Los falsos positivos que “Duncan” le habría entregado a los militares

Detalles del llamado a juicio contra Carlos Hernández Ossa, exparamilitar y exjefe de la Oficina de Envigado. Según la Fiscalía, acordó entregarle al Ejército a cinco civiles a cambio de no ser perseguido.

El pasado 3 de enero en la noche, en un avión de la Policía y escoltado por funcionarios de la Interpol, llegó a Bogotá desde Lima un hombre llamado Carlos Hernández Ossa, conocido como Duncan o Jerónimo, a quien el presidente Juan Manuel Santos llamó “el último gran capo de la Oficina de Envigado”. Duncan no alcanzó a completar 24 horas en el país cuando ya enfrentaba un nuevo lío judicial: el lunes 4 de enero, una fiscal especializada de la Dirección de Derechos Humanos lo llamó a juicio, junto con tres exparamilitares más, por el asesinato de cinco civiles. Se trata de un grave episodio en el que, según el expediente, “paras” a cargo de Don Berna y militares de la Cuarta Brigada de Medellín aparecen como aliados.

El documento de 45 páginas, conocido por este diario, relata una macabra historia protagonizada por el bloque Héroes de Granada, que comandaba Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, uno de los más vinculados con el narcotráfico, razón por la cual varios de sus hombres, entre ellos alias Duncan, pasaron con facilidad de ser paramilitares a integrantes de la Oficina de Envigado. Antes de que ese cambio ocurriera, Duncan y tres “paras” más pactaron con un grupo de militares secuestrar a cinco civiles de La Ceja y Medellín (Antioquia). El trato era que el bloque Héroes de Granada se los entregaría a militares para que éstos los presentaran como guerrilleros muertos en combate, a cambio de que la Fuerza Pública dejara a los “paras” en paz por un rato.

Todo se remonta a 2005: Yini Montoya Villa (17 años), Carlos Osorio Berrío (17 años), Luz Marina Pava (20 años), Carlos Alberto Monsalve (30 años) y Jairo Mena Borja (38 años) fueron elegidos para morir en este plan criminal y raptados entre el 12 y 15 de abril de ese año. Los tres primeros fueron transportados hasta Rancho Triste, una especie de base que utilizaba el bloque Héroes de Granada para esa época, y allí permanecieron durante un día y una noche. Después “fueron recogidos por miembros del Ejército que se transportaban en una camioneta Turbo”, sostuvo la Fiscalía en el escrito de acusación contra Duncan y otros miembros del bloque Héroes de Granada, el cual se desmovilizó cuatro meses después de estos asesinatos. Luego fue el turno para Carlos Monsalve y Jairo Mena.

Según las confesiones, los cinco fueron llevados a un sitio conocido como Martín, que era la entrada a otra base de las Auc llamada Alcatraz. De allí fueron trasladados a Santa Rita, zona rural de San Carlos (Antioquia). En ese lugar pasaron la noche. Los paramilitares se referían a ellos como “la encomienda”. Al día siguiente, muy temprano, caminaron hasta un lugar conocido como cerro La Leona, donde, según el ente investigador, los esperaba un grupo del batallón Granaderos, que “les dio muerte”. El paramilitar Edwin Fabián García, alias Felipe, aseguró que esos falsos positivos se dieron para evitar una operación por parte del Ejército: “Cuadraron para que el Ejército se metiera, reportaran las bajas y a nosotros nos dejaran quietos”.

Según Felipe, los paramilitares contrataron a Éiver Bedoya, alias Puntilla, para que guiara al Ejército hacia el lugar de la entrega de las cinco personas. Todo por solicitud de un cabo del B-2 (inteligencia militar) y un teniente, quienes supuestamente se reunieron momentos antes con un hombre cercano a Duncan, que era José Alexánder Osorio Morales, alias Candado, para ultimar detalles. “Mientras que ellos organizaban la subida por ese lado, en Alcatraz estaban organizando la subida de la gente con uniformes”, confesó otro paramilitar llamado Famer Rueda Vasco. Mientras tanto, las familias de los cinco secuestrados hacían lo que podían dentro de sus posibilidades para dar con ellos.

Rueda Vasco declaró que, tras los asesinatos, los militares se encargaron de sacar los cuerpos “en hamacas” porque “el helicóptero no fue ese día”. El paramilitar dio otros esclarecedores detalles sobre el macabro plan que supuestamente se ejecutó con gente del Ejército. Relató que cuando se encontraron con el comandante del batallón Granaderos para entregarle los secuestrados, éste se molestó. El hombre, al que Rueda Vasco dijo no haberle visto el nombre “porque tenía la pañoleta tirada sobre el nombre y no lo conocía de antes”, estaba inconforme porque los paramilitares, supuestamente, habían incumplido el acuerdo al que habían llegado en Envigado tras el encuentro con alias Duncan, quien, además, es un cabo en retiro.

