La recuperación de la plata que la pirámide DMG de David Murcia le tumbó a miles de víctimas ha sido un dolor de cabeza para la Superintendencia de Sociedades y la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry. El pasado 5 de febrero, en una decisión del superintendente delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, pareció que todo se resolvía y que la batalla jurídica entre la liquidadora y Colbank por tres predios en el norte de Bogotá —que suman alrededor de seis hectáreas— estaba decidida. No era para menos: se trata de tres lotes identificados como Nuevo San Antonio, El Bihar y Las Mercedes que hoy están avaluados en más de $70.000 millones.
Sin embargo, el representante legal de Colbank, Roberto Charris, recusó al superintendente Polanía y el proceso quedó estancado. Además, en conversación con El Espectador aseguró que denunciará penalmente al funcionario con el argumento de que en su decisión prevaricó —es decir, tomó decisiones contrarias a la ley— porque no tenía facultades para despojarlos de las propiedades y ordenar que se escrituraran a nombre de DMG (ver arriba).
La pelea por estos tres predios, que Colbank supuestamente le vendió a DMG a través de unos empresarios que sirvieron como intermediarios, comenzó en 2008. En esa época, la Fiscalía comenzó a indagar por las propiedades a nombre de DMG y encontró un negocio en el que Colbank habría celebrado una promesa de compraventa con los empresarios Juan Carlos Valencia Yepes, Luis Eduardo Gutiérrez y Sandra Cristina Bolaños —también participaron las firmas Inversiones Amorel y Representaciones Guval— que representaban a DMG. Según el auto de la Supersociedades, se firmó un contrato de compraventa por $23.000 millones —pagados en efectivo— que terminaron en manos de Colbank, pero nunca se firmaron escrituras, por lo que las propiedades jamás estuvieron en manos de DMG.
La Supersociedades explicó que, independientemente de que no se haya materializado el modo de adquirir el dominio —es decir, la firma de escrituras—, era innegable que se había dado un contrato de compraventa entre Colbank y los intermediarios, por lo que era necesario incluir los tres lotes dentro del inventario de DMG para así poder reparar a las víctimas. “Al estar probado que los propietarios formales del bien (Colbank) recibieron el dinero y que la contraprestación de haber recibido ese dinero era el bien, surge para ellos la calidad de deudores respecto a quien verdaderamente les entregó el dinero, esto es la sociedad intervenida (DMG)”.
Desde que la Fiscalía comenzó el proceso de extinción de dominio contra DMG en 2008, se rastrearon todos los bienes que ésta tenía. Entre ellos aparecieron los lotes del norte de Bogotá. E inmediatamente comenzaron los problemas, porque, a pesar de que Colbank aparecía como propietaria en las escrituras, para la Fiscalía era claro que esas propiedades se compraron por $23.000 millones que pagó DMG.
Colbank arremetió enseguida y defendió lo que para ellos es su derecho a mantener la propiedad sobre esos lotes. A la vez que la sociedad interponía recursos para que no le quitaran los bienes, la Fiscalía tomó una serie de decisiones. El 21 de septiembre de 2010 ordenó el embargo de las propiedades y que fueran transferidas enseguida a DMG para que la liquidadora María Mercedes Perry las utilizara en la reparación de las víctimas. Pero Colbank apeló la decisión, que el 9 de diciembre de 2014 fue confirmada en segunda instancia por un fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito.
Colbank continúo su pelea e interpuso una serie de recursos en la Corte Suprema de Justicia, que no le dieron la razón y confirmaban la decisión dictada por la Fiscalía respecto al traspaso de los lotes a manos de DMG. Todo esto sucedió a lo largo del año pasado, hasta que la liquidadora de DMG le solicitó el 17 de septiembre a la Supersociedades que se incluyeran en el inventario los tres bienes que suman seis hectáreas, como lo había ordenado la Fiscalía.
“En consecuencia, este despacho interviene la operación celebrada formalmente entre representaciones Guval y las sociedades Inversiones López Piñeros y Colbank, pues de acuerdo a lo probado en el proceso penal y verificado por este despacho, la realidad material de esa operación devela que el adquiriente de los bienes es la sociedad intervenida (DMG)”, se lee en el auto de Supersociedades. Además le ordenó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte inscribir la propiedad de DMG en liquidación sobre los predios Nuevo San Antonio, El Bihar y Las Mercedes.
La defensa de Colbank
“El superintendente delegado para Asuntos de Insolvencia está equivocado cuando pretende trasladar unos bienes de la sociedad de Colbank a DMG. Él no tiene competencia ni facultades para eso. Menos cuando no procedía una extinción de dominio. En esa providencia el superintendente confunde maliciosamente y dolosamente una promesa de compraventa con un contrato de compraventa”. Fueron las palabras del representante legal de Colbank, Roberto Charris, para explicar que lo ordenado por la Supersociedades es contrario a la ley.
Agregó que entre hoy y el lunes denunciará penalmente al superintendente delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, por prevaricato. “Está diciendo que vendimos, pero nosotros nunca vendimos y menos a DMG. Por eso siempre vamos a dar la pelea. Por qué engañan a las víctimas diciendo que hay un contrato de compraventa. La promesa no permite trasladar el dominio y no hay poder jurídico que nos obligue a escriturarles y a que se nos despoje de esas propiedades”, puntualizó Charris.
El representante legal del Colbank agregó que ellos cancelaron el negocio de venta de los lotes cuando se enteraron de que los compradores eran intermediarios de DMG y los estaban engañando: “Nosotros no hacemos el negocio porque nos enteramos de que los compradores nos habían engañado. Pensamos que les íbamos a escriturar a ellos y resulta que dijeron que no, que eso era plata de DMG. No hacemos el negocio. Siempre hemos estado dispuestos a devolver esos dineros, que era lo que recibimos por concepto de esa promesa. Jamás vamos a escriturar”.
Charris manifestó que cree que la Oficina de Instrumentos Públicas no va a escriturar los predios y que ellos devolverían los $23.000 millones que recibieron como pago en una serie de consignaciones. “Tengo una promesa de compraventa que jamás se fue a una notaría a escriturar. Ni el superintendente ni ningún juez podrán obligarnos a escriturar (...) Ya hay una demanda de reparación directa contra la Nación por más de $45.000 millones, porque atrevidamente ordenaron una extinción de dominio que jamás existió”, indicó.
“La cosa es sencilla: devolvemos la plata porque la promesa fue fallida y nunca se cumplió. Además había un objeto ilícito. En la cláusula decimoprimera prohibía la cesión del contrato. A nosotros no nos pueden vincular ni relacionar con esa captadora ilegal porque somos empresarios con trayectoria decente en el país. Aquí los únicos que pueden cambiar la titularidad de dominio son los jueces civiles o penales cuando hay una extinción de dominio. Pero no con un auto. El superintendente no tiene la facultad”, señaló Roberto Charris.