Los gastos de la contralora Morelli

En la mira están pagos por gasolina para carros que no forman parte de la Contraloría y los contratos de dos conductores y una secretaria.

La contralora general de la República, Sandra Morelli, hoy investigada por la Auditoría General. / Archivo - El Espectador

Bajo la lupa de la Auditoría General de la República se encuentran unos gastos realizados por la contralora Sandra Morelli que, al parecer, le han causado un detrimento patrimonial al Estado por $118 millones: $6’802.000 gastados en gasolina para dos carros que no son de la Contraloría y $111.299.000 en tres contratos. En desarrollo de unas pesquisas, El Espectador conoció de documentos que dejan en evidencia estos supuestos gastos, gravosos para las arcas de la Nación.

De acuerdo con los documentos conocidos por este diario, entre agosto de 2011 y julio de 2012 la Contraloría gastó $4’279.000 en gasolina para un Toyota blanco de placas BMK485, de propiedad de una empresa Invercad y que no se encuentra en los registros de esa entidad. Lo mismo ocurre con el carro de placas BWK485, de propiedad de la contralora Sandra Morelli, y en el que entre enero y agosto de este año se gastaron $2’523.835.

En 2011, este carro Toyota Prado gris fue vendido por la Federación de Cafeteros, gerenciada en su momento por Morelli, a la contralora, según documentos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Estos gastos son investigados por la Auditoría General, porque significarían un presunto abuso por parte de la funcionaria.

Los otros gastos que investiga la Auditoria son tres cuestionados contratos: el de dos de los conductores de Morelli, Samuel Bejarano y José Manuel Sánchez, y una secretaria, Amanda González. De acuerdo con estos contratos, firmados el año pasado, por 11 meses y 15 días de trabajo, la Contraloría se comprometió a pagarles $73 millones a cada uno, es decir, $6’348.000 mensuales. Según los documentos conocidos por El Espectador, un auxiliar administrativo grado 3, como lo son Bejarano y Sánchez, tiene, normalmente, un salario mensual de $2’746.438, es decir, una diferencia de $3’601.562 en favor de Bejarano y Sánchez. En el caso de González, secretaria ejecutiva grado 6, la diferencia es de $2’475.052.

Con los agravantes de que de estos dos conductores, uno se desempeñaba como conductor privado de la contralora y que la Contraloría ya cuenta con dos auxiliares administrativos grado 3 y un auxiliar operativo conductor grado 2 que cumplen funciones similares a las de Bejarano y Sánchez, y que fueron contratados por libre nombramiento y remoción, una figura posiblemente menos gravosa que la de prestación de servicios por la que fueron contratados estos dos conductores.

En el caso de González, la Contraloría ya cuenta con dos secretarios ejecutivos. En total, el supuesto detrimento es de $118’101.873. Hoy, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, define la recusación que hizo la contralora Morelli en contra de la auditora Laura Emilse Marulanda porque, en su criterio, no es imparcial a la hora de investigarla debido a que, según la contralora, es enemiga suya. La auditora ha rechazado estos señalamientos. El jefe del Ministerio Público tiene la última palabra.

Este diario intentó comunicarse con la contralora. Sin embargo, al cierre de esta edición no había respondido a los señalamientos hechos en estos documentos. Morelli ha sostenido que su administración ha sido limpia y eficaz, y que el problema es que ha pisado los callos de muchos corruptos. La Auditoría trata de esclarecer si esto es cierto.

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