El grupo paramilitar, al parecer, se había comprometido con ellos a llevarles los “conejos” —las personas que iban a ser ejecutadas— y las armas para ponerles a los secuestrados y hacer con ello que parecieran guerrilleros muertos en combate. Pero no había suficientes armas. “Yo le había entregado un truflay (un lanzagranadas), como dos fusiles y una parte en explosivos y él me pedía armas para todos los cinco que iba a ejecutar. Entonces me dice que le dé un arma de uno de mis hombres. Y yo le dijo que no, que eso no puede ser”, dijo Rueda Vasco. Al final, “nosotros se los entregamos y nos devolvimos”, dijo alias Felipe.

Entonces viene la otra parte de la historia: la contada por los militares.

La versión oficial

De acuerdo con un informe de operaciones suscrito por Jaír Arias Sánchez, comandante de la compañía Baluarte, “el 16 de abril de 2005, a eso de las 10:00, se escuchan disparos, detonaciones y ráfagas”. Los militares reportaron que se habían acercado al lugar donde, según ellos, se escuchaban esas explosiones y, al lado de una casa, encontraron “un cadáver de sexo masculino vestido con prendas militares y con un fusil AK-47”. Dentro de la casa hallaron “un cuerpo femenino vestido también con prendas militares y con otro fusil; en la parte baja de la casa, un revólver y un radio; a 150 metros de esos elementos, otro cuerpo de sexo masculino con un bolso que en su interior tenía tres minas de fabricación casera”.

El informe sigue: “En el mismo sector parte de la tropa al mando del sargento (Carlos Armando) Castaño informa que a unos 400, 500 metros se moviliza un grupo armado uniformado no identificado que hostiga al Ejército, razón por la cual se presenta fuego cruzado. Los miembros del Ejército inician una persecución y, al hacer registro del área, se encuentran dos personas muertas de sexo masculino, uniformadas, uno con un fusil AK-47 y un chaleco y el otro con lanzagranadas M-79”. Las mismas armas descritas por Rueda. Pero los muertos no eran guerrilleros sino tres jóvenes de La Ceja (Antioquia), Yini Montoya, Luz Marina Pavas y Carlos Eduardo Osorio, y dos vendedores ambulantes de Medellín, Carlos Monsalve y Jairo Mena Borja.

Seis uniformados fueron investigados por estos hechos: el comandante del grupo, Jaír Sánchez, el subteniente Carlos Armando Castaño, el cabo primero Juan Ancízar y los soldados profesionales Pedro Rafael Gómez, Carlos Arturo Sánchez y Marco Antonio Cifuentes. Todos ellos fueron citados a indagatoria y señalaron lo mismo: “Que no fueron ellos quienes los mataron, que no saben quiénes los mataron ni quiénes eran los muertos o a qué grupo ilegal pertenecían. Que recogieron los cinco cuerpos, los sacaron en hombro hasta un sitio conocido como Las Antenas, donde los recogió la volqueta del municipio de San Carlos y los llevó a la morgue”. Otros tres soldados que hicieron parte del operativo dijeron lo mismo.

El 17 de enero de 2006 el Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra de los seis uniformados y le puso fin al proceso, al no hallar responsables de los homicidios “a ninguno de los militares”. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior Militar el 23 de agosto de 2006. El Tribunal, a su vez, ordenó remitir copias a la justicia ordinaria para que continuara la investigación “contra los verdaderos autores de los homicidios”. Pese a haber salido bien librados de este proceso, dos de los uniformados investigados, el hoy coronel Jaír Arias Sánchez y el capitán Carlos Armando Castaño, se encuentran detenidos por su presunta participación en dos falsos positivos perpetrados en Nariño (Antioquia) en 2004.

En el caso de los paramilitares involucrados, la Fiscalía se demoró ocho años, hasta el 23 de julio de 2013, para poner a andar la investigación. No fue sino hasta el 1° de junio de 2015 que ordenó el arresto de cuatro de ellos, incluido Carlos Hernández Ossa, alias Jerónimo o Duncan. Ahora se espera el comienzo del juicio contra él y tres exparamilitares más: José Alexánder Osorio Morales, alias Candado; Éiver Alonso Bedoya, alias Puntilla, y José Abelardo Alcaraz, alias Ruso. Duncan estuvo prófugo cinco años, pues en abril de 2010 un juez de Bogotá le concedió casa por cárcel y entonces se fugó y pasó a ser el encargado de mover la droga de la Oficina de Envigado por Perú y Ecuador. El “último gran capo” fue detenido, aunque la Oficina ha demostrado que siempre tiene un nuevo capo.