En último enredo de su acuerdo de colaboración

Los líos de Otto Bula para reparar a las víctimas de Odebrecht

El lote La Bomba, en Córdoba, que puso a disposición del Estado para reparar a los afectados por la multinacional, al parecer tiene problemas y no valdría todo lo que dicen que vale.

El excongresista Otto Bula ha sido uno de los testigos clave en el caso Odebrecht. / El Espectador

El exsenador Otto Nicolás Bula, protagonista del entramado de sobornos de Odebrecht en Colombia, tiene enredado su acuerdo de colaboración con la justicia. Específicamente en relación con el dinero que prometió para reparar al Estado por sus vueltas ilegales con la multinacional brasileña. La historia es así: para ser beneficiario de rebajas procesales sustanciales, Bula, además de comprometerse a testificar contra políticos, empresarios y funcionarios vinculados al escándalo, también pactó la entrega de un predio en Córdoba que servirá para indemnizar pecuniariamente al Estado. El lío es que el inmueble anunciado, al parecer, está lleno de problemas, no vale lo que Bula y sus abogados dicen que vale y la Contraloría, como representante de las víctimas de Odebrecht, no está dispuesta a dejarse meter un gol del excongresista.

Se trata del lote La Bomba, ubicado al lado del aeropuerto Los Garzones, de Montería, cuya área es de 5.000 metros cuadrados. Y aunque el Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC), en reporte expedido el pasado 11 de febrero, advirtió que el predio tiene un avalúo catastral de $231 millones, Otto Nicolás Bula asegura que comercialmente ese lote ronda los $4.400 millones, es decir 19 veces más. Para ello se apoyó en un avalúo que, en agosto de 2017, le hizo José Nicolás Vélez, perito de Fedelonjas en Córdoba. En un documento de 12 páginas, el experto contratado señaló que el sector cuenta con vías pavimentadas que mejoran su acceso, urbanizaciones construidas, viviendas unifamiliares y redes de servicios públicos de agua, luz, gas y telefonía; todo lo cual redunda en “excelentes perspectivas” de valorización.

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Tras calcular los valores estimados de venta de ese terreno urbanizado, los diseños financieros, costos, licencias, promoción y áreas “vendibles”, entre otros factores técnicos, el perito sostuvo que La Bomba tiene un valor de $4.401 millones. En documentos enviados en febrero pasado a la mesa técnica conformada para valorar el predio —encabezada por la Contraloría—, el experto añadió que debía incrementársele un 25 % a ese avalúo en tanto aumentaron los índices de precio del consumidor y de predial en 2019. En esa línea, el abogado de Bula, Alejandro Sánchez, recordó que el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, dijo hace pocas semanas que la comuna 10 se expandirá hacia el corregimiento de Los Garzones, que incluye el lote en cuestión, lo que haría triplicar los valores del sector.

No obstante, ese avalúo fue refutado por la Central de Inversiones del Estado (CISA). A dicha entidad se le pidió revisar si los cálculos eran correctos y si tanta “maravilla” era cierta. Luego de revisar la localización del predio, el uso del suelo, los reportes catastrales y valores comerciales, así como la tradición del lote y su transformación durante los últimos años, CISA enumeró una lista de problemas que hacen inviable para el Estado aceptar dicho inmueble, al menos por ahora. Para empezar, de acuerdo con CISA, La Bomba “presenta amenaza de inundación en un nivel muy alto” y “se encuentra en zona de restricción del aeropuerto internacional Los Garzones”. Además, desde 2011, según escritura pública, Bula transfirió ese lote a la Sociedad Agropecuaria la Central S.A., de la que es accionista.

“Por lo anterior, se advierte que jurídicamente no es viable la transferencia de propiedad del inmueble pretendida por el señor Otto Bula a favor de la Contraloría para reparar pecuniariamente al Estado, dado que el bien no es de su propiedad, pues dicho inmueble hace parte de los activos sociales de una sociedad anónima. Y si bien el señor Otto Bula puede ser accionista de dicho ente societario, esto solo le daría derechos sobre la masa que conforma el patrimonio de la sociedad y no es factible asignarle o pretenderse endilgar la propiedad sobre un activo en especial”, resaltó el informe conocido por El Espectador. Además, CISA sostuvo que los avalúos del arquitecto José Nicolás Vélez y la Lonja de Propiedad Raíz de Montería, que calcularon el valor comercial del predio en más de $4.000 millones, “no se encuentran técnicamente sustentados”.

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El reporte de la Central de Inversiones va más allá, pues advierte que La Bomba presenta “restricciones de desarrollo” a partir de las normas urbanas de la ciudad, “presenta una configuración irregular con una desproporcionada relación frente-fondo”, tiene constante amenaza de inundación en invierno y, por su cercanía al aeropuerto, “se evidencia afectación por ruido de los aviones” de manera constante. “Desde el punto de vista comercial se presenta baja probabilidad de venta, toda vez que presenta restricciones desde el punto de vista de posibilidad de desarrollo urbanístico y para desarrollo agrícola no tiene un área necesaria e interesante para su explotación y rentabilidad”, recalcó CISA. En ese contexto, la recomendación de la Central de Inversiones fue contundente: “No es viable la transferencia de propiedad del inmueble”.

En respuesta a esta controversia, el abogado Sánchez indicó que se hizo una mesa técnica en la Contraloría en la cual “el avaluador contratado por la defensa documentalmente acreditó que ese predio no tiene afectación alguna ni por su cercanía al aeropuerto ni en materia de inundaciones. El perito también mostró los fundamentos técnicos que soportaron el avalúo y la expectativa real que existe de que el predio deje de ser de uso rural para pasar a ser urbano. Lo cual, en caso de suceder, dispararía el precio inmediatamente. Con la aclaración de que la defensa no ha pedido la actualización del valor del predio, valorado en 2017 en $4.401 millones, sino solo tener un precio justo que no perjudique los intereses del Estado ni del señor Otto Bula. Nuestra posición es arreglar. Si se necesita un nuevo avaluador, también se puede hacer”.

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Según advirtió Sánchez, todo está en la vía de solucionarse. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso no ven el asunto así de fácil. De fondo está el dinero para reparar a las víctimas del caso Odebrecht, el peor escándalo de corrupción en Colombia desde el Proceso 8.000. Se trata de asegurar no solo un inmueble, sino su precio justo. La Fiscalía ya solicitó un nuevo avalúo del lote La Bomba. Por ahora la Contraloría tiene la última palabra en esta controversia.