Los guardianes del yagé, confinados por la violencia

Indígenas Siona del Putumayo denuncian que desde hace cuatro semanas, la mitad de su población está confinada gracias a nuevas minas antipersonales y un toque de queda impuesto por actores armados. Presentarán sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a delegados indígenas Nukak de Guaviare y Embera, de Chocó.

El pueblo Siona es uno de los 34 pueblos indígenas que la Corte Constitucional declaró como "en peligro inminente de extinción cultural" en 2009. La suma ha ascendido a 67 pueblos en peligro los últimos 9 años.Cortesía de Amazon Frontlines

Un abuelo del pueblo Siona, de Putumayo, habla en idioma durante casi dos minutos, sin parar. La tragedia le cruza la cara. El traductor (otro indígena Siona, mucho más joven) retoma la palabra del abuelo: “El pueblo siona está en peligro de extinción. Casi 1.000 personas están confinadas en tres de los seis resguardos y cabildos que tenemos en Putumayo porque hay hostigamientos con grupos armados. Somos gente de chagra y yagé, y esta situación no nos permite ejercer nuestra medicina tradicional”.

En 2016, varios indígenas Siona emprendieron un largo viaje de 20 horas desde sus cabildos en Putumayo hasta Bogotá. Llevaban un Plan de Salvaguarda de 173 páginas bajo el brazo para disputar su decisión de no dejar entrar a la empresa Amerisur Resources, una compañía británica que en ese entonces tenía la intención de explotar petróleo en la frontera de sus resguardos, cerca de Puerto Asís y Leguízamo (Putumayo). La empresa ganó el derecho a explorar 54.433 hectáreas del Bloque PUT12 en una subasta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a pesar del NO que resultó ganador en una consulta previa realizada en 2014.

Esta semana, la grave situación de orden público los ha obligado a volver a Bogotá. Nueve voceros del pueblo Siona (declarado en peligro de extinción por la Corte Constitucional en 2009) hicieron el rito del yagé con sus médicos tradicionales, pidieron protección, y viajaron a la capital. Ya no es la empresa, sino la guerra la que se ha instalado en sus territorios. El Espectador habló con ellos:

¿Dónde está ubicado el pueblo Siona?

Voceros Pueblo Siona: Somos un pueblo ancestral de Putumayo, somos “gente de chagra y yagé”. Como tal en Putumayo hay 15 pueblos indígenas, entre esos nosotros. Los Siona somos 12 comunidades y tenemos 2.668 personas repartidas en seis resguardos y seis cabildos que suman 19.400 hectáreas. Como vivimos a la vera del río Putumayo, que es navegable, y en la frontera entre Ecuador y Perú, hemos estado en medio de muchos conflictos hace años.

¿Qué es lo que está pasando en su territorio?

VPS: Está muy preocupante desde hace cuatro semanas. La situación actual de las 1.000 personas que viven en los Resguardos Gonzaya (Buenavista), Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) y cabildo Yocorobë (Santa Helena) es de confinamiento por los actores armados que están en el río Putumayo. No se puede navegar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, está prohibído, y esto impide que recojamos nuestro alimento y que desarrollemos nuestra espiritualidad, sobre todo la medicina tradicional del yagé.

¿Por qué sus ritos de yagé y de medicina están en peligro?

VPS: Esto para nosotros es lo más importante, la espiritualidad. Es muy difícil para un mayor ir a buscar sus plantas medicinales a la selva porque ya no es fácil transitar. Solo hasta un punto usted encuentra bejucos de yagé, yoco y otras medicinas para purificar, y si en el transcurso pisa una mina, o le dicen que no puede pasar, es grave.

Lo otro es que nuestros ritos ceremoniales no los hacemos en cualqueir casa. Lo hacemos hacia el fondo de la selva en una casa especial a una hora o más, y vamos en la noche. Así que depende de los actores armados que podamos pasar, eso hace que ya la espiritualidad se sienta contaminada, las autoridades se sientan saboteadas porque no nos dejan desarrollar nuestras prácticas tradicionales.

