Los españoles del carrusel

El contrato 071 de malla vial en el Distrito estuvo respaldado por un crédito que nunca existió. Piden que investiguen a grupo de constructores ibéricos por falsedad en documento.

Emilio Tapia y Julio Gómez, señalados de ser quienes supuestamente pedían dinero a contratistas a nombre de los hermanos Iván y Samuel Moreno, siguen negociando con la Fiscalía los términos de un preacuerdo para terminar anticipadamente el proceso penal por su participación en el llamado carrusel de la contratación. Este jueves tuvieron una reunión más, justo antes de la audiencia de formulación de imputación que está programada para viernes.

Y mientras se define su suerte, en la investigación siguen apareciendo las evidencias de las supuestas maniobras que adelantaron varios encargados de algunos contratos de obra del Distrito, que redundaron en irregularidades y en la pérdida de multimillonarios recursos públicos.

Uno de esos cuestionados contratos fue el 071 de 2008, adjudicado a la Unión Temporal GTM, para obras de la malla vial en Bogotá de las localidades de Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, con un presupuesto de $93.386 millones. La desfinanciación, los retrasos y las irregularidades con documentos llevaron a que el IDU le declarara la caducidad hace dos meses. En el escenario, detrás de esta obra, personajes conocidos: los Nule y Julio Gómez. A ellos se sumaron los españoles Grupo Franco y el empresario colombiano Javier Haddad.

Los motivos reales: la obra se encontraba desfinanciada, debido a que no contaban con la disponibilidad del crédito que se exigía. Al parecer este contrato siempre estuvo respaldado por dineros que nunca existieron. Primero, el amparo provenía de Translogistic S. A. (de los Nule) que tuvo que ceder su participación a comienzos de 2010, cuando reventó el escándalo del carrusel. Luego apareció el Grupo Franco Obras y Proyectos, empresa española que respaldó su cupo de crédito supuestamente con documentos falsos.

La adjudicación del contrato 071 se cocinó en una oficina paralela del IDU, en la que funcionarios del Distrito y contratistas direccionaron las licitaciones para poder adjudicarlas a empresas del Grupo Nule a cambio de un porcentaje. En el expediente del carrusel de la contratación se indica que en el proceso de diseño de licitaciones para poderlas direccionar supuestamente participaron los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia. Luego, Gómez formó parte de la Unión Temporal GTM, a través de la empresa Inca Ltda., que pese a no aparecer como propietario, sí estaban familiares de su esposa.

La irregularidad con el grupo español se descubrió en abril pasado y El Espectador conoció que el empresario Javier Haddad presentó una denuncia ante la Fiscalía por el delito de falsedad en documento privado contra José Ángel Cifre y Alejandro Franco, miembros del grupo español, por el supuesto fraude en los documentos que respaldaban su capacidad financiera.

Inicialmente, la Unión Temporal (UT) la conformaban los Nule (a través de su empresa Translogistic S. A.), Julio Gómez (con la empresa Inca Ltda.) y la empresa italiana Grandi Lavori Fincosit. La quiebra de los Nule, que los llevó a ceder el contrato de la calle 26, también afectó el contrato 071. Allí también tuvieron que ceder su participación (del 40%) y fue esta maniobra, aprobada por el IDU, la que dio entrada al grupo español con el 5% y el empresario Haddad con el 35%.

El compromiso de los españoles para ingresar a la UT era asumir el cupo de crédito requerido para el contrato. Sin embargo, lo que parecía una acción para salvar el contrato y garantizar el cumplimiento de los trabajos, que para entonces ya se encontraba con retrasos y en la mira de la Contraloría, dio paso a una irregularidad mayor: el Grupo Franco, que sería el que respaldaría la obra con un cupo de crédito de casi $18 mil millones, presentó documentos falsos.

En abril de 2010, cuando se dio la cesión de la participación de los Nule, el Grupo Franco presentó un crédito aprobado por la Caja Rural de Mediterráneo (Ruralcaja), que estaría vigente hasta que terminara el contrato. H&H Arquitectura negoció con el Grupo Franco la compra de los derechos patrimoniales (5%) en la Unión Temporal por casi US$360 mil. Pero le exigía que debía mantener el respaldo del crédito.

A comienzos de año, la interventoría del contrato pidió una actualización de dicho crédito. En esta oportunidad el IDU sí verificó y recibieron un oficio de Ruralcaja en el que decía que el documento que hablaba del crédito era una falsificación. El caso ahora se suma a la investigación, para poder establecer hasta qué punto tienen responsabilidad los españoles del carrusel.