La justicia indaga sus conexiones

Los destinos cruzados de los protagonistas del cartel de la toga

Francisco Ricaurte, por ejemplo, fue quien aprobó el acta en la que se consignó que José Leonidas Bustos había sido elegido magistrado de la Sala Penal. Este, a su vez, fue quien postuló a Ricaurte para el Consejo de la Judicatura.

José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo. Gustavo Torrijos y Archivo

La cronología del peor escándalo judicial en la historia de Colombia tuvo su génesis el 6 de octubre de 2016. Ese día tomó posesión como flamante director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía el joven y rutilante abogado penalista de la universidad Libre Luis Gustavo Moreno Rivera. Tenía entonces 35 años y apenas una década de litigio y academia. No obstante, había cobrado notoriedad por un libro en el que se autoproclamaba como cazador de falsos testigos y, además, porque había apoderado ya a pesos pesados de la política como los senadores Germán Varón Cotrino, Hernán Andrade, el excongresista Germán Olano —condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá— y el exsenador Luis Alfredo Ramos. Hoy se sabe que su “éxito” a tan temprana edad nada tenía que ver con su genio jurídico, sino con sus poderosos padrinos: los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, Camilo Tarquino y José Leonidas Bustos, todos salpicados en un expediente rotulado como “el cartel de la toga”. (En contexto: ¿Hasta dónde llegó la corrupción en la justicia?)

El Espectador tuvo acceso a documentos en la investigación que adelanta la justicia contra estos exmagistrados que, según la propia confesión de Luis Gustavo Moreno, integraban una red que torcía expedientes, ponía en remojo órdenes de captura y dilataba procesos, con poder de maniobra en la Corte Suprema y en la Fiscalía. Empecemos con Francisco Javier Ricaurte, quien fue imputado por la Fiscalía y enviado a la cárcel La Picota hace tres semanas. La Comisión de Acusación rastreó cómo llegó a la Corte, sus antecedentes, cuándo se posesionó, a qué candidatos venció para obtener los 16 votos necesarios para llegar al alto tribunal en 2004 y, en general, las acreditaciones de sus estudios. En el acta 648 del 29 de septiembre de 2004 de la Presidencia de la República quedó constancia de la posesión de Ricaurte como magistrado de la Sala Laboral. Ese día tomó juramento frente al presidente Álvaro Uribe Vélez, con quien se enfrentaría en 2008 por cuenta del espionaje del DAS a la corporación que, entonces, investigaba la parapolítica. (Vea: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)

En las votaciones en la Corte, Ricaurte venció a abogados como Gerardo Arenas Monsalve, Mery Becerra Gómez, Juan Francisco Hernández Roa, Clímaco Molina Ramos y Rafael Osteau de Lafont. En una primera ronda, el 9 de septiembre de 2004, obtuvo 13 votos; en la segunda, 15, y en la tercera logró finalmente 16 votos. Los magistrados Marina Pulido y Edgardo Villamil oficiaron como escrutadores. En su hoja de vida, allegada para los trámites de posesión, se lee que es bachiller del Liceo Bolívar de Cartagena, de donde salió el 19 de diciembre de 1982. Obtuvo su título de abogado en 1988 e hizo dos especializaciones, una en la Universidad Nacional, que terminó en 1993, y otra en la Universidad Javeriana, que culminó en 1999, es decir, apenas seis años antes de llegar a la cúpula del poder judicial, a sus 41 años. En su experiencia, se advierte en los documentos, Ricaurte acreditó haber sido juez noveno civil municipal y juez 32 laboral de Cartagena, magistrado del Tribunal de Barranquilla y magistrado auxiliar de la Corte Suprema. (Envían a La Picota al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte)

En el ítem sobre actividades personales, Ricaurte puso que le gustaban el “cine y el trote”. A Ricaurte, como a Luis Gustavo Moreno, el éxito profesional le llegó muy rápido. En ese año 2004, al llenar el formulario de declaración juramentada de bienes y rentas, Ricaurte reportó que vivía en un apartamento en Chapinero, que sus ingresos en 2003 habían sido $121 millones, que tenía tres cuentas bancarias y préstamos de casi de $14 millones. Ante la Notaría 21 de Bogotá, Ricaurte declaró: “Reúno las calidades constitucionales y legales para desempeñar el cargo de magistrado de la Corte Suprema”. Hoy, sin embargo, muchos de sus fallos son revisados con lupa, pues los investigadores sospechan que, si pudo “manejar” expedientes en la Sala Penal de la Corte, también pudo haberlo hecho en la Sala Laboral, a la que perteneció entre 2004 y 2012. Justamente en casos en los que fue ponente de litigios de mucho dinero y poder de por medio. (Lo que tiene la Fiscalía, hasta ahora, en contra de Ricaurte)

En cuanto a José Leonidas Bustos Martínez, se lee en los documentos en poder de este diario, se posesionó el 1° de abril del año 2008 ante el presidente Álvaro Uribe. Curiosamente en ese momento Ricaurte era el presidente de la Corte y fue él quien aprobó el acta mediante la cual terminó siendo elegido como magistrado de la Sala Penal. En su hoja de vida, con su puño y letra, Bustos consignó que había nacido el 17 de febrero de 1955 en Ibagué, que estaba casado con Ana Josefa Velasco y que su madre se llama Anatilde Martínez y su padre Bernabé Bustos Forero, cuyo oficio reportado era la construcción. Según indicó la Universidad Libre, Bustos obtuvo su grado como abogado en diciembre de 1980 con la tesis titulada “La excarcelación”, que aprobaron los jurados José Hilario Caicedo y Édgar García. Bustos adjuntó entonces 32 diplomas que certificaban sus estudios o aportes académicos, la mayoría en la Universidad Libre. (En contexto: “Lyons está pidiendo dinero por callar”: exfiscal Gustavo Moreno)

