Los líos de un lote apetecido

La firma Colbank, su dueña, asegura que se ha visto expuesta a un perjuicio irremediable al ser relacionada con una pirámide y un paramilitar. Por eso demandó al Estado por $95 mil millones.

Roberto Charris, representante legal de la firma Colbank. / Cristian Garavito. David Murcia Guzmán. Miguel Ángel Mejía Munera / Archivo

La sociedad Colbank, dueña de la franquicia KFC en Colombia y de la empresa avícola Industrias Aretama —con más de 80 años de funcionamiento y un capital de $40.000 millones—, demandó al Estado por $45.000 millones por cuenta de un litigio que desde 2008 se le volvió un dolor de cabeza: un lote de 17.000 metros cuadrados ubicado en el norte de Bogotá y que terminó siendo reclamado, ni más ni menos, por los acreedores de la pirámide DMG y por el jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, El Mellizo.

La historia de este millonario pleito empezó a enredarse en junio de 2008. Colbank le vendió a Luis Eduardo Gutiérrez y Juan Carlos Valencia, de la firma Guval, tres lotes contiguos de casi 60.000 metros cuadrados denominados Nuevo San Antonio, El Bihar y Las Mercedes. El negocio se cerró en efectivo por $23.000 millones y se estableció como cláusula que los compradores no podían ceder esta venta a terceras personas. Sin embargo, Gutiérrez y Valencia lo hicieron con DMG, que en noviembre de ese año resultó intervenida por el Estado por captación ilegal de dineros.

Colbank se declaró ajena a la cesión y sostuvo que los compradores incumplieron la negociación y quedaron en el sánduche de las víctimas de la pirámide que reclamaron esos predios para su reparación. El caso llegó a la Fiscalía, que el 21 de septiembre de 2010 inició el trámite de extinción de dominio y ordenó el embargo de los inmuebles mientras investigaba. La Supersociedades ordenó en febrero de 2012 a la Oficina de Instrumentos Públicos que otorgara la titularidad de los predios a DMG y puso como evidencia el auto de embargo de la Fiscalía de 2010, asegurando que ya se había realizado la extinción de dominio.

El lío es que ésta nunca se dio y, por el contrario, en diciembre de 2012 la Fiscalía 26 de Lavado de Activos decretó la improcedencia de esta extinción de dominio y ordenó que DMG le devolviera a Colbank los predios en litigio. Esta decisión fue apelada por la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, y casi dos años después todavía no se ha fallado. Por eso, Colbank aseguró en su demanda al Estado que sus bienes fueron embargados por un error de la Supersociedades y que el buen nombre y patrimonio de su sociedad quedaron afectados. Por eso pidió que se condene a la Nación por $45.000 millones.

Al mismo tiempo, Roberto Charris, en calidad de representante legal de Colbank, interpodrá una nueva demanda contra el Estado en los próximos días por el episodio que terminó salpicando el predio El Bihar con el narcoparamilitar conocido como El Mellizo. En este caso la reclamación ronda los $50.000 millones, según un estudio que tasó el daño emergente, los daños morales y el lucro cesante por este caso. Como en el caso DMG, el problema arrancó cuando un fiscal de Justicia y Paz pidió una medida cautelar sobre El Bihar.

Según declaró El Mellizo en audiencia de Justicia y Paz en 2008, ese predio era de él aunque no figurara como dueño y correspondía al pago de un préstamo de un millón de dólares que le hizo a Óscar Humberto Uribe Echeverri, un exsocio suyo en las vueltas de tráfico de estupefacientes. Como Uribe Echeverri no pudo pagar ese “crédito” le dijo al capo que tomara posesión de El Bihar. Según Colbank, en 2008 Uribe Echeverri se habría ofrecido a ayudar a vender el lote, pero jamás participó en el negocio. En ese contexto, voceros de Colbank señalaron que no se entiende cómo El Mellizo podía reclamar el inmueble sin un papel ni respaldo alguno.

Según la demanda del abogado Charris, la Fiscalía insistió en que se otorgara esa medida cautelar varias veces, pero ésta fue negada incluso por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, a pesar de estos antecedentes, otro fiscal de Justicia y Paz elevó una cuarta petición ante un magistrado de control de garantías y finalmente se decretó en 2010 otro embargo sobre El Bihar (ya entonces lo tenía por cuenta del caso DMG). Lo grave, según Colbank, es que jamás fueron notificados de tal decisión, no pudieron defenderse y el prestigio de su sociedad quedó en entredicho por dos flancos terribles: el narcoparamilitarismo y el fraude de DMG.

Finalmente, el 26 de septiembre de 2012, esa medida cautelar sobre El Bihar fue revocada por la Corte Suprema de Justicia. Colbank, de nuevo, quedó como el legítimo propietario del inmueble. Pero, según alegaron Carlos Ernesto López, dueño de Colbank y de Industrias Aretama, y Roberto Charris, representante legal, los daños causados por estos lotes les provocaron un perjuicio irremediable. Las puertas de los bancos se les cerraron súbitamente y varios de sus negocios quedaron en apuros. Por eso sus demandas contra el Estado rondan los $95.000 millones. Es el epílogo de una enredada historia con coletazos desconocidos.

 

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