Los detalles tras el pliego de cargos contra dos mayores del Ejército por "Tolemaida Resort”

Luis Carlos Burbano y César Augusto Ramos fueron llamados por la Procuraduría por las irregularidades que se presentaron entre 2009 y 2011 dentro del Centro de Reclusión Militar de Tolemaida.

El TiempoBase Militar de Tolemaida.
Seis meses después del cierre de la cárcel y luego de cuatro años transcurridos del escándalo del “Tolemaida Resort”, Luis Carlos Burbano López y César Augusto Ramos, exdirectivos del Centro de Reclusión Militar (CRM) de Tolemaida son los primeros militares que enfrentarán un proceso por los excesos permitidos en el que parecía más a un centro vacacional que un centro penitenciario. La investigación contra otros tres directivos fue archivada. 
 
Esta historia comenzó en enero de 2011 cuando El Espectador publicó una nota en la que se explicaba cómo el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez, conocido como "Zeus" y quien tiene una condena a 40 años de prisión por sus nexos con el narcotraficante Diego Montoya, alias "Don Diego" y en cuyo expediente figuran también casos de desaparición forzada, tortura y homicidio, hacía lo que quería a pesar de estar preso en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida. Esa noticia llevó a que la revista Semana realizara una investigación que concluyó con el informe “Tolemaida Resort” en el que las denuncias fueron aún más allá y precisaron que no solo Rodriguez era privilegiado por estar en Tolemaida sino todos los otros 269 militares detenidos allí.
 
Los internos salían de las instalaciones del CRM cuando querían, quienes tenían suficiente dinero construyeron cabañas dentro del fuerte y habitaban allí en lugar de las celdas, recibían visitas en días no establecidos para tal fin, incluso algunas de las familias se quedaban con ellos en las cabañas durante varios días; también tenían negocios dentro de la base militar como restaurantes, taxis, mototaxis y busetas. 
 
Este escándalo llevó al cierre de la prisión en enero de 2015, esto a pesar de que muchas personas manifestaron que la situación del centro de reclusión ya había cambiado y estaba funcionando bajo todos los preceptos que la ley establecía. El Ministerio de Defensa tomó la decisión del cierre definitivo y trasladó a casi todos los reclusos a un nuevo centro de detención militar en Bello (Antioquia); otros, como Juan Carlos Rodríguez, fueron llevados a la Picota. 
 
Durante la investigación, la Procuraduría encontró pruebas de trato preferencial con otros internos, especialmente con el oficial César Augusto Maldonado Vidales, quien figura ausente en muchos de los registros de conteo de presos, por estar fuera de la base militar, y recibió frecuentes visitas a horas y en días no permitidos. Maldonado fue condenado a 27 años de prisión por hechos relacionados con el atentado contra el excongresista Wilson Borja.
 
El documento de formulación de pliego de cargos emitido por la Procuraduría estableció que el mayor Luis Carlos Burbano, director del centro penitenciario entre diciembre de 2010 y enero de 2011 y el mayor César Augusto Ramos director entre 2009 y 2010 incurrieron en irregularidades al autorizar los excesos de los reclusos. En el mismo documento del órgano de control se incluyeron también otras decisiones con respecto a los dos implicados y a otras personas que estaban siendo procesadas por el caso de “Tolemaida Resort”. La formulación contra los dos mayores se da por irregularidades relacionadas con las visitas, los permisos de salida y de trabajo que otorgaban a varios de los internos, sin embargo se archivó la investigación que cursaba contra ellos por la construcción de las cabañas y la supuesta fuga de César Maldonado. 
 
También fueron archivadas las investigaciones contra otros directivos de la base militar. El coronel José Enrique Walteros, quien se desempeñaba como comandante del batallón de Apoyo y Servicio para el Entrenamiento, y quien se encontraba a cargo de la seguridad del Fuerte de Tolemaida, quedó libre de la investigación en su contra, toda vez que el órgano de control consideró que era el director del centro penitenciario, máxima autoridad del mismo, quien debía responder por el funcionamiento del centro, sus aspectos administrativos, legales, disciplinarios y de seguridad, y no el coronel Walteros que se encargaba de toda la base militar. Igual sucedió con el proceso contra el sargento viceprimero Luis Carlos Ramírez quien ejercía como subdirector del CRM de Tolemaida, cuya investigación fue archivada porque no se encontró nada que evidenciara su injerencia en los permisos y privilegios que tenían los presos. 
 
El cabo primero Gustavo Adolfo Bothia fue otro de los nombres que se barajó dentro de la lista de implicados, pero fue excluido porque a pesar de ser el suboficial de seguridad y custodia, las órdenes y los permisos de los reclusos eran firmados por el director, por lo que él simplemente cumplía con hacer las notificaciones en los conteos. 
 
Esta decisión de la Procuraduría junto con el cierre del centro de reclusión son dos hechos que le dan a la historia de “Tolemaida Resort”, que parecía estancada, un sentido de justicia. Cuatro años después de conocerse lo que pasaba dentro del centro penitenciario es fundamental saber que los excesivos privilegios que recibían los responsables de crímenes atroces se acabaron y en otros lugares serán medidos con el rasero del resto de presos militares en el país. Sobre lo que aún quedan dudas es si solo fueron dos los presuntos responsables de lo que pasó en Tolemaida, los testimonios de los reclusos dicen que había muchos otros interesados en mantenerlos contentos. 
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