Por ejemplo, su magíster en derecho procesal, una especialización del Externado, otra en la Nacional, una que lo acreditaba como especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica, un diploma de la Universidad del Rosario, una certificación como asistente al diplomado de genética forense impartido en la Libre. Incluso, aportó un diploma de la Policía Antinarcóticos que le hizo un reconocimiento como exponente en un curso sobre narcotráfico que dictó en diciembre de 2003. En el reporte de bienes, Bustos aseguró que solo tenía una cuenta bancaria, ingresos y rentas de apenas $81 millones en 2007, que su casa estaba ubicada en pleno centro de Bogotá, en la calle 19, que valía $360 millones; y que poseía una finca en Silvania (Cundinamarca) cuyo valor era de $180 millones. Las coincidencias entre Bustos y Ricaurte continúan. Por ejemplo, fue Bustos, en calidad de presidente de la Sala Penal de la Corte, quien postuló a Ricaurte como magistrado del Consejo de la Judicatura. (Por segunda vez, Bustos pide interrogatorios para su defensa)

Todo ocurrió el 13 de noviembre de 2012, apenas meses después de que Ricaurte saliera de la Corte por período cumplido. Ese día la Corte eligió a Ricaurte magistrado de la Sala Disciplinaria tras obtener 16 votos. Como cosa curiosa habría que decir que su gran amigo, el magistrado Gustavo Malo —hoy bajo sospecha por cuenta del cartel de la toga—, fue el encargado de contar los votos en el alto tribunal. Los magistrados Arturo Solarte, Jesús Vall de Ruten y María del Rosario González votaron en blanco. Es decir, no estuvieron de acuerdo con que Ricaurte saltara en menos de cuatro meses de una corte a otra. De hecho, por ese carrusel del “yo te elijo, tú me eliges”, esa elección de Ricaurte fue anulada por el Consejo de Estado en 2014. Ricaurte, entonces, salió por la puerta de atrás, pero, al tiempo que movía sus contactos e, incluso, aspiraba como cuota del Partido Conservador al cargo de director de la Federación Nacional de Departamentos, su amigo Luis Gustavo Moreno hacía de las suyas. En la trasescena, Bustos ampliaba su poder en la Corte.

Precisamente a ese alto tribunal llegaría el 18 de octubre de 2012 Gustavo Enrique Malo Fernández, amigo íntimo de Ricaurte y compañero de Bustos en la Sala Penal. Según el acta de la Corte en la que se reseña su elección, Malo venció a abogados de la talla de José Francisco Acuña y Eugenio Fernández Carlier —hoy magistrados de la Sala Penal—, Iván Velásquez Gómez —investigador estrella de la parapolítica— y al fiscal ante la Corte Julio Ospino, quien llevó a prisión al exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez. Se diría que Malo tenía un padrino en la Corte, pues se nota que hubo campaña. De hecho, en la primera ronda de votación entre todos los magistrados de la Corte, Malo obtuvo 15 votos de 18 posibles. En la siguiente ronda, sin mayores dificultades, alcanzó los 16 votos necesarios para resultar ungido como magistrado. Según el acta de grado de la Universidad de Cartagena, Malo Fernández se graduó con la tesis denominada “Aspectos fundamentales de la falsedad en documento público y privado”. Interesante tesis, en el contexto de hoy.

Malo, quien acaba de cumplir 63 años de edad, rindió indagatoria el pasado 3 de octubre ante la Comisión de Acusación del Congreso por cuenta de la presunta mafia que se tomó la cúpula del poder judicial. Su hija Yara Malo, nacida el 16 de octubre de 1983, será imputada a finales de este mes por extorsión agravada, pues le exigió dinero a una fiscal que habría llegado a ese cargo por recomendación de su papá. En suma, la situación de los Malo es crítica. El magistrado, sin embargo, se declaró inocente y, en contraste, durante su indagatoria la emprendió contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. “No es un secreto, y él lo sabe muy bien, que de lograr declarar en mi contra con visos aparentemente de seriedad lograría mayores beneficios por la situación de magistrado activo en la que me encuentro. Recordemos que este personaje es un experto en falsos testigos, sobre cuyo tema tiene un libro. Los invito a tener el mayor cuidado con sus declaraciones, porque bien examinadas se da cuenta uno cómo retuerce los argumentos”.

Al margen de las acusaciones entre testigos o involucrados, las vidas de Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Gustavo Malo terminaron atravesadas por el poder y las conexiones del pasado. Muy cerca aparece el expresidente de la Corte Camilo Tarquino, investigado por la Fiscalía. El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons declaró que Tarquino le pidió $20 mil millones a cambio de exonerarlo de sus múltiples investigaciones en la Fiscalía por el saqueo al departamento. En síntesis, los destinos paralelos de estos jerarcas de la justicia, hoy bajo sospecha, evidencian unos vínculos que las autoridades pretenden desentrañar para llegar de una buena vez al fondo del peor caso de corrupción judicial en la historia de Colombia.