Los detalles del fallo que condenó a los exministros Pretelt y Palacio por "Yidispolítica"

La Corte Suprema de Justicia determinó que los dos exfuncionarios no pueden recibir el beneficio de casa por cárcel o libertad condicional por la gravedad de los hechos en los que incurrieron.

Los exministros Sabas Pretelt, Diego Palacio y el exsecretario Alberto Velásquez.

En 321 páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que existen pruebas documentales y testimoniales para inferir la participación y responsabilidad de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt en el ofrecimiento de prebendas burocráticas a un grupo de congresistas para cambiar su voto a favor del proyecto que establecía la figura de reelección presidencial inmediata.

El alto tribunal, determinó que los entonces ministros del Interior y Protección Social abusaron de su cargo, y mediante artimañas buscaron por todas las formas que los representantes a la Cámara, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño cambiaran su voto y apoyaran el proyecto. Con su actuar, afectaron tanto a la Rama Judicial y al país en general.

“Fueron quienes al interior del propio Gobierno promovieron la corrupción penetrando una Rama del Poder Público, la cual, dentro de una democracia seria, debía estar ajena a cualquier tipo de injerencias del Ejecutivo y desarrollar su labor con absoluta independencia”, precisa uno de los apartes de sentencia firmada por el magistrado José Luis Barceló, cuya ponencia fue avalada por unanimidad por el alto tribunal.

Y es que para la Sala, conformada por cinco conjueces y cuatro magistrados, consideró que existían pruebas suficientes para demostrar que el aval de dicho proyecto estuvo lleno de irregularidades y vicios. En todos ellos fueron protagonistas Pretelt y Palacio, así como el entonces secretario general de la Presidencia de la República, Alberto Vásquez Velásquez.

“Ni más ni menos se trató del Estado sobornando al propio Estado para el logro de un cambio constitucional que indudablemente afectó el desarrollo institucional del país y de todos los ciudadanos colombianos a quienes se les exige respetar la Constitución y las leyes, cuya formación en circunstancias como las comprobadas en este asunto, no pueden generar menos que desafianza, falta de credibilidad y desobediencia en sus destinatarios”, señala el fallo.

Debido a la gravedad de estos hechos, el alto tribunal determinó que los condenados no podían recibir beneficios jurídicos como la detención domiciliaria o la libertad condicional, puesto que se le estaría enviando un mensaje equivocado a la sociedad. Ante esto se ordenó su reclusión para el cumplimiento de su sentencia en un centro de reclusión que deberá ser establecido por el Inpec.

“Resultaría intolerable ante la sociedad, y esta no entendería cómo personajes de tan alto nivel cultural y social que denotaron un rango ético y moral muy por debajo de lo que de ellos se esperaba y les era exigible, puedan terminar en su domicilio purgando una condena por delitos cometidos en circunstancias tan complicadas, como las que se han demostrado a lo largo de esta sentencia”, señala el extenso fallo.

La responsabilidad individual

Para la Corte Suprema, los tres exfuncionarios tuvieron un papel individual pero dirigido al mismo objetivo: lograr que dicho proyecto pasara la votación en la Cámara de Representantes, el cual tenía varios problemas debido a un grupo de representantes que no estaban de acuerdo con el mismo o que tenían dudas.

Para el alto tribunal Pretelt de la Vega, Palacio y Velásquez, señala que “actuaron mancomunadamente y orientados decididamente a un fin específico: hacer lo que fuera con tal de lograr un cambio institucional que le permitiera al Gobierno de entonces prolongar el periodo constitucional”.

El exministro Pretelt de la Vega fue hallado responsable del ofrecimiento de prebendas a Yidis Medina, las cuales se concretaron en la Notaría Segunda de Barrancabermeja y un cargo en el Ministerio de Justicia para su amigo César Guzmán. A Teodolindo Avendaño le asignó la Notaría 67 de Bogotá, donde fue nombrado Luis Camilo O’meara, quien se prestó para la compra de ese despacho.

Mientras que Diego Palacio tuvo responsabilidad directa con la contratación de Vania Constanza Castro Varona, nuera de Teodolindo Avendaño, para atender asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali, al igual que el ofrecimiento de la notaría que, un año más tarde, le entregó Pretelt de la Vega. Así mismo, el ofrecer a Yidis Medina la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, donde fue nombrado el ingeniero químico Carlos Correa Mosquera.

Por su parte Alberto Velásquez Echeverri fue condenado el nombramiento de Jairo Plata Quintero como Coordinador para el Magdalena Medio en la Red de Solidaridad Social, compromiso adquirido con Yidis Medina después de la charla privada que sostuvo el 2 de junio de 2004 con el entonces Presidente de la República.

Para la Corporación, si bien el Acto Legislativo aprobado finalmente por el Congreso de la República obtuvo el respaldo de la Corte Constitucional por no sustituir la Carta Política ni vulnerar, desde el punto de vista formal, el trámite legislativo, su continuación y culminación se logró gracias a la acción concertada de altos funcionarios del Gobierno, quienes acudieron a prácticas corruptoras frente a dos congresistas de nivel académico básico, pobre estructura intelectual, pero vasta ambición de reconocimiento.

“Ese ilícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no solo de la política, sino los destinos del país, en la medida en que al procurar con métodos protervos la continuidad de un trámite legislativo que de haber surtido su curso sin las referidas interferencias y permitiendo su debate a partir de las ideas, como corresponde en un Estado que protege el pluralismo político y la participación democrática, tal vez, hoy día, otra sería la situación de una institucionalidad que se encuentra seriamente agrietada y poco respetada por una sociedad que no cree en la honestidad de sus dirigentes”, señala.

Debido a estos hechos los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt fueron condenados a 80 meses de prisión, multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004 e inhabilitación para el ejercicio derecho y funciones públicas por 112 meses. Alberto Velásquez fue sentenciado a 60 meses de prisión.