Los dos temas de la discordia en La Habana

El acuerdo sobre justicia entre el Gobierno y las Farc está a punto de cerrarse en La Habana, mientras en Colombia persiste la discusión sobre los alcances de la jurisdicción especial.

“Nosotros no nos cerramos a la banda y le dijimos al Gobierno que revisáramos el acuerdo (sobre justicia) y se convocó a la comisión de juristas y estuvimos en disposición de rediscutir lo ya acordado (…) según lo que me informan, nuevamente hay acuerdo en los 74 de los 75 puntos, es decir, nos queda uno”. Fue lo que dijo el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, en una entrevista divulgada en el llamado “Informativo insurgente”, una especie de noticiero que la guerrilla transmite a través de Youtube. La pregunta es: ¿cuál es ese punto que falta por pactar y que tiene frenado el avance del proceso de paz en La Habana (Cuba)?

Según conoció El Espectador, se trata de dos temas claves, uno para cada delegación negociadora. El Gobierno estaría empeñado en que en el acuerdo sobre justicia quede consignado o se deje constancia de que los presidentes y expresidentes tengan una especie de fuero especial y, por lo tanto, no puedan ser incluidos en la jurisdicción especial para la paz. Un tema polémico que el fiscal general, Eduardo Montealegre, e incluso el ministro de Justicia, Yesid Reyes, han alimentado con declaraciones en el sentido de que el expresidente Álvaro Uribe podría, eventualmente, ser investigado por el tribunal especial que se piensa crear.

Como se sabe, dicho tribunal es uno de los instrumentos de la jurisdicción especial, y será el encargado de juzgar e imponer sanciones a los responsables de los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros. El objetivo es blindar a los exmandatarios y al propio presidente Juan Manuel Santos, pues en un país de juristas como Colombia, es de esperar una lluvia de demandas contra ellos, y de todas partes.

Por el lado de las Farc, la talanquera tiene que ver con los detalles de la justicia restaurativa. Si bien la misma guerrilla ha dicho que es ese el camino para lograr la paz, consideran que es preferible no consignar de forma taxativa en el acuerdo puntos como la restricción de la libertad, por ejemplo. Sin embargo, la postura del Gobierno es que lo conveniente es fijar un marco claro sobre el tema, pues posteriormente los magistrados de la jurisdicción especial tendrán que interpretar esas penas restaurativas y podrían ordenar cosas peores.

Un tire y afloje que debe definirse más temprano que tarde en la mesa de negociaciones y sobre el que hay más dudas que certezas. O por lo menos así quedó claro ayer durante el foro “Desafíos institucionales del proceso de paz: justicia, refrendación y ordenamiento jurídico” -organizado por el Instituto de Ciencia Política , la Corporación Excelencia en la Justicia y El Espectador-, durante el cual varios expertos en la materia discutieron sobre las inquietudes que persisten en torno a los acuerdos y lo que se viene para el Estado tras la firma de un acuerdo final con las Farc.

El consenso sobre el tema parece ser la existencia de múltiples incertidumbres respecto a cómo funcionará sobre la marcha la jurisdicción especial para la paz, sobre todo en lo relacionado con la creación, composición y alcance del tribunal especial. Para el abogado Jaime Granados, ese es precisamente uno de los aspectos que más preocupa y que representa un desafío prioritario para la institucionalidad de cara a la paz. “La sola creación de un tribunal quebraría un principio constitucional cardinal en Colombia, que es el del juez natural. Además de eso, nuestro derecho no permite que extranjeros administren justicia en el país. Por otro lado, no está claro cómo va a ser la comparecencia ante dicho tribunal, si voluntaria o compulsiva, que en este caso pareciera ser la primera, aunque no está claro”, explicó el jurista durante su intervención en el evento.

Una inquietud con la que coincidió el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto, quien señaló que la escogencia de los magistrados que integrarán el tribunal es un tema sumamente delicado, pues las especulaciones al respecto han sido varias. “Se ha dicho que los jueces van a ser escogidos por las Farc y el Gobierno, pero eso a mí me parece un adefesio y una barbaridad. No sólo porque es preocupante que la guerrilla determine quiénes serán los encargados de juzgarlos, sino porque también elegirá a quienes juzguen a sus enemigos históricos”, manifestó Nieto, agregando que en la mayoría de experiencias internacionales las leyes y los jueces han sido preexistentes a la creación del tribunal.

Sin embargo, para Claudia Medina, directora en Colombia del Centro Internacional de Toledo para la Paz, el caso colombiano debe ser analizado a la luz de sus particularidades y teniendo en cuenta que el modelo de justicia transicional que se está proponiendo es el resultado de las lecciones aprendidas en procesos pasados, en especial con la Ley de Justicia y Paz: “Es importante entender que el punto de partida de la generación de un nuevo modelo de justicia fue el Marco Jurídico para la Paz, que desplazó de cierta forma la tradición jurídica de Colombia”.

De acuerdo con Medina, el actual modelo propone concentrar los esfuerzos en la figura de selección de crímenes graves, al tiempo que adopta la responsabilidad de no hacer una selección de máximos responsables, sino de incluir en la jurisdicción especial a todos aquellos que incurrieron en actividades delictivas con ocasión del conflicto. En ese sentido, señaló, el desafío estará precisamente en adoptar las enseñanzas que dejó el proceso de Justicia y Paz en cuanto a la priorización de procesos para poder cubrir más investigaciones, resolver más casos y evitar escenarios catastróficos de congestión.

En una orilla similar de la discusión se ubicó el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny, quien insistió en que la justicia transicional está sujeta a estándares que apenas están en proceso de construcción y que además tiene una particularidad: se hace en el marco de un proceso de paz con una guerrilla no derrotada. “Es un modelo adecuado si uno quiere darle un cierre jurídico en temas de justicia al conflicto. Es cierto que no sabemos cómo van a ser nombrados dichos jueces y que el tema de la restricción efectiva de la libertad aún no ha sido aclarado, pero en términos generales es un modelo bien orientado”, enfatizó el analista.

Lo cierto es que más allá de las discusiones y los puntos de desencuentro, el tema que sigue quedando sobre la mesa es la necesidad de que se den a conocer las especificidades de los 75 puntos del Acuerdo General sobre justicia para -con los elementos necesarios- abrir la discusión sobre los alcances reales que tendrá la jurisdicción especial para la paz en la construcción del posconflicto.