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No existen todavía pruebas directas que vinculen al expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, con actos de corrupción. Así lo admitió el propio representante investigador que maneja su caso, el congresista Edward Rodríguez, del Centro Democrático. “Se admite […] que las diferentes diligencias practicadas en el curso de esta investigación no arrojaron medios de prueba que permitieran afirmar, sin lugar a dudas, que el doctor Bustos Martínez recibió dinero directamente de los aforados a los cuales se les adelantan procesos al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal”.
Rodríguez, sin embargo, estimó que contra el exmagistrado sí existen pruebas documentales e indiciarias que halló suficientes para pedir que sea llamado a juicio. Entre ellas, múltiples declaraciones, soportes de transacciones y compras y reuniones que se podrían considerar sospechosas. “Las declaraciones por separado de estos testigos dan información muy importante que vinculan al doctor Bustos Martínez con los actos de corrupción, pero si se analizan en conjunto dan claridad de todo el entramado de acciones desplegadas por el grupo delincuencial”, advirtió el representante en su escrito de acusación.
El documento de 78 páginas, radicado este martes 14 de mayo, será estudiado por los otros 14 integrantes de la Comisión de Acusación, en cuyas manos se encuentra ahora la suerte de quien hasta agosto de 2017 —cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que las pruebas lo involucraban con el cartel de la toga— fue considerado uno de los poderosos de la rama Judicial. “Lo normal en estos casos es que no exista prueba directa, porque la experiencia nos enseña que ese tipo de entregas (dineros que corresponden a sobornos) se hacen con el mayor sigilo y en medio de la clandestinidad”.
El tema del reloj Cartier volvió a salir al baile entre esas pruebas indirectas que podrían comprometer penalmente al exmagistrado Bustos. En abril de 2018, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía Gustavo Moreno —y el primer eslabón del cartel de la toga en caer— declaró bajo juramento “que los dineros producto de los actos de corrupción no siempre eran entregados en efectivo, sino que en algunas ocasiones se realizaban compras”. Así fue como Bustos, según la versión de Moreno, resultó pidiendo un lujoso reloj para él, que Moreno aseguró haber comprado en la exclusiva tienda Cartier del centro comercial Andino de Bogotá.
Moreno contó que al momento de facturar el reloj dio el nombre de un familiar suyo, Ricardo Beltrán Rivera, y se inventó una cédula. Con base en sus palabras, los investigadores del cartel de la toga fueron a la mencionada tienda e hicieron dos hallazgos. En primer lugar, la factura CT-8091 del 29 de diciembre de 2012, que confirmaba la compra de un reloj Cartier avaluado en $42 millones. En segundo lugar, dieron con Yeison Pérez, un vendedor que explicó que Moreno Rivera era “cliente asiduo de la joyería” y que alguna vez fue con “un señor calvo y gordo” a quien, después de ver noticias, identificó como José Leonidas Bustos.
Otra prueba indirecta que para Rodríguez es un indicio serio de ilegalidad son las veces que Moreno Rivera visitó a Bustos en su casa, a altas horas de la noche, cuando sus escoltas ya se habían ido. Una de esas visitas la habría hecho con el propósito de entregarle $200 millones en efectivo “para que el parlamentario Álvaro Ashton Giraldo obtuviese un archivo en un proceso que cursaba en contra suya en la Corte Suprema de Justicia”, declaró Moreno. En esa ocasión lo acompañó un hombre llamado Vadith Gómez, quien confirmó las visitas, aunque dijo que no le constaba que Moreno le hubiera llevado dinero al exmagistrado.
En cuanto a las declaraciones en contra del expresidente de la Corte, que según Rodríguez lo vinculan con la red delincuencial que vino a ser conocida como el cartel de la toga, el representante tuvo en cuenta principalmente el testimonio de Gustavo Moreno. “Digamos que las relaciones con la Corte y con los magistrados eran lo que propiciaba que a través del doctor Francisco Ricaurte se pudieran obtener ciertos poderes”, dijo el exfiscal ante la Corte Suprema en septiembre de 2017. ¿A quiénes se refiere concretamente?, le preguntaron a Moreno. “Al doctor Gustavo Malo y al doctor Leonidas Bustos”, respondió él.
El exsenador Musa Besaile fue el primer congresista que admitió haber pagado dinero —$2.000 millones— para frenar una orden de detención en su contra y en ser llamado a juicio por este escándalo. Ante la Comisión de Acusación, en septiembre de 2017, dio su versión acerca de cómo fueron sus encuentros con Gustavo Moreno, quien, según él mismo confirmó, le pidió $6.000 millones inicialmente para intervenir en su proceso por parapolítica. “Me dijo: ‘No vaya a pensar que ese dinero es para mí solo […] es para mi papá’”. ¿Quién es su papá?, le habría preguntado Besaile a Moreno, quien, en un papel, habría escrito: “Leonidas Bustos”.
El tema Montealegre
Esas evidencias y menciones, que el representante Edward Rodríguez condensó en su escrito de acusación, de algún modo ya se conocían. El documento, no obstante, pone sus reflectores sobre un actor que había sido relacionado con este escándalo tangencialmente: Eduardo Montealegre. Rodríguez pidió que se investigara al exfiscal general a raíz de una declaración de Gustavo Moreno, quien aseguró que el contrato que Montealegre le otorgó, en julio de 2015, por $139 millones tenía como fin “sufragar los gastos de la oficina de abogados” que crearon Moreno y los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz.
