Los obstáculos de la Ley de Víctimas

Dificultades económicas, tecnológicas, falta de capital humano y capacitaciones son los principales problemas que presentan.

Las personerías del país no están hoy en la capacidad de aplicar la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y hacen falta personal y tecnología para cumplirle al país. Así lo advirtió Alfonso Campo, presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), quien pidió “apoyo del Gobierno Nacional y las administraciones municipales para que se les faciliten los recursos humanos a todas las personerías y así poder optimizar la atención a las víctimas”.

Según Paula Gaviria, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a Víctimas, las personerías son las encargadas de apoyar la atención humanitaria, colaborar con los censos, apoyar en la recepción de declaraciones y garantizar la participación de la víctimas en el proceso de decisión a través la inscripción de las organizaciones de víctimas y derechos humanos.

“Los personeros tienen una labor fundamental y es ser la cara, esa primera persona de todo el proceso de la aplicación de la ley. Deben tener un conocimiento profundo y una sensibilidad humana importante, también mucho respeto por lo que hacen y que sepan cómo trasmitir cariño a esa víctimas, que probablemente está asustada y desconfía del Estado. Así que los personeros son esas personas que le dan confianza a la víctimas para que puedan contar su caso y así iniciar el proceso de atención y reparación integral”, explicó Gaviria.

La próxima semana, los días jueves y viernes, se realizará en Cali la IV Asamblea Nacional de Personeros y precisamente el tema central será la implementación de la mencionada ley. Y allí, según conoció El Espectador, los personeros de todo el país le expondrán al Gobierno sus inquietudes sobre las precarias condiciones en que se encuentran para la implementación de la Ley 1448 de 2011.

“Será una oportunidad para decir que estamos comprometidos con el tema, pero que necesitamos facilidades para el cumplimiento de la ley, si las personerías de las ciudades capitales presentamos dificultades, ¿cómo estarán las personerías de quinta y sexta categoría?”, afirmó Alfonso Campo, quien además oficia como personero de Valledupar.

El panorama es de verdad preocupante. Personerías de municipios pequeños o clasificadas como de quinta y sexta categoría –entre ellas de capitales como Mitú en el Vaupés, Florencia en el Caquetá o Leticia en Amazonas- presentan dificultades económicas, tecnológicas y de personal que impiden brindar la atención oportuna a las víctimas y dar cumplimiento a la implementación de la ley.

De acuerdo con lo manifestado por los personeros de estas tres ciudades, éstas no cuentan con el recurso económico para adquirir implementos tecnológicos esenciales para la tomas de declaraciones de las víctimas, como escáner o fotocopiadora; tampoco tienen el capital financiero para asistir a capacitaciones y no existe el recurso humano para atender a las víctimas, pues sólo son dos personas: el personero y la secretaria.

Para Jiver López, personero de Florencia, les toca hacer de todo: defensores, contralores y personeros: “Trabajan sin presupuesto, sin papelería y sin herramientas. Es importante tener en cuenta que en las personerías de quinta y sexta categoría atendemos más del 60% de las declaraciones de víctimas de todo el país. Que las personerías capitales recepcionen las declaraciones es otra cosa, pero las víctimas se acercan es a nosotros y acuden a las personerías pequeñas”, advirtió.

En Leticia, la situación no es diferente. De acuerdo con Amparo del Socorro Lozada, personera allí, la situación se agrava porque no hay presencia de la Unidad Especial de Atención de Víctimas. Según manifestó, desde hace aproximadamente dos meses no hay un funcionario a cargo y debido a ello las víctimas acuden a la personería en busca de ayuda humanitaria a hacer declaraciones.

Lizeth Norelis Méndez, personera de Irinida, Guainía, considera que a pesar de tener Comité de Justicia Transicional, se les ha dificultado la instalación de la Mesa de Víctimas y que hasta el momento sólo se ha inscrito una organización. A su juicio, en esta zona del país las organizaciones de víctimas no están constituidas legalmente o las víctimas están cada una por su lado y haciendo todo de manera individual.

Méndez dijo que necesitan que la Unidad de Víctimas haga presencia y los capacite. Otra de las dificultades ha sido el cambio de formato para la toma de declaraciones, pues éste es más largo y dispendioso. Algunos voceros de las víctimas, como Rosario Aguilar Arpuchana, representante de la cultura Wayú y miembro de la mesa de concertación de los pueblos indígenas para la Ley de Víctimas considera que “hasta ahora con la Ley 1448 ha habido dificultades porque no ha sido el eje central del Gobierno, como quisiéramos nosotros”.

Por su parte Felipe Asprilla, coordinador de la Mesa Municipal de la Población en Situación de Desplazamiento en Cali, cree que la “Ley 1448 está empezando y cogió a las entidades de improvisto, por eso hay que fortalecerlas de a poco”. En este sentido, señaló que la Asamblea de Personeros a realizarse en Cali será el espacio ideal para discutir y debatir los compromisos que tienen las entidades en torno a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y también para conocer las dificultades y posibles soluciones para dar el cumplimiento adecuado.