La Procuraduría General registró nuevas fallas en el nuevo modelo de aseo implementado por la Alcaldía de Bogotá en diciembre de 2013, advirtiendo que el Distrito no incorporó a recicladores de oficio como lo ordenó la Corte Constitucional, sino a habitantes de la calle.
En el décimo informe de seguimiento allegado al alto tribunal se manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) no cumplió los requisitos para adelantar el censo de la población recicladora, así como el cumplimiento que se debían exigir para su incorporación al esquema.
Ante esto, advierte el Ministerio Público, se amplió el concepto establecido para la población recicladora, beneficiando así a un grupo de personas que no tenían relación con la actividad. Esta situación fue calificada por la Procuraduría como irregular puesto que se les entregó un sueldo a un grupo de personas que no cumplían con las condiciones exigidas.
Esta circunstancia afecta la constitución de empresas encargadas de prestar el servicio de reciclaje en la capital de la República. El hecho de que se vincularán a habitantes de la conocida calle del Bronx en el centro de Bogotá al plan de reciclaje y no a las personas que por años conformaron sociedades para adelantar estas actividades es una falla al nuevo modelo.
Finalmente se aseguras que no existe un registro claro y certero sobe la cantidad de toneladas recolectadas por los recicladores en su actividad diaria, lo que dificulta la medición de resultados del programa que ha sido cuestionado por diferentes organismos de vigilancia y control por las fallas en la planeación y puesta en marcha.
Frente a estas situaciones se cuestionó las falencias en una implementación en la metodología uniforme para la ejecución de todos los puntos del programa, así como las falencias en la implementación de las recomendaciones hechas por la Corte Constitucional.