Moreno ha declarado que un día, mientras desayunaba en el Marriott de Bogotá, se encontró con Montealegre, lo saludó y le agradeció por el contrato que le había dado para acompañar recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Según Moreno, Montealegre le respondió que “no había problema, que ese tema ya lo había hablado con Pacho (quien sería Francisco Ricaurte)”. Moreno se ha ratificado en su versión, la cual entregó en 2017, mientras Montealegre también ha reiterado que Moreno miente. Por eso, en octubre de 2017, lo denunció por falso testimonio y fraude procesal.
En su escrito, Rodríguez solicitó también que el exvicefiscal de Montealegre, Jorge Perdomo, y Eyder Patiño, magistrado de la Corte Suprema, sean investigados. “Ahí es cuando me cuenta que el doctor Perdomo lo está ayudando [a Ashton]”; el anterior vicefiscal, doctor Jorge Perdomo, lo está ayudando con Eyder Patiño y que Jorge le había dicho que iban a sacar el archivo pero que Malo se había atravesado. Yo le dije: ‘Mire, yo no creo, pero déjeme y le pregunto al doctor Francisco’”, declaró Moreno en octubre de 2017, quien luego agregó que Patiño iba a ayudar “a la sombra” en el proceso de Nilton Córdoba Manyoma.
Montealegre y Perdomo contraatacaron, acusando a Rodríguez de ser un “áulico” del expresidente Álvaro Uribe, y a este último, de ser un “titiritero”. “No nos dejaremos intimidar ante la arremetida del ‘presidente eterno’ a la justicia; no descansaremos en investigar y denunciar los crímenes de guerra en que incurrió Álvaro Uribe y su ronda de violadores a los derechos humanos”, expresaron los exfuncionarios. “La compulsa de copias a magistrados y exfiscales de impecable trayectoria (…) muestra a un expresidente acorralado por su pasado, por sus responsabilidades históricas, por el fantasma de los crímenes internacionales que cometió”.
El exfiscal y exvicefiscal aseguraron que vincularlos con el cartel de la toga era “una infamia descomunal” y, siguiendo por la línea de que la solicitud de investigarlos era una especie de retaliación del senador Uribe, anunciaron que denunciarán al representante Rodríguez por prevaricato (ir en contra de la ley) y que, en junio próximo, demostrarán “la responsabilidad del exgobernador de Antioquia —Álvaro Uribe— en las masacres de El Aro y La Granja”, asunto por el que Uribe ya tiene una indagación preliminar en la Corte Suprema. Esa investigación, dijeron Perdomo y Montealegre, la darán a conocer a la Corte Penal Internacional.
“Soy completamente ajeno a los hechos que allí se me atribuyen”, dijo, por su parte, el magistrado Eyder Patiño, quien señaló que acataba con “absoluto respeto” la solicitud de Edward Rodríguez de que sea investigado. “Dada la alta responsabilidad del cargo que ocupo, solicito respetuosamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes darle celeridad al desarrollo de esta indagación (...) Asumo la compulsa de copias del representante investigador, Edward Rodríguez, como la oportunidad para aclarar las versiones que recoge sobre mí”.
La defensa de Bustos
El exmagistrado José Leonidas Bustos, ante la justicia y en público, ha expresado una y otra vez que es inocente. En su documento, Rodríguez se refirió particularmente a un memorial que el exmagistrado envió a la Comisión de Acusación en octubre de 2018, en el cual arremetió, por ejemplo, contra los medios de comunicación, “haciendo énfasis en la distorsión que (…) realizan de la información, con el fin de favorecer a los intereses de grupos económicos o a los gobiernos de turno y, en últimas, con el fin de desviar la atención de problemas trascendentales para el país (…) tales como el caso Reficar”.
Asimismo, Rodríguez resaltó que “[Bustos] centra inicialmente sus alegatos en la afirmación de que el dicho del señor Luis Gustavo Moreno Rivera es el único testimonio de cargo y que con este no se puede demostrar su responsabilidad en los delitos por los cuales se le investiga”. El expresidente de la Corte Suprema expresó que dar credibilidad a Bustos era desacreditar a todos los integrantes del alto tribunal, los cuales, dijo él, aseguraron nunca haber sentido injerencia o presión por parte de él para tomar decisiones en los procesos hoy cuestionados, como el de Musa Besaile o el de Álvaro Ashton.
José Leonidas Bustos manifestó en su defensa que desde que comenzaron las investigaciones por la parapolítica había comenzado una intensa persecución en busca de desacreditar a las altas cortes y deslegitimar sus decisiones. Calificó de “ilegales” los audios que la Fiscalía introdujo en el proceso por medio de la DEA, en los cuales se oyen fragmentos de conversaciones entre Gustavo Moreno, Alejandro Lyons (exgobernador de Córdoba) y Leonardo Pinilla, socio de Moreno. “Esos 13 archivos de audio son pequeñas muestras descontextualizadas de conversaciones largas (…) las cuales rayan en el chisme, en la suposición y en la charlatanería”.
El defensor de Bustos, Eduardo Curtidor, le dijo a este diario que aún no ha sido notificado de la decisión y que solo cuando conozca el documento se pronunciará. Señaló que ignora si el exmagistrado sigue en Canadá, adonde viajó el año pasado, o ya regresó a Bogotá, aunque aclaró que tienen comunicación constante. A lo largo del proceso, la defensa de Bustos ha señalado que en su caso ya ha habido un prejuzgamiento. En este caso, la acusación del representante Rodríguez es apenas el comienzo: si la aprueban en tres instancias (Comisión, Cámara y Senado), entonces será un hecho que Bustos irá juicio por el cartel de la toga.