Los menores en el crimen organizado

El documento “Violencia, niñez y crimen organizado”, último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alerta sobre el estado de vulnerabilidad de niños y jóvenes americanos en contextos de inseguridad y violencia.

En el caso colombiano, la Comisión asegura que con el reacomodo de las estructuras paramilitares después de su desmovilización en 2006, los grupos criminales han reclutado a menores de 18 años, logrando que el 50 % de sus grupos estén conformados por personas que ingresaron a las filas cuando eran niños.

El informe señala que los grupos armados asociados con el conflicto colombiano y las redes del narcotráfico utilizan a niños y niñas para labores de inteligencia, vigilancia, producción, traslado y venta de droga, sicariato, extorsión, robo, secuestro, explotación sexual, entre otros. El documento, que recoge cifras de la Defensoría del Pueblo de 2015, registró que los menores serían explotados en 26 de los 32 departamentos del país.

La Defensoría estima que entre los niños y adolescentes que son parte de las estructuras criminales, el 30 % serían mujeres. Además, tendría evidencias que distintas estructuras dedicadas a actividades criminales, en su mayoría, explotarían sexualmente a las niñas y adolescentes. Las menores, que estarían entre los 10 y 14 años, según las evidencias del organismo, son secuestradas y obligadas a mantener relaciones sexuales con los delincuentes, quedando expuestas a embarazos y a enfermedades de transmisión sexual.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos, en 2015, cuestionaron cómo el Estado colombiano usa represivamente la ley penal con los jóvenes vinculados a estructuras criminales. El Comité, en particular, afirmó que los adolescentes utilizados por las organizaciones criminales en Colombia deberían ser tratados como víctimas e incluirlos en acciones especializadas tendientes a desvincularlos de estos grupos, de rehabilitación y reintegración social.

La Defensoría el año pasado también se pronunció de igual forma que el Comité y pidieron que se fortalecieran en medidas y programas para incentivar la desvinculación de menores de las estructuras criminales, rehabilitación, reintegración social y en paralelo con políticas de prevención.

La CIDH recomienda que los menores de 18 años sean sometidos a una justicia especial juvenil, en la cual se le pueda proteger. La privación de la libertad, cuando se trata de adolescentes, debe emplearse únicamente como medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible y necesario.