Los magistrados que votaron para salvar las curules de Paz

Diana Fajardo y Alberto Rojas Ríos señalaron que la Corte Constitucional si podía revisar el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales para las víctimas.

Los magistrados Alberto Rojas Ríos y Diana Fajardo Rivera explicaron el motivo de su salvamento de voto. Archivo El Espectador

De ocho magistrados que hacen parte de  la Sala Plena de la Corte Constitucional, solo dos apoyaron iniciar el estudio del acto legislativo que crea las 16 curules para las víctimas. Iniciativa que fue negada por el Congreso, por no alcanzar la votación necesaria para ser aprobada. El Alto Tribunal rechazó la solicitud del presidente Santos al considerar que aún no es competente para iniciar el estudio de constitucionalidad.

Los magistrados Diana Fajardo y Alberto Rojas Ríos consideraron que la Corte sí podía entrar a revisar el proyecto, defendieron que la competencia se centra en posibles vicios de forma, entre los cuales se incluye el trámite legislativo. “En lo que tiene que ver con este la revisión de la Corte comprende aspectos como la publicidad del proyecto, los anuncios para la discusión; los términos o plazos entre cada debate; la formación del quórum, la manera en que se llevaron a cabo las votaciones y el cumplimiento de las mayorías exigidas por la Constitución y el reglamento del Congreso, según el tipo de norma que se pretenda aprobar”.

(En contexto: Corte Constitucional dice que aún no puede revisar reforma que crea curules para víctimas)

La decisión del alto tribunal se anunció el pasado martes y fue producto de un choque entre dos interpretaciones distintas sobre los resultados del debate de las 16 curules de paz pactadas en el acuerdo de La Habana. Por un lado, el Gobierno sostuvo que los 50 votos positivos obtenidos en el último debate en el Senado eran la mayoría del quórum, pues los votos posibles eran 99. Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del Senado, consideró que los estos eran 102 por lo que se hubieran necesitado 52 votos.

Otro argumento de los magistrados Rojas Ríos y Fajardo Rivera es que, aunque es cierto que el presidente del senado tiene la facultad de anunciar cuándo es aprobada o no una iniciativa, “esta no puede interpretarse de manera tal que le confiera al funcionario la posibilidad de decidir, en un caso de duda constitucional como sería este, cuál es la voluntad de todo el congreso de la República”.

Después de lo expuesto advirtieron que “asumir la competencia no implicaba un pronunciamiento definitivo sobre cuál de las dos opciones interpretativas acerca de la mayoría absoluta era correcta. Simplemente asumir el papel institucional de evaluar ese problema de fondo, y en el marco de control único y automático que le corresponde a este tribunal”.

En medio del debate están las víctimas del conflicto armado, por no saber si tendrán o no representación en el Congreso a partir del 20 de julio del próximo año, las tres ramas del poder público siguen enfrentadas en un asunto que parece ser más “leguleyo” que serio.