“Los derechos humanos no se plebiscitan”: Milton Romani

El uruguayo es considerado un referente mundial como gestor de las políticas que legalizaron el mercado de la marihuana en Uruguay.

Milton Romani dirigió la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. / Confedrogas

Milton Romani, un uruguayo que fue homenajeado en la VI Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas por sus más de 50 años como defensor de derechos humanos y por ser el precursor en la implementación de políticas públicas para controlar el consumo de drogas, habló con El Espectador sobre cómo Uruguay logró romper mitos y legalizar la comercialización y el uso del cannabis o marihuana. Según Romani, si bien se necesitan consensos colectivos para afrontar este tipo de problemáticas sociales, los derechos humanos no se pueden plebiscitar, porque no pueden estar sujetos a una elección que haga una mayoría accidental. Para él, lo que sucedió en Colombia hace una semana es un claro ejemplo.

Romani, psicólogo de profesión, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay en los gobiernos de Tabaré Vásquez y José Mujica, y exembajador de su país ante la OEA, sostiene que Colombia, Uruguay, México y Guatemala están liderando la transformación de la estrategia para afrontar el problema de las drogas, con el objetivo de obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado y en el tratamiento de consumidores.

¿Por qué Uruguay logró abrir el debate del consumo de drogas a la ciudadanía?

Hay algunas claves. En primer lugar, el gobierno del Frente Amplio Nacional —el primer gobierno de izquierda— se propuso realizar una política integral de drogas, en la que se abarcaran las diversas dimensiones. En materia de regulación reglamentamos la atención sanitaria a los usuarios de drogas. Existía desde el punto de vista pública, con comunidades terapéuticas, hechiceros y religiosos, pero no había regulación del Estado.

¿En qué consistió esa regulación?

Regulamos algo que había puesto a Uruguay en la década de los noventa en un caos financiero total. Se trataba de las sociedades anónimas de inversión, más populares ahora por los Panama Papers. A través de estas sociedades se lavaba mucho dinero del narcotráfico en Uruguay. Hubo operaciones importantes en el año 95. Por eso el foco se puso en la regulación de los mercados, porque si se dejaban libres de regulación, se nos hubieran venido varios huracanes.

¿Cómo se llega a la legalización del consumo de marihuana?

En Uruguay, además de una ley que se promulgó en el año 74, durante la dictadura, nunca se penalizó la tenencia de una dosis razonable para consumo personal de ningún tipo de drogas. Esta descriminalización que existió en Uruguay nunca le dio un dolor de cabeza por asuntos de consumo y crimen organizado. Eso creó las condiciones. Finalmente, Uruguay tiene una tradición política diferente a la región. El siglo pasado el país libró una lucha importante entre republicanismo e ideas conservadoras que permitió separar la Iglesia y el Estado, el voto femenino en 1916, legalizar la prostitución y el juego clandestino. Es decir, es una tradición liberal que hoy se expresa en la tenencia y el consumo personal de drogas, y que abrió la posibilidad de que se construyera una política integral y que regulara el acceso legal al cannabis.

La regulación del mercado abonó el camino a la legalización, pero ¿cómo se combatió el narcotráfico?

Cuando regulamos el mercado financiero, a la vez creamos la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría Antilavado y los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado. Desmontamos la posibilidad de que se instalaran varias organizaciones que veían en Uruguay un paraíso fiscal y un país relativamente tranquilo en el que no había sicarios. Eso lo impedimos. Uno de los objetivos de la regulación del cannabis es quitarle el negocio al narcotráfico. En definitiva, hay una pregunta que se puede hacer toda Latinoamérica: ¿vamos a permitir que el negocio de las drogas siga siendo prerrogativa de un mercado capitalista salvaje del narcotráfico y apenas regulado por las agencias de represión, o lo vamos a colocar bajo el control del Estado o la empresa privada regulada?

Si entiendo bien, ¿sería una balanza entre la regulación y el mercado y la defensa del derecho de cada persona a consumir drogas?

Totalmente. A nivel internacional, Uruguay no ha salido con la bandera de la regulación del cannabis, pero tampoco la ocultamos. Nos tomamos la libertad soberana de legislar, en el marco de las convenciones y otros organismos internacionales significativos. El documento Ungass 2016 nos ha dado la razón. La bandera de Uruguay, junto a Colombia, México, Guatemala y otros países, es la debida integración de los instrumentos de derechos humanos con las políticas de drogas.

