Los enredos en el proceso de Carlos Velandia

Mientras en la Fiscalía avanza el proceso por secuestro y homicidio en su contra, sus defensores aseguran que se violaron todas las garantías procesales de este ex jefe del Eln.

La detención lo tomó por sorpresa. Cuando Carlos Arturo Velandia pisó suelo colombiano, el pasado lunes 20 de junio, fue recibido por tres agentes de Migración Colombia que le comunicaron que el Juzgado Segundo Especializado de Cali había emitido una orden de captura en su contra el pasado 16 de abril, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo, hurto calificado y agravado.

El exguerrillero del Eln , que en sus tiempos de militancia se ocultaba bajo el alias “Felipe Torres”, es investigado por su supuesta participación en el secuestro de 70 personas en el kilómetro 18 de la vía que conecta Cali y Buenaventura, el 17 de septiembre de 2000. Por estos hechos, dijo el fiscal general (e), Jorge Perdomo, también se encuentran vinculados a la investigación formal los otros siete comandantes del Eln que como Felipe Torres pertenecen al comando Central (Coce) de esa guerrilla.

Para el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), que defiende al exguerrillero, la captura de Velandia es una jugada política, pues él es una pieza clave para destrabar la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el Eln y el Gobierno. Ante estas afirmaciones, la Fiscalía manifestó que sus actuaciones no responden a vaivenes políticos, sino a una serie de hechos concretos que son materia de investigación.

Pero eso no es todo. Según el director del CSPP, Franklin Castañeda, Velandia jamás fue notificado de la apertura del proceso en su contra, y mucho menos fue citado a dar una versión libre o a rendir indagatoria. “La Fiscalía hizo a escondidas todo este proceso”, le dijo a este diario. El ente investigador respondió que ante la falta de un domicilio en Colombia, Velandia fue vinculado al proceso como persona ausente, al igual que el resto del Comando Central del Eln.

Otra presunta irregularidad en el proceso tiene que ver con la expedición de la orden de captura en contra del exguerrillero. Castañeda denunció además que si la orden de captura es del 16 de abril, resulta inexplicable que Velandia lograra salir del país el pasado 3 de junio. “Creemos que ellos no hicieron efectiva esa orden para que se le vencieran los tiempos para solicitar una nulidad, y de esta manera poder llevarlo a juicio sin que pudiera defenderse antes”, señaló. Ante estos hechos, la Fiscalía aseguró que los responsables de la aprehensión sería Migración Colombia, entidad que aseguró que cuando Velandia salió del país, la orden en su contra aun no había sido subida a las bases de información comunes. Como quiera que haya sido, el CSPP señaló que esta es “una violación flagrante del derecho al debido proceso” del acusado.

Pero la mayor objeción del CSPP respecto a este proceso, es que no logran e xplicarse cuáles son los argumentos de la Fiscalía para vincular al exguerrillero con los hechos investigados a los hechos que rodearon el secuestro masivo. En primer lugar, dijo el vocero de esa organización, para el momento de los hechos Velandia se encontraba preso en la cárcel de Itagüí. Esta versión fue corroborada por Jaime Bernal Cuéllar, quien era procurador en esa época y precisamente estuvo al frente de la liberación de los secuestrados. “Esta persona estaba privada de la libertad y a ellos (los guerrilleros) les permitían el uso de comunicaciones exclusivamente para planear liberación de personas. Yo creo que es imposible que desde la cárcel estuviera planeando ese secuestro”, le dijo Bernal Cuéllar a El Espectador.

Ante esto, la Fiscalía reconoció que si bien Velandia estaba privado de su libertad desde 1993, por el contexto no era improbable que aun tras las rejas pudiera ejercer el mando, tal como ocurrió con varios jefes paramilitares. Castañeda argumentó además que cuando militó en esa guerrilla, Velandia fue jefe del frente Compañero Tomás, que funcionaba en el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, sitios lejanos al lugar donde ocurrió el secuestro. Sin embargo, la Fiscalía está convencida de que, por ser un alto dirigente del Eln, Carlos Velandia debe responder por estos raptos masivos, pues las órdenes de ejecutarlos salieron desde la cúpula a la que Velandia pertenecía como vocero nacional.

El ente investigador sustentó su hipótesis en informes de Policía Judicial que le habrían informado sobre esta posibilidad. No obstante Velandia aseguró en una carta pública que sus deudas con la justicia se saldaron el 8 de octubre de 2003, fecha en la que, además de recuperar la libertad, abandonó las filas del Eln. Ahora queda esperar que el Juzgado Segundo Especializado de Cali defina la fecha de inicio de juicio. Mientras tanto, Carlos Velandia continuará recluido en los calabozos de Paloquemao en Bogotá.