Hay tres militares investigados disciplinariamente

Los detalles de Andrómeda, según la Procuraduría

El Ministerio Público señala que este escandaloso caso de espionaje fue una transacción que costó $8 millones.

Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión, tras un preacuerdo con la Fiscalía.Cristian Garavito - El Espectador

Para la Procuraduría es claro que la venta de información reservada en que incurrieron algunos militares, en lo que el país conoció como el caso Andrómeda, no fue un episodio de poca monta. Al contrario, se trató de una falla gravísima cometida por hombres que, faltando a su mandato constitucional, comercializaron información reservada del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado con un hacker llamado Andrés Sepúlveda, a cambio, al parecer, de $8 millones. Siempre se ha hablado de la venta de una base de datos, pero la Procuraduría encontró que era mucho más: la información incluía hasta órdenes de batalla y entrevistas a exintegrantes de grupos armados ilegales acopiadas por dependencias militares.

Así se concluye del documento de 64 páginas, conocido por El Espectador, en el cual la Procuraduría formuló pliego de cargos contra un integrante activo del Ejército, el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, y los cabos Luis Humberto Moreno Montes y Carlos Alberto Betancur Sánchez. “Usted, mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, en su condición de comandante de la compañía C del Batallón de Inteligencia Técnica No. 3, encargada de llevar a cabo la operación Andrómeda, en el período comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014, permitió que personal a su cargo desarrollara, utilizara y ofreciera en venta herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional”.

(En contexto: Caso Andrómeda y sus interrogantes)

La investigación disciplinaria contra ellos tres, así como contra el capitán Manuel Betancur Montoya y los cabos Yessid Cáceres y Michael Beltrán Durán, las asumió el mismo Ejército una vez la revista Semana revelara que, desde un local que servía como fachada en el barrio Galerías de Bogotá, hombres de inteligencia militar al parecer hacían transacciones con información clasificada e interceptaban comunicaciones privadas relacionadas con el proceso de paz. Eso fue en febrero de 2014, hace casi cuatro años. En abril de 2015, sin embargo, la defensa de uno de los investigados le pidió a la Procuraduría una “visita especial” al expediente. En cuestión de semanas, el Ministerio Público determinó que la investigación debía seguir a su cargo.

En el caso del capitán Montoya y los cabos Cáceres y Beltrán, quienes también formaron parte de la operación Andrómeda, la Procuraduría halló que “si bien se encontraban vinculados a la cuestionada maniobra de inteligencia, no se observa a lo largo del plenario prueba certera que comprometa su responsabilidad en los hechos presuntamente irregulares acaecidos en el desarrollo de la operación”. Es decir, que no habían cometido faltas, como sí lo habían hecho, probablemente, el mayor Guerrero y los cabos Moreno y Betancur. Este último fue identificado por el propio hacker Sepúlveda con el sobrenombre de Bender.

En la historia de Andrómeda, Bender resultó de vital importancia: “Fue quien ofreció y comercializó con el hacker algunas herramientas informáticas, así como correos electrónicos con sus respectivas claves de acceso, de miembros de las Farc, sentados en la mesa de negociación de La Habana (Cuba)”, sostiene la Procuraduría, con base en material recolectado por la Fiscalía General. Cuando Bender y Sepúlveda se conocieron, el militar le dijo al hacker que había desarrollado una herramienta de monitoreo para celulares Blackberry -conocidos como los más difíciles de interceptar- con recursos de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec).

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Bender no ha sido aún condenado por estos hechos, contrario al destino que corrieron tanto Sepúlveda -condenado a 10 años de prisión, tras un preacuerdo con la Fiscalía- como al otro cabo ahora investigado por la Procuraduría, Luis Humberto Moreno Montes. Este último, miembro orgánico de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército y, para el momento de la fuga de la información, enlace de ese organismo con el Comité Operativo para la Dejación de Armas. Según la Procuraduría, Moreno se asoció con un integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilson Torres, para conseguir y vender información reservada.

El cabo Moreno fue condenado a seis años y ocho meses de prisión y Wilson Torres fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión, ambos por los mismos delitos: espionaje, violación de datos personales y cohecho. En general, concluyó la Procuraduría, “se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de la seguridad de información, en cuanto a la confidencialidad de las contraseñas asignadas a los usuarios finales, además de la utilización de dispositivos de almacenamiento externo, lo que representaba un riesgo para la confidencialidad y disponibilidad de la información, toda vez que los cuales permitirían la posible fuga de información clasificada de los desmovilizados”.