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El poder del cuestionado magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub no se reduce al ámbito judicial de Córdoba, su tierra natal. De acuerdo con varias denuncias y documentos conocidos por El Espectador, el hasta hace poco presidente de la Corte Constitucional tiene a varios de sus familiares trabajando en la Universidad de Córdoba o como contratistas de ésta, la única institución de educación superior del departamento, que durante años sufrió la infiltración del paramilitarismo, por medio, puntualmente, de la mano corruptora del extraditado exjefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso
Entre los contratistas se encuentra Juan Álvaro Restrepo Pretelt, su sobrino, quien lleva varios años como contratista de esta entidad. En 2013 fue beneficiado con seis contratos por un total de $194 millones. Casi todos ellos fueron para el “mantenimiento de los vehículos de la universidad”.
El 23 de enero de 2014, por medio del Contrato 0008 de ese año, Restrepo fue contratado por $62 millones para la “prestación del servicio de serviteca a los vehículos pertenecientes a la Universidad de Córdoba”. Restrepo es hijo de la exconcejal de Montería Olga Pretelt Chaljub, hermana del magistrado y muy cercana al congresista por el Centro Democrático Daniel Cabrales. La suegra de Restrepo y consuegra de Pretelt, Martha Arroyo Franco, es la jefa de Contratación y Adquisición de la universidad y ha sido varias veces secretaria general encargada.
Otra persona que, de acuerdo con los testimonios, es cercana a Pretelt es el empresario Efraín Ignacio Pretelt Román, representante legal de la firma Prosegur, que ha sido contratada en varias ocasiones para prestar el servicio de vigilancia en el interior de la institución. Por ejemplo, por medio del Contrato 0030 de 2014, fue contratada para la prestación del servicio de seguridad privada y protección a varios muebles e inmuebles por un valor de $455 millones.
En lo que a empleados se refiere, en ella trabaja Álvaro Enrique Fadul Chadid, esposo de María Estela Patrón López, quien es la hermana de Martha Ligia Patrón López, la esposa del magistrado Pretelt, recientemente llamada a interrogatorio por la Fiscalía por supuesta acumulación de baldíos. Fadul fue nombrado profesional especializado en la Sección de Presupuesto de la División de Asuntos Financieros el 13 de febrero de 2013 por la rectora Alba Manuela Durango. Por su parte, la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Tatiana Margarita Romero Luna, designada en julio de 2014, es esposa de Mauricio Pretelt, quien, según los testimonios, es primo del magistrado.
Otra familiar de Pretelt vinculada a la universidad es Elena Margarita Villarreal Pretelt, quien, de acuerdo con los denunciantes, es prima hermana del magistrado. Villarreal fue vinculada al centro educativo como secretaria adscrita a la Unidad de Desarrollo Empresarial y Transferencia Tecnológica el 30 de abril de 2012, por orden del entonces rector Emiro Madera Reyes. Su hija, María Virginia Lorduy Villarreal, fue durante varios años secretaria general de la universidad. Igualmente, los denunciantes señalan como supuestas cuotas de Pretelt al jefe de Logística, Óscar Petro Rodríguez; a la jefa de la Oficina de Archivo, María Eugenia Rivas, y a la encargada del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Diana Carina Martelo.
Muchos de estos nombramientos se hicieron durante las administraciones de Emiro Madera y de la rectora Durango. En el caso de Durango, hay testimonios de que Pretelt fue de vital importancia para que ella venciera a Hárold Bula en 2012, al parecer, convenciendo al entonces consejero de esa entidad, el conservador Cecilio Abdala de apoyar a Durango, conservadora y oriunda de Ciénaga de Oro (Córdoba), fortín de la familia Pretelt desde la época en la que Ricardo Pretelt, padre del alto funcionario judicial, era representante a la Cámara.
Con la elección de Durango, el conservatismo rompió con la hegemonía de Mayorías Liberales, una facción del Partido Liberal que durante años estuvo a la cabeza de ese centro educativo. El Espectador intentó comunicarse con la rectora, Alba Manuela Durango Villadiego, pero no contestó su celular ni respondió a los mensajes que se le enviaron por correo electrónico y por whatsapp. Por su parte, el magistrado Pretelt, al ser contactado, dijo que sólo tenía a un familiar en este centro educativo, un tal Luis Carlos López Pretelt, y luego no volvió a contestar las preguntas que se le hicieron a su contacto de whatsapp.
De la Unicórdoba a la Fiscalía
Hoy el fiscal Eduardo Montealegre y el magistrado Jorge Ignacio Pretelt se encuentran profundamente distanciados por cuenta del proceso contra la esposa del alto funcionario judicial. Sin embargo, el mismo Pretelt ha dicho que esa distancia no fue siempre igual y se refirió, puntualmente, al supuesto tráfico de influencias que motivó la salida de la directora seccional de Fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño. En entrevista con W Radio, Pretelt dijo que el jefe del ente investigador, “en su casa, en su apartamento, me preguntó quién podía ocupar la Dirección Seccional de Fiscalías de Córdoba. Le manifesté en ese momento que no sabía, pero que iba a averiguar por una persona, Gilma Londoño, persona de más de 18 años al servicio de la entidad. Le dije que era una dama honesta, incorruptible, que podía regir los destinos de la Fiscalía de Córdoba. La nombró, y ahora con semejante operativo la quitan, porque simplemente tiene vínculos con Jorge Pretelt”.
Sin embargo, en los documentos conocidos por este diario, se señala que el de Londoño es apenas uno de varios casos de personas relacionadas con Pretelt que terminaron trabajando en la Fiscalía en Córdoba. De hecho, tres de los ya mencionados han trabajado tanto para el ente investigador como para la universidad: Juan Álvaro Restrepo Pretelt, Efraín Ignacio Pretelt Román y Marta Virginia Lorduy Villarreal.
En el caso de Restrepo, por medio del Contrato 010 de 2014, fue empleado por el ente investigador para prestar el servicio de mantenimiento “a los vehículos que integran el parque automotor de la Seccional Córdoba de la Fiscalía”, por un valor de $196 millones. Por su parte, Prosegur, la empresa de la que forma parte Efraín Ignacio Pretelt, por medio del Contrato 024 de 2014 prestó el servicio de vigilancia y seguridad privada por $2.405 millones.
El caso de Marta Virginia Lorduy Villarreal es particular, debido a que en menos de un año hizo el salto de la Universidad de Córdoba a la seccional de la Fiscalía en ese departamento, entonces dirigida por Gilma Londoño, donde fue contratada como subdirectora seccional de Apoyo a la Gestión. Los denunciantes señalan al respecto que “lo cierto es que en Córdoba les temen a los alcances y al poder que este señor ostenta en la Fiscalía, gracias al señor Montealegre, quien hoy se rasga las vestiduras, afirmando que no era conocedor del tráfico de influencias que ejercía Pretelt, cuando en realidad todos los nombramientos fueron hechos por su despacho, como el de Lorduy Villarreal, que le fue presentada por el magistrado mismo en almuerzo en su residencia”.
Serán las autoridades judiciales las que determinen la veracidad de estas denuncias conocidas por este diario y si todas estas personas son cuotas del magistrado Pretelt o no. Mientras tanto sigue la controversia por el supuesto tráfico de influencias en el interior de la Corte Constitucional y la renuencia de Pretelt a retirarse de su cargo. Ha dicho que si renuncia, “nos vamos todos”.