Los graves casos de corrupción en La Guajira

Fue mediante la celebración de millonarios contratos que un grupo de funcionarios públicos, contratistas y particulares lograron desfalcar al departamento de La Guajira. La práctica fue sistemática y se expandió por todos los sectores: salud, educación, alimentación, atención a la primera infancia, obras públicas, entre muchos otros.

Mientras se enriquecían con los recursos públicos los habitantes del departamento sufrían las consecuencias de estos hechos de corrupción. Por esto la Fiscalía General abrió una investigación conocida como “Bolsillos de Cristal”, esto en referencia a los hechos que rodearon el robo de millonarios recursos destinados a atender a los más vulnerables.

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez señaló que en el desarrollo de la investigación se estableció que en la celebración de los contratos de alimentación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guaira se presentó un peculado por 1.400 millones de pesos.

Los investigadores encontraron además facturas falas con las que se habrían cobrado 500 millones de pesos por contratos de alimentos con el ICBF para infantes y madres lactantes. Además de cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y el pago a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.

El ente investigador analiza la celebración de dos contratos por un valor superior a los 3.421 millones de pesos destinados a la atención de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres lactantes. La indagación preliminar señala que se habría presentado un peculado de $1.495 millones.

Por estos hechos serán citados a imputación de cargos 14 personas por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. En el operativo conjunto han sido capturadas 12 personas entre las que se en cuentan contratistas, funcionarios del ICBF, proveedores, trabajadores de las Fundaciones –principalmente Asomilenio- y particulares.

Agua no apta para el consumo humano

La Fiscalía General les imputará cargos exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos y a otras 11 personas. ¿La razón? Las irregularidades que se presentaron en la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueductor del corregimiento de Camarones. El exmandatario deberá responder por los delitos contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El ente investigador determinó que se presentaron irregularidades en la ejecución del contrato que tuvo un valor superior a los 12.102 millones de pesos. Se pudo establecer que la inversión efectuada por la Alcaldía no correspondía a las obras construidas por el contratista –Aguas para un Pueblo-, que además subcontrató el total de la obra con terceros.

El Acueducto fue terminado pero a la fecha no funciona puesto que el agua no es apta para el consumo humano. Para la Fiscalía en la construcción de este millonario proyecto se superaron los plazos establecidos y se registró un sobrecosto.

Salud

Entre 2014 y 2016 la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao cobraron de manera ilegal recursos del sector de la salud mediante traslados inconclusos de afiliados indígenas a otras IPS. De esta forma crearon una doble afiliación recibiendo pagos indebidos del Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga).

Por estos hechos son procesadas ocho personas mientras que otras cuatro serán capturadas para que respondan por los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación y falsead en documento público.

Megacolegios

El exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012) tendrá que responder por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por los sobrecostos en la construcción de 42 megacolegios por un valor superior a los 149 mil millones de pesos.

La Fiscalía encontró facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento por 22 mil millones de pesos. Por estos hechos son procesados tres personas y se ordenó la captura de otras nueve.

Departamento fallido

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez aseguró que la primera etapa de la investigación por la corrupción en La Guajira “comprometen la responsabilidad de dirigentes públicos, empresarios, miembros de la comunidad Wayúu e inclusive funcionarios judiciales”. En su concepto este desfalco a las arcas del departamento fue sistemático y constante.

“Obliga a las autoridades y a la propia ciudadanía a desarrollar las acciones necesarias para que La Guajira no termine siendo un caso de departamento fallido.