¿En qué momento o porqué se agudizó la situación en los tres resguardos?

VPS: Empezamos a denunciar la presencia de nuevos armados desde enero de 2017. Ahí fue cuando comenzaron a aparecer panfletos firmados por paramilitares Gaitanistas, Águilas Negras y por un grupo que nos dijeron eran Los Comuneros, una disidencia de las FARC. En ese tiempo querían impedir algunas actividades y anunciaban la limpieza social. Pero a mediados del año pasado ya se hizo real y desde esa época han matado a siete personas, cuatro indígenas y tres mestizos. 

¿Cómo han cambiado las cosas en este último mes?

VPS: El confinamiento es lo más grave, lo que más ha afectado. Nosotros podemos movilizarnos por el río y dentro del resguardo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero eso limita nuestras tareas diarias. Nuestra Guardia Indígena se ve expuesta porque ellos tienen que estar vigilando a los que entran al territorio y deben caminar la selva todo el tiempo. Solo nos exponemos gracias a la espiritualidad que nos protege. Pero si se llega a enfermar un niño no hay manera de sacarlo, se puede morir, y por allá no se ve una brigada de salud.

También ir a las chagras se vuelve un riesgo. Si un indígena va a recoger su alimento, se puede encontrar con un armado, y ya no sabemos quiénes son. Ya nada sale y nada llega. Nuestra pesca, que tradicionalmente es de noche se vio afectada, y de nuevo, nuestra medicina también.

¿Y cómo se han identificado esos grupos armados?

VPS: Hay de todo. Por un lado, el Ejército Nacional que está en la zona está protegiendo a la empresa Amerisur, que tiene dos plataformas en la frontera de uno de los resguardos, y obviamente cuando entran a hacer la sísmica vienen custodiados por militares. Por eso comienza una guerra territorial con los disidentes que ya había cerca del territorio, incluso adentro de los resguardos.

Como no les conviene esa situación, las FARC comenzaron a poner minas nuevas en la frontera del resguardo y adentro. También se han enfrentado. Cuando eso nosotros estábamos en una casa ceremonial tomando nuestro yagé, 11 o 12 de la noche, concentrados con la medicina, y escuchábamos ráfagas y explosiones. Así nuestra fuerza y espíritu se debilita y se va.

Mientras se hacía el Acuerdo de Paz, la situación se calmó un poco, pero ahora es peor porque antes se identificaban, ya no sabemos quién es quién. La Guardia Indígena que hace el control territorial a veces se los encuentra de frente en sus rondas y toca explicar nuestro proceso y que ninguno de ellos es bienvenido en nuestro territorio.

El peligro es mayor para la Guardia Indígena entonces…

VPS: Sí. Para hacer los recorridos necesitamos armonización espiritual y se nos ha dificultado. Una de las situaciones complejas que tenemos es poder identificar dónde están las minas. Hace años que sabemos por dónde no se puede andar, pero ahora ya no sabemos dónde están plantando las nuevas y ya no es como antes que las FARC nos señalaba más o menos dónde estaban para no irlas a pisar.

Por otro lado, la Guardia ha frenteado a los del Ejército y la guerilla para contarles cómo funciona nuestro sistema político, social y espiritual, pero en los últimos días, uno nos dijo ‘no pueden dejar entrar a los militares en su territorio porque si los dejan, son objetivo militar y ustedes también’.

¿Han muerto personas por pisar nuevas minas antipersonales?

VPS: Como le digo, hace mucho tenemos minas. En junio de 2017 cuando se empezó a poner grave, vino una misión de verificación al resguardo Buenavista para ver los impactos de Amerisur y del conflicto armado, pero ninguna al cabildo Yocorobe (Santa Helena) y Santa Cruz de Piñuña. Hicieron un informe de 80 páginas con testimonio de compañeros y se hicieron recomendaciones. Una era el desminado humanitario y otra la protección de los líderes. Sobre la primera no se ha hecho nada y al contrario, hay más minas, la verdad nos sabría decirle cuántas más. La otra es que uno de los dirigentes fue amenazado de muerte y otros dos tienen medidas, pero nos sirven.

