Los desaparecidos de la frontera con Venezuela

Los caminos que unen a Norte de Santander con Táchira y Zulia se convirtieron en los camposantos de las víctimas de la guerra entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el contrabando.

Según la Fundación Progresar, se estima que en Venezuela hay sepultados cerca de 300 colombianos. /EFE
La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido históricamente una región azotada por la violencia y el conflicto interno. Guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y grupos de bandas criminales han sido los principales protagonistas de macabros asesinatos y de implementar una práctica que ha dejado miles de víctimas en Norte de Santander: la desaparición forzada y la creación de camposantos en territorio venezolano. El más reciente capítulo fue el hallazgo de 13 cuerpos sepultados en tres fosas comunes en el sector La Mulata, en el municipio de Ureña del estado de Táchira (Venezuela). Según las autoridades del vecino país, las víctimas son “paramilitares” colombianos. 
 
La noticia empezó a crecer con el paso de los días. Autoridades locales de Ureña precisaron que los cuerpos  habían sido amarrados con alambres y se  encontraron con signos de tortura y prendas militares y en un avanzado estado de descomposición.  Sin haber emitido un comunicado oficial, se conoció que cinco de los trece cadáveres fueron identificados con  los alias de Sandra, la Pájara, Cuartinajas, el Huicho y el Antiguo, personas que supuestamente pertenecían a la banda de Cara de Niña,  un delincuente colombiano que está entre los diez más buscados en el estado de Táchira.
 
Sin embargo, las autoridades colombianas aún no han hecho presencia en el lugar de los hechos y personas que durante más de dos décadas han conocido en detalle la problemática de la frontera advirtieron que existe mucha especulación alrededor del caso. Una de ellas es Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar y quien acompaña a más de 400 familias en procesos judiciales por desaparición forzada . Para él, no es preciso “decir que se trata de gente que no es de la región (Venezuela), que fueron identificados por sus alias a pesar de que los cuerpos estaban totalmente descompuestos y que estaban amarrados con alambres, ya que si eran colombianos, no habría forma de reconocerlos”.  
 
“Dijeron que la primera fosa estaba desde agosto de 2014 y que solo se encontraron los huesos por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. La información que nos han dado de manera informal, es que la mayoría son colombianos y que se los van a entregar a Medicina Legal, porque supuestamente los gobiernos de Colombia y Venezuela han estado en contacto”, precisó el director de Progresar. 
 
Las cifras que maneja la Fundación son poco alentadoras. Según Wilfrido Cañizares, la Fiscalía de Norte de Santander, hasta abril de este año, ha recibido 4.969 denuncias por desapariciones durante los últimos 15 años. Agregó que el 80% son casos que ocurrieron en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y Tibú, los municipios fronterizos. 
 
Cañizares sostuvo que durante 2014 la Fiscalía acopió 318 denuncias de personas desaparecidas. Según él, durante 24 años de trabajo en la frontera y tras la revisión de los testimonios de desmovilizados del Frente Fronteras de las autodefensas, han logrado evidenciar que en Ureña, San Antonio y La Fría –colindantes con Cúcuta y Villa del Rosario– estaría la mayoría de fosas comunes. “Calculamos que en estos municipios venezolanos pueden existir casi 300 personas sepultadas”, señaló. 
 
La difícil situación de la frontera se debe a que es punto estratégico del narcotráfico y el contrabando. Durante los años de control de las autodefensas, varios pobladores del Norte de Santander fueron llevados hasta el vecino país para ser asesinados y sepultados, supuestamente, porque eran guerrilleros. Entre las víctimas también se identificaron comerciantes que no pagaban las vacunas o personas que tenían deudas pendientes con los paramilitares. 
 
Tras la desmovilización en 2005 de las autodefensas, la zona empezó a ser un territorio que se disputaron a sangre y fuego los Rastrojos y los Urabeños. Según Cañizares, estas bandas criminales incrementaron las desapariciones en la región. Las víctimas eran miembros de estas organizaciones, comerciantes, contrabandistas o personas relacionadas con el narcotráfico. El modus operandi era sencillo. Solo bastaba con pasar la frontera para asesinar colombianos y desaparecerlos bajo tierra, ya que muchos de los casos quedarían sin resolver, ya que contaban con 2.200 kilómetros para construir fosas comunes en ambos países. 
 
Luego de años de confrontación, los Urabeños sacaron de la zona a los Rastrojos.  Desde ese entonces se convirtieron en amos y señores. Según Cañizares, sectores como La Mulata –donde fueron encontrado las últimas fosas comunes– y San Faustino (Venezuela) son tierra de nadie. “En horas de la noche, hay que pedir permiso para transitar por los caminos de la frontera”, dijo Cañizares, quien cree que los gobiernos no muestran voluntad para adelantar planes de búsqueda a pesar de las denuncias, testimonios de desmovilizados e información que existe sobre los casos de desaparecidos en la frontera. 
 
En pocas palabras, para los familiares de las víctimas de desaparición forzada el más reciente hallazgo que logró hacer el Ejército venezolano fue un hecho fortuito que no hace parte de ninguna investigación penal. Igualmente, calificaron que de no ser por el sobreviviente de la masacre de hace un año, los cuerpos de los cinco jóvenes colombianos que fueron enterrados a orillas del río Táchira no hubiesen sido encontrados porque, además, fueron los mismos familiares de estas personas quienes los desenterraron.  Para Cañizares, la situación en la frontera se trata de un fenómeno de desaparición forzada transnacional, ya que se trata de colombianos sacados de sus casas, que son llevados a Venezuela para ser asesinados y posteriormente sepultados.  
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