Los escenarios de Mockus ante demandas en su contra que le impedirían ser senador

Una demanda de nulidad y dos de pérdida de investidura revivieron el debate sobre la supuesta inhabilidad que tendría el exalcalde de Bogotá para ocupar su curul en el Senado de la República.

Antanas Mockus fue el segundo senador más votado el 11 de marzo.Gustavo Torrijos - El Espectador

La vida pública de Antanas Mockus nunca ha escapado a las provocaciones. La segunda bajada pública de pantalones enmarcó el inicio de su paso por el Congreso y ese gesto ya lo tiene en la mira de la Comisión de Ética del Senado, que podría sancionarlo si llega a concluir que se trató de un acto que afectó “la moralidad pública” o la dignidad y el buen nombre de sus integrantes. Pero a su estreno polémico se suman ahora tres demandas en su contra, una de nulidad y dos de pérdida de investidura, que argumentan que supuestamente estaba inhabilitado para ser elegido.

Mockus se posesionó con el aval del Consejo Nacional Electoral, que lo liberó de dudas respecto a su supuesta inhabilidad por la firma del convenio Nº 000010 de noviembre de 2017 por valor de $428 millones, suscrito entre la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto y Corpovisionarios, fundación de la cual él fue presidente hasta el pasado 19 de marzo. Según se lee en el documento, el objetivo era aunar esfuerzos para apoyar el diseño y la implementación de un ejercicio de división compartida en el departamento, que desde el enfoque de cultura ciudadana contribuyera a la construcción de una mirada de paz por parte de la ciudadanía.

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Las dudas se generaron porque en un certificado de Cámara y Comercio del 12 de marzo pasado, Mockus figura como presidente de Corpovisionarios, y no quedó formalizado ante esa entidad que el dirigente político, desde 2006, delegó al director ejecutivo de la corporación la representación legal y la celebración de contratos. Ahora Mockus enfrenta dos demandas de pérdida de investidura que alegan que vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y piden su suspensión provisional. Además enfrenta una demanda de nulidad electoral.

El Espectador consultó a fuentes en el interior de ese alto tribunal e indagó la opinión de exconsejeros de Estado y, en términos generales, queda claro lo que se debe examinar en este asunto: la posible intervención personal de Mockus en la gestión de un negocio con una entidad pública y la celebración de contratos. En el primer caso no sólo deberá evaluarse si hubo lucro, sino la obtención de un beneficio en general. En segunda instancia se debe observar la participación del candidato en el contrato. En síntesis, se debe verificar si Mockus intervino para concretar el convenio o la firma del mismo o si delegó sus funciones para la referida contratación.

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El caso ya fue evaluado por el experto constitucionalista Rodrigo Uprimny, quien hizo un análisis en sus redes sociales citando pronunciamientos de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Su argumento es que Mockus no incurrió en la inhabilidad del artículo 179 de la Carta Política, que dice expresamente que no pueden ser congresistas quienes, seis meses antes de la elección, hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas. ¿La razón? Hasta donde se sabe, Mockus no habría hecho gestión alguna en el negocio, que es lo que podría generar directamente la inhabilidad.

Un fallo del 15 de abril de 2015 dice que se necesita comprobar que, durante seis meses antes a la elección, hubo “participación activa del demandado a través de diligencias conducentes al logro de un negocio que le reporte beneficios a él o a un tercero, bien de carácter lucrativo, bien de índole extrapatrimonial, y ante entidades públicas”.

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Esa misma decisión dice que esa gestión puede llegar a generar una inhabilidad aun si el contrato finalmente no se suscribió. Lo que importa es que la mera gestión haya generado una ventaja electoral “por la cercanía que le confiere a los elementos de poder frente a los demás candidatos que no tienen las mismas posibilidades para relacionarse con el sector oficial, y lo que de ello puede trascender a la comunidad electoral”.

Esa posición ya la adoptó la Sala al negar una demanda que pretendía anular la elección de Eduar Luis Benjumea Moreno como representante a la Cámara por el departamento del Amazonas para el período 2010-2014. Esa jurisprudencia ya tiene varios años de construida. Además, en 2007 se declaró la nulidad de la elección de Luis Alejandro Perea Albarracín como representante a la Cámara por Boyacá, luego de que se encontró que nunca se desprendió de la condición de presidente y representante legal de la Federación de Ganaderos de ese departamento, cuando intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a su elección en el Congreso.

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En ese sentido, es necesario ratificar si el candidato participó en actuaciones previas a la negociación utilizando su rol de candidato, para así conseguir mejor atención o agilidad en los trámites. Todas estas posibilidades dependen de lo que se pueda probar y hay antecedentes de decisiones contrarias tanto en debates sobre pérdida de investidura como por demandas de nulidad. En el caso de la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, el Consejo de Estado anuló su elección por un caso de contratación en el año 2009, pero no le declaró la “muerte política”.

Una exmagistrada explicó que, si los demandantes logran demostrar que el senador Mockus asistió a reuniones en nombre de Corpovisionarios previas a la solicitud de los contratos, seis meses antes de la elección, sería posible la declaratoria de inhabilidad. La demanda que ya radicó el abogado José Abuchaibe destaca que no hay un documento ante Cámara de Comercio que acredite la delegación de funciones de su representación legal y cita otras decisiones para decir que “sólo se delegan las funciones, mas no la responsabilidad”.

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El CNE estimó que no hay pruebas de que Mockus, de manera personal y activamente —es decir, de forma insistente y reiterada—, haya participado ante entidades públicas en búsqueda de beneficios. Además tuvo en cuenta que el exalcalde no firmó el convenio que creó la polémica y que renunció desde 2006 a ejercer la representación legal. “Ninguno de los documentos y declaraciones incorporados al expediente en el curso de la actuación ofrecen elementos de convicción adicionales que permitan deducir que, por alguno de sus extremos, se configure la causal constitucional de la inhabilidad en cuestión”, señaló el CNE en resolución del pasado 12 de julio.

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Redacción Judicial

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