Los delitos ambientales de las Farc

El Consejo de Estado solicitó investigar a esta organización guerrillera en un fallo en el que condenó a la Nación por fallas que permitieron la masacre de Puerres (Nariño) en 1996.

El Consejo de Estado ya le había solicitado a la Fiscalía investigar a las Farc por violaciones a los derechos humanos. No obstante, en un fallo sin precedentes, ese alto tribunal le ordenó al ente investigador que inicie –o reabra– el proceso contra los miembros de ese grupo armado ilegal que participaron en la masacre de 31 uniformados perpetrada en Puerres (Nariño) en 1996 por los delitos ambientales perpetrados durante esta matanza, puntualmente, la voladura del Oleoducto Transandino.
Un llamado que adquiere relevancia –sobre todo– por las denuncias que ha hecho el Estado y la población civil por casos similares ocurridos en varios puntos de la geografía colombiana. De hecho el año pasado el Ejército denunció que tenía todas las pruebas “para denunciar al frente 48 de las Farc por delitos de lesa humanidad y por el terrorismo contra el medio ambiente que se viene presentando en el departamento del Putumayo”.

Y denunció que “estos guerrilleros están derramando el crudo que transportan las compañías petroleras de la zona en los humedales y cerca de las corrientes hídricas donde proceden a incinerarlo. Así mismo, están instalando minas antipersonales para evitar que este desastre ambiental sea controlado por las autoridades”.

De hecho, la Fiscalía indaga, actualmente, el daño ambiental causado por el frente 48 en julio de este año en inmediaciones de Puerto Asís (Putumayo), donde se derramaron casi 5 mil barriles de crudo que afectaron no sólo a la población sino, además, a una de las principales estrellas hidrográficas de Colombia.

Pero el Consejo de Estado no solo condenó los delitos ambientales perpetrados por las Farc en el sur de Colombia sino, además, las violaciones a los derechos humanos cometidas por este grupo armado ilegal. Por ello, exhortó al Estado para que acuda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “para que se pronuncie acerca de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que han sido perpetradas por el grupo armado insurgente Farc durante el conflicto armado interno”.

Así lo hizo en un fallo en el que, sin dejar de lado las violaciones cometidas por las Farc, condenó al Estado por la masacre de Puerres, pues, en su criterio, las Fuerzas Armadas incurrieron en varios errores que dejaron a estos 31 uniformados en manos de la sevicia de ese grupo armado ilegal. De hecho ese alto tribunal condenó a cuatro oficiales en retiro –el teniente coronel (r) Alberto Moreno Sánchez, el mayor (r) Juan Antonio Lalinde Gómez, el capitán (r) Ricardo Vásquez Ríos y el teniente (r) Darío Ernesto Coral Lucero– a pagar la condena impuesta contra el Estado.

Y, además, compulsó copias a la Procuraduría para que esta entidad reabra el proceso disciplinario contra estos cuatro uniformados por su negligencia a la hora de ocurridos esta matanza que hace parte de un largo etcétera de masacres perpetradas por las Farc en 1996, entre ellas, la cometida durante la toma a la Base de Las Delicias (Caquetá).

El Consejo de Estado, además, les ordenó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, a un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y exaltación de la memoria de dos de los uniformados muertos en esta matanza ocurrida el 16 de abril de 1996: Lindbergh Marínez Estupiñán y Francisco Benjamín Estacio Ruiz.

Ese alto tribunal decretó que en el mencionado acto público se exalte la dignidad humana de estos dos uniformados “como miembros del cuerpo armado y de la sociedad”. Y que, además, “se reivindique el papel de los jóvenes en la sociedad en conflicto y después del mismo; se resalte el papel que juega la familia en la posición de todos los soldados que como los fallecidos dan su vida diariamente por el mantenimiento de las libertades y la democracia; y, destacar el potencial laboral que todo soldado tiene durante, y con posterioridad a la realización de sus servicios para la Nación”.

Y dictaminó que en todas las unidades militares de Colombia se realicen capacitaciones “en materia de movimientos motorizados” para que hechos como los de Puerres no vuelvan a ocurrir, puntualmente, los errores que se cometieron a la hora de trasladar la tropa que permitieron la emboscada y posterior masacre perpetrada por las Farc.

El Consejo de Estado hizo, además, un importante pronunciamiento sobre la condición de víctimas de los militares afectados por el conflicto armado. Ese alto tribunal sostuvo que “el concepto de víctima descansa sobre la base de la universalidad lo que, por consiguiente, impone la proscripción de distinciones o discriminaciones odiosas por causa de sexo, raza, condición social, religiosa, política o por la posición social o funcional de una persona; de modo que vislumbra que cualquier sujeto de derecho puede ser considerado como una potencial víctima”, incluyendo a los militares.
Un pronunciamiento que, seguramente, repercutirá en los diálogos en La Habana (Cuba) debido a que, durante las conversaciones, las Farc se han negado a reconocer como víctimas a los uniformados afectados por el conflicto.