Hablaba de que Uruguay tiene una tradición liberal, pero países como Colombia siguen siendo conservadores en una gran proporción del territorio. ¿Cómo se explica que haya logrado tener avances significativos en la política de la lucha contra las drogas?

Tampoco te voy a mentir que en Uruguay hay bolsones conservadores que nos han hecho mucha resistencia. Pero a medida que avanzamos se institucionaliza y se pierde el miedo. En Uruguay hemos tenido un fuerte debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y menos con la ley del matrimonio igualitario y derecho de adopción. La legitimización social que comienza a existir frente a estos hechos es porque se transforma en un hecho de ciudadanía.

¿Cómo lograr la legitimización social?

Hay un papel insustituible de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Hay una voluntad política que debe estar sustentada en partidos políticos fuertes que se atrevan a discutir estos temas. Tenemos que rescatar la política como un mecanismo de vínculo de una sociedad.

¿Por qué estas luchas en temas de derechos humanos se dan de forma individual, en un principio —por ejemplo, en Colombia a través de tutelas ante la Corte Constitucional—, y no a partir de un consenso social a través de una votación?

Es verdad, pero los consensos generalizados también son importantes. Por ejemplo, en Uruguay la ley se discutió en el Parlamento y se votó por mayoría, con el apoyo pasivo de cinco diputados de la oposición, pero la opinión pública sigue pensando que la marihuana es el diablo en la tierra. Tenemos otros ejemplos, como someter a plebiscito la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado —así llamamos a la ley de impunidad para los torturadores militares de la dictadura—, y lo perdimos dos veces. Aprendimos que los derechos humanos no se plebiscitan. Las luchas se ganan en batallas jurídicas, humanitarias y hay consensos que son superiores. La declaración de los derechos humanos es un consenso que para romperlo hace falta más que un plebiscito.

Y en el caso de Colombia, según esta afirmación, ¿se debía plebiscitar los acuerdos de paz en Colombia?

En mi humilde opinión, y con la humilde experiencia que hemos tenido en Uruguay, yo debería decir que la paz es un bien supremo y público, que no puede ser sometido a mayorías accidentales que pueden cambiar. Los plebiscitos y las elecciones son para cambiar gobiernos, pero los derechos fundamentales no pueden estar sometidos. El derecho a la vida es inherente a los seres humanos y no puede estar sometido a la voluntad de un plebiscito.

Si bien en Colombia ya se hizo el plebiscito y demostró que, a pesar de la abstención, el país estaba dividido, ¿considera que el resultado es un retroceso o una posibilidad de avanzar en la construcción de paz?

Siempre es un camino para la paz. A pesar de lo que pasó, toca seguir insistiendo. Creo que ha sido un paso, que puede ser un traspié, pero que toca seguir adelante luchando por la paz. Tengo la confianza como hermano latinoamericano en que los colombianos van a encontrar la paz. Es una opinión y un resultado sobre una base de acuerdos ya existente, por lo que sigue siendo un proyecto muy bueno.

¿Por qué el individuo es ahora el eje de las políticas de drogas y no el crimen organizado?

La guerra contra las drogas, que ha sido un modelo impuesto desde el gobierno Nixon en Estados Unidos, se convirtió en un mecanismo geopolítico de instalación de EE. UU. en todo el territorio. Ahora su política cambió, pero hace unos años le sirvió para expandir su dominio y tuvo a Colombia como una base importante. Eso no es una novedad. Por lo tanto, como dice Kofi Annan, la guerra contra las drogas ha sido una guerra contra las personas. Hemos perdido más gente en esta guerra que las pérdidas humanas por las secuelas de las mismas drogas. Resituar al ser humano en el centro de los humanos es necesario.

¿El Plan Colombia es una experiencia aprendida en la lucha contra las drogas?

Creo que sí, y Colombia, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, ha tenido un liderazgo muy importante, junto a México y Guatemala. A tal punto que pidieron una sesión especial en las Naciones Unidas para replantear la política de lucha contra las drogas. Siempre me quedó presente la imagen que planteó Santos para explicar el tema: que es como una bicicleta fija, en la que siempre pedaleamos, pero seguimos en el mismo lugar.

¿Qué papel juegan las grandes potencias en el debate?

Aquí hay una responsabilidad compartida de forma desigual, porque resulta que hay una vía de sur a norte en la que sube la cocaína, pero de norte a sur bajan las armas de fuego que se consiguen en un mercado norteamericano no regulado y libre. El crimen organizado no sólo son las drogas, sino las armas, la trata de personas y el “luckyvenga”, es decir, cualquier cosa que dé negocio.