Los enredos por Gasollano

La Fiscalía intenta desenredar un proceso de extinción de una propiedad en Villavicencio que forma parte de un expediente sobre supuestas propiedades relacionadas con Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo”.

La estación de servicio Gasollano queda ubicada en Villavicencio.  / Foto: www.viveccv.com
La estación de servicio Gasollano queda ubicada en Villavicencio. / Foto: www.viveccv.com

El novelón por la estación de servicios Gasollano en Villavicencio ya lleva dos años. Un proceso de extinción de dominio, una supuesta extorsión y pago de dádivas son algunos de los pormenores de este enredado caso. El próximo capítulo se escribirá el 18 de julio, cuando la Fiscalía les impute cargos a Luis Acevedo y Óscar Acevedo Campiño –padre e hijo, dueños de Gasollano–, quienes en un principio se presentaron como víctimas de extorsión. Pero, según las pesquisas, intentaron a toda costa seguir administrando la gasolinera pese a que estaba embargada porque, al parecer, Acevedo era un colaborador de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, jefe paramilitar de los Llanos que murió en 2010 en un operativo de la Policía.

Gasollano es un ejemplo de los líos que existen por recuperar y administrar los bienes de la mafia. Un problema que poco a poco se ha ido solucionando en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que entró con el propósito de reorganizar el desorden y la corrupción que imperaban en la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Tan grande fue el lío de Gasollano, que a pesar de haber estado en manos del Estado por más de un año, éste no tuvo un control efectivo sobre la estación. Según los investigadores de la Fiscalía, Luis Acevedo continuó obteniendo ganancias a través de contratos irregulares con entidades públicas aun cuando, por orden judicial, ya no tenía control sobre la gasolinera.

La Fiscalía sostiene que entre el 4 de marzo de 2014 y diciembre de 2015, Luis Acevedo, ejerciendo como representante legal de Gasollano, firmó contratos con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, la Policía del Meta, el Hospital Militar del Oriente y el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional (Cenac) cuando la ley se lo impedía: quien sea propietario de un bien que está embargado por el Estado no tiene posibilidad de seguir lucrándose de éste.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de extinción de dominio continúa, el 27 de diciembre de 2015 la Fiscalía levantó el secuestro de Gasollano por orden de un juez. En pocas palabras, la estación dejó de ser administrada por la SAE y volvió a manos de Luis Acevedo. Fuentes del ente investigador explicaron que esta situación no exime de responsabilidades a los Acevedo, pues supuestamente los empresarios celebraron alrededor de 20 contratos con distintas entidades por más de $2.000 millones durante el embargo. Es por eso que les imputarán cargos el próximo 18 de julio por fraude procesal, fraude a resolución judicial y cohecho.

Toda esta historia comenzó el 28 de febrero de 2014, cuando la Fiscalía ordenó la extinción de dominio de Gasollano, propiedad de Luis Acevedo, a quien señalaban junto con otras cuatro personas de ser lugartenientes, testaferros y colaboradores de Cuchillo. El 4 de marzo de ese mismo año se hizo efectivo el embargo y la DNE nombró como depositario o administrador de Gasollano a Frei Quintero Camacho.

Cuatro meses después, el 9 de junio de 2014, Frei Quintero y su hermano Berney Quintero fueron capturados por el Gaula de la Policía por, supuestamente, extorsionar a la familia Acevedo. Fue el propio Luis Acevedo quien los denunció días antes porque le estaban exigiendo $100 millones a cambio de que pudiera seguir administrando su negocio sin que las autoridades se enteraran. Sin embargo, la Fiscalía descubrió otra historia.

Luego de ser capturados, los hermanos Quintero aceptaron su responsabilidad y declararon que con Luis Acevedo y su hijo Óscar existía un acuerdo desde el momento en que empezaron a administrar el bien. Contaron que luego de que a Frei Quintero lo nombraran depositario, Óscar Acevedo se les acercó y pactaron el pago de $3.000.000 mensuales a cambio de que los Quintero le dejaran administrar el bien. Todo se complicó en abril de 2014, cuando los hermanos Quintero le pidieron a Luis Acevedo otros $180 millones para, supuestamente, pagarles a dos funcionarios de la DNE que querían quitarles Gasollano.

Luis Acevedo y su hijo se negaron en un principio, pero, según las declaraciones de los hermanos Quintero, terminaron aceptando. Fue entonces que vino la denuncia en el Gaula y la captura. Desde ese momento los Acevedo han insistido ante jueces que son víctimas de los Quintero porque supuestamente los extorsionaron. Sin embargo, el Tribunal Superior de Villavicencio negó sus pretensiones el pasado 26 de abril al asegurar que, según las pesquisas de la Fiscalía, ellos habrían participado en una serie de acuerdos ilícitos.

Acevedo aseguró hace pocos días en medios de comunicación que pasó de víctima a victimario por denunciar a los hermanos Quintero, quienes, le confirmó la SAE a este diario, ya no administran ningún bien que esté a cargo de esa entidad. Lo que sí es cierto es que Gasollano regresó a manos de Luis Acevedo el 28 de diciembre de 2015, luego de que un juez ordenara desembargar la estación porque él, vía tutela, reclamó que Gasollano era su único sustento. El proceso de extinción de dominio, no obstante, continúa. La Fiscalía está convencida de que esa gasolinera sirvió para ocultar plata de Cuchillo.