Los obstáculos para investigar crímenes contra los DD.HH que encontró la CCJ

La investigación se realizó a partir de entrevistas a jueces y fiscales en Antioquia, Córdoba y Chocó. /Archivo

Un panorama preocupante alrededor de la investigación y juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos revela una investigación realizada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que da cuenta de obstáculos estructurales en el proceso de administración de justicia, que viven cada día jueces y fiscales. Falta de equipos de trabajo (personal y técnico), precariedad en los cuerpos especializados para las investigaciones, falta de garantías para proteger a las víctimas y a los testigos, son apenas algunos de los hallazgos.

La investigación se realizó a partir de entrevistas a jueces y fiscales en Antioquia, Córdoba y Chocó y revela la existencia de varios cuellos de botella que, en la práctica, imposibilitan que haya justicia. Por ejemplo, la existencia de amenazas provenientes por grupos criminales, falta de defensores públicos, retrasos de audiencias programadas por anterioridad para realizar legalización de capturas urgentes, dificultad de acceder a zonas alejadas, exceso de carga laboral, son algunas de las encontradas.

Uno de los entrevistados fue un fiscal en el Chocó, quien manifestó que durante 2018 tuvo a su cargo 37 casos, de los cuales 16 fueron por desaparición y 21 por desplazamientos forzados. Y en 2019 reportó un incremento para un total de 55 casos: 16 por desaparición, 20 por desplazamientos forzados y 19 casos por el delito de amenazas. Todos están en etapa de indagación.

Un fiscal en Córdