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hace 5 horas

Los interrogantes que deja la exclusión de 'Macaco' de Justicia y Paz

Pese a que avaló uno de los argumentos presentados por la Fiscalía para excluir del proceso de justicia transicional a ‘Macaco’, el Tribunal de Bogotá rechazó dos testimonios que señalan la existencia de testaferros y bienes no declarados por el exjefe paramilitar.

Este martes otro excomandante paramilitar engrosó las filas de los desmovilizados excluidos de Justicia y Paz. Esta vez, el Tribunal de Bogotá, con ponencia de la magistrada Léster María González, avaló uno de los dos argumentos presentados por la Fiscalía para expulsar del proceso a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. El Tribunal consideró que el otrora comandante del bloque Central Bolívar (BCB), una confederación de estructuras paramilitares, continuó delinquiendo después de su desmovilización, ocurrida en 2005. La decisión se sustentó en una sentencia proferida el 12 de mayo de 2011 por la Corte del Distrito Sur de Florida, que lo condenó a 396 meses de prisión por los delitos de concierto para importar cocaína y concierto para poseer con intención de distribuir cocaína a bordo de un navío en jurisdicción de Estados Unidos.

En la sentencia, la corte estadounidense señaló que el primero de esos delitos se cometió entre 1997 y 2007, mientras que el segundo se ejecutó entre el 6 de septiembre de 2006 y el 6 de septiembre de 2007; es decir, que ‘Macaco’ continuó traficando cocaína hasta dos años después de haber depuesto las armas. Durante el proceso adelantado en ese país, el excomandante paramilitar se declaró culpable y se comprometió a no apelar la decisión, por lo que el Tribunal de Bogotá reconoció la validez del fallo y ordenó la exclusión. Sin embargo, en el aire quedaron graves señalamientos que la Fiscalía había puesto a consideración de los magistrados y que se basaban en los testimonios de dos hombres, que denunciaron a ‘Macaco’ por no entregar la totalidad de sus propiedades y encubrir a sus testaferros.

El primer grupo de bienes fue denunciado por un testigo anónimo. En él se incluyen un apartamento en Medellín; una casa en Sabaneta avaluada en $800 millones, y una finca de recreo por un valor de $2.500 millones, ubicada en Copacabana (Antioquia) y compuesta por dos edificaciones, caballeriza, sauna, piscina y cancha de fútbol. Esas y otras propiedades habrían sido “dádivas” que ‘Macaco’ le entregó a una mujer identificada como Paula Andrea Trujillo Saldarriaga, de quien el denunciante aseguró que había sido compañera sentimental del excomandante del BCB. El ente acusador señaló que esos bienes figuraban a nombre de Trujillo, sus familiares y terceros cercanos, quienes no contaban con los recursos necesarios para adquirirlos legalmente. Incluso, reveló que Patricia Trujillo, hermana de Paula Andrea, había integrado las filas del BCB y se había desmovilizado con esa estructura.

El segundo grupo fue denunciado por el también desmovilizado José Germán Senna Pico, quien advirtió sobre tres predios que habrían sido propiedad de ‘Macaco’ y mantenidos en la sombra. El primero de ellos es la hacienda Santa Elena, de 200 hectáreas, ubicada en Cáceres (Antioquia). Según Senna, ‘Macaco’ adquirió esa finca en 2005 y la registró dos años después en cabeza de José Benjamín Pietro Duarte, un exfuncionario del Incora asesinado en 2013 quien, presuntamente, fungía como testaferro del exjefe ‘para’. El segundo bien es la hacienda Mandinga, de 382 hectáreas, dedicada la explotación de oro y a la ganadería. El ente acusador reportó que ese terreno figuró a nombre de las empresas Sociedad Builes y Cia Ltda. y Maya y Jaramillo Cia, algunos de cuyos directivos habrían tenido estrechos vínculos con ‘Macaco’.

El último es un predio urbano ubicado en El Bagre (Antioquia), propiedad de Jesús Ovidio Sánchez Meneses. En diligencia ante la Fiscalía, el hijo de Sánchez aseguró que su padre fue despojado en 2007 y asesinado en 2009 por los paramilitares. Pese a esos señalamientos, el Tribunal de Bogotá consideró que el ente investigador no aportó las pruebas necesarias para soportar las declaraciones de los testigos, por lo que omitió los testimonios de su análisis. Para la magistrada González, no es claro que esas personas hubieran fungido como testaferros ni que ‘Macaco’ participara en transacciones ilícitas sobre esos bienes. Además, dejó constancia de que no existen decisiones judiciales al respecto y cuestionó que la Fiscalía, pese a conocer los hechos desde 2012, no hubiera adelantado las respectivas diligencias de extinción de dominio, exceptuando a la hacienda Santa Elena.

Aunque el Tribunal señaló la falta de pruebas, lo cierto es que la justicia deberá avanzar en las investigaciones y determinar el origen de esas propiedades, cuya extinción definitiva podría contribuir a reparar a las víctimas del BCB y a engrosar la reducida caja del Fondo de Reparación. Por ahora, el abogado de ‘Macaco’ en Colombia, Henry Rodríguez Valencia, anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que definirá la suerte del exjefe paramilitar, recluido y condenado en una cárcel de Florida.


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