efectos. Y al revisar la lista de las 31 personas que la justicia deberá escuchar en declaración o recaudar su testimonio, se refuerza esta perspectiva. Los nombres van desde políticos o abogados reconocidos hasta exjefes del paramilitarismo, pasando incluso por extraditados a Estados Unidos.

No obstante, una rápida clasificación de las personas incluidas en la lista deja ver hacia dónde pueden apuntar las pesquisas de la justicia, más allá de la decisión de si la investigación contra Uribe se queda en la Corte Suprema o pasa a la Fiscalía. La lista la encabeza Victoria Eugenia Jaramillo, una militante del Centro Democrático, funcionaria del Congreso hasta 2017 y asesora de imagen política, quien apareció en esta historia porque un amigo suyo, el abogado Ricardo Williamson Puyana, le comentó que sabía de un recluso que quería ser escuchado en el caso de Álvaro Uribe.

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Williamson resultó ser el abogado de Enrique Pardo Hasche, actualmente recluido en La Picota y compañero de prisión de Juan Guillermo Monsalve, uno de los dos exparamilitares que comprometen a Uribe y quien aportó su versión a la justicia por intermediación del congresista Iván Cepeda. Según Victoria Eugenia Jaramillo, cuando Williamson le comentó que Pardo le había hablado de las intenciones de Monsalve de cambiar su versión en el caso Uribe, ella buscó al expresidente y le contó lo sucedido.

Pardo es uno de los que tendrá que rendir su testimonio, junto con los abogados Jaime Lombana Villalba y María Mercedes Williamson, suegra del abogado Lombana, uno de los juristas que han defendido a Álvaro Uribe. Pardo, además, es actualmente procesado por secuestro y es el autor de una carta, escrita a puño y letra, en la que revela sus conversaciones con Monsalve y, según él, la forma en que éste se mueve para tener beneficios gracias a sus colaboraciones judiciales. Con ellos también deberán comparecer ante la justicia los abogados Héctor Romero y Diego Javier Cadena.

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El primero apodera a Monsalve y el segundo dice defender los derechos del expresidente Uribe. Ambos hablaron con Monsalve sobre el caso Uribe y la intermediación de Cepeda. La Corte cree que esclarecer lo que allí sucedió es parte del entramado para establecer si se intentó obstruir a la justicia. Lombana y sus acompañantes estiman que todo hizo parte de una trampa para configurar el nuevo proceso contra el exmandatario. Será la justicia quien dilucide quién dice la verdad.

Otro filón de la investigación judicial tiene que ver con la intervención del congresista del Huila Álvaro Hernán Prada, también llamado a indagatoria. Según él, terminó en el tema porque un ganadero de Garzón amigo suyo, Rodrigo Vidal Perdomo —también citado a declaración—, le comentó sobre la intención de Monsalve de retractarse de sus señalamientos a Uribe. Prada le informa lo sucedido al expresidente y en la intermediación aparece Hugo Tovar Marroquín, otro político del Huila, de la línea uribista, quien también deberá rendir su declaración ante la justicia.

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En la lista de los citados a declarar hay otro grupo cuyas actuaciones tienen elementos comunes. La abogada Mercedes Arroyave defiende a Pablo Hernán Sierra, el otro exparamilitar que señala a Uribe de vínculos con el paramilitarismo, y fue la persona que acompañó inicialmente a Iván Cepeda a hacer los acercamientos con su cliente. Además, Arroyave ha sido abogada de otros integrantes del bloque Metro de las Autodefensas que tramitan sus casos en Justicia y Paz. Junto a ella deberá dar su declaración el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón.

Este último actualmente está privado de la libertad, comprometido en un caso de concierto para delinquir y soborno, y en el pasado fue el abogado de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, estrechamente ligado a Pablo Hernán Sierra, a tal punto que con su aval fue designado como jefe del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas. Aunque Báez no está citado en este caso, y hasta ahora no ha aparecido, tiene un largo historial como testigo en disímiles casos, desde el magnicidio de Luis Carlos Galán o el caso del hacker Andrés Sepúlveda, hasta diversos episodios de paramilitarismo.

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Por supuesto, Pablo Hernán Sierra deberá rendir declaración, pero también Carlos Enrique Vélez Ramírez, conocido con el alias de Comandante Víctor, también integrante del Cacique Pipintá y condenado por una masacre de indígenas en el departamento de Caldas. Igualmente será escuchada por la justicia Eurídice Cortés, alias Diana, quien ofició como comisaria política de las autodefensas en Caldas, al lado de Ernesto Báez. Este círculo de testigos demuestra que la Corte tiene claro que en el entorno del paramilitarismo en Caldas puede haber respuestas al caso Uribe-Cepeda.

En la lista de 31 citados a dar declaración hay otros nombres más conocidos. Por ejemplo, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, quien por obvias razones conoció a fondo la parapolítica e incluso fue víctima de un montaje judicial conocido como el caso Tasmania. También fue citada Piedad Córdoba, la excongresista que aparece referida por el testigo Pablo Hernán Sierra como una de las personas a quien buscó inicialmente para pedirle seguridad a cambio de información judicial. Según él, Córdoba fue quien lo contactó con Iván Cepeda.

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Entre los citados hay tres jefes paramilitares: Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso, extraditado a Estados Unidos en 2008; Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, extraditado el pasado mes de abril, y José Gélvez Albarracín, alias el Canoso, excomandante del bloque Resistencia Tayrona, quien ha involucrado al expresidente Uribe y a su familia en hechos ilegales. En los tres casos es claro que lo que pretende la justicia es establecer, no sólo qué saben del pasado del paramilitarismo y Uribe, sino qué conocen de los últimos movimientos en el caso de Monsalve y Sierra.

La citación de Hernando Torres Barrera y la exfiscal Hilda Niño Farfán obedece al hecho referido en el auto de la Corte Suprema de Justicia según el cual el abogado Diego Cadena, atendiendo instrucciones de Uribe, contactó a la exfiscal en la cárcel de El Buen Pastor para que se comprometiera a declarar contra funcionarios de la Fiscalía por supuestos arreglos para hundir judicialmente a Santiago Uribe, hermano del expresidente. Supuestamente, la exfiscal pedía que la cambiaran de sitio de reclusión y Torres, amigo de su familia, al parecer hizo la gestión para llegar a ella.

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Con el jefe de seguridad del expresidente Uribe, coronel Gustavo Adolfo Rodríguez, y el ganadero Luis Alberto Villegas, muy cercano a Uribe, la lista de los citados a declarar la complementan otros personajes vinculados al mundo del paramilitarismo. Con la revisión de otros procesos y la verificación de visitas a sitios de reclusión de otros personajes, la Corte Suprema o la Fiscalía deberán decantar las verdades y mentiras que se cruzan en este capítulo que tiene encendidas las alarmas tanto en el entorno político como en las altas instancias de la justicia colombiana.

Nota de la editora: En la primera versión de esta nota se explicó que quien se reunió con Juan Guillermo Monsalve en el pabellón de los extraditables fue María Mercedes Williamson. La historia, en realidad, dice que la abogada fue a la cárcel pero a reunirse con Enrique Pardo y no con el testigo clave en el caso del senador Álvaro Uribe.

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Redacción Judicial

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