¿Por qué considera que las medidas de la UNP no sirven?

VPS: Porque un líder se desplazó el año pasado después de una amenaza y pudo retornar por la seguridad que le presta la Guardia. Los otros dos nunca se retiraron, y les pusieron protección. Les dieron chalecos antibalas, pero imagínese usted en la selva de Amazonas con un chaleco de esos. Eso no garantiza seguridad. Otro mecanismo era un celular, pero en ninguno de los resguardos coge señal, toca irse a Puerto Asis o a Mocoa, si pasa algo, no podemos comunicarlo, y tampoco hay radios. La siguiente medida fue darles carro, pero al resguardo solo se llega por río, de pronto eso sí les sirve cuando vayan a Puerto Asís que hay pavimento. La otra fue ponerles guardaespaldas. Nosotros exigimos que el escolta fuera de la Guardia Indígena porque ellos son los que se conocen las trochas y la gente, pero como (la UNP) exige que sean acreditados,y nadie en la Guardia lo es, no se pudo.

¿Han recibido respuesta del Estado colombiano?

VPS: Hemos hecho mingas de resistencia por el abandono estatal. Por parte de la Defensoría del Pueblo hay informes desde 2002 que dan cuenta del riesgo del pueblo Siona, y muchas alertas tempranas. En 2009, la Corte Constitucional nos declaró como un pueblo en peligro de extinción, y si esto sigue así se va a cumplir. Son 1.000 de las 2.000 personas del pueblo Siona que están en confinamiento.  Por eso vamos a la audiencia con la CIDH.

¿Qué esperan de la audiencia en la CIDH?

VPS: Que nos oigan. Está muy grave y le repito, si no hacemos algo ya, nos van a acabar. No son solo las últimas cuatro semanas. Nosotros estamos dispuestos a dejar entrar al ICBF, a los médicos occidentales (después de hacer un rezo nosotros sobre el enfermo), a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a todos para que vean qué es lo que está pasando.

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La situación con los indígenas nukak, en Guaviare, tampoco es alentadora. Uno de los líderes nukak (que prefiere reservar su nombre por seguridad) dijo que no han podido retornar a sus territorios desde 2005 por la presencia de minas antipersonales en el Parque Nacional Nukak Makú y el resguardo Nukak Makú (Guaviare).

La gran mayoría de los nukak se concentra en la vereda Agua Bonita, a las afueras de San José del Guaviare. Ahí han permanecido desde 1988, cuando varios indígenas de este pueblo nómada (que era una tribu en contacto inicial) salieron a la cabecera municipal de Calamar (Guaviare) asediados por las minas antipersonales.

En ese momento, el 10% de los Nukak aún se encuentran en la vereda que les cedió la alcaldía de San José, según CeroSetenta. “Eso ahora los colonos que están ahí dicen que es de ellos, y si uno entra, lo regañan, pero ese es territorio de nosotros. Hay trocha ganadera que es territorio sagrado, por ejemplo del clan meumuno, ya lo invadieron”.

Por otro lado, de acuerdo con Carmen Ríos Guerra, de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los cuatro pueblos embera (katío, chamí, dóbida y eperara siapidara) asistirá a denuncian la presencia de grupos paramilitares y desplazamientos masivos.

El 10 de mayo, se realizará una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con representantes del pueblo Siona (de Putumayo), Nukak (de Guaviare) y Embera (de Chocó y Antioquia) para ampliar estas denuncias. Según cifras del Registro Único de Víctimas, entre 2006 y  2018, 18.564 indígenas han sido afectados por el conflicto armado, y se han registrado 11.664 casos de desplazamiento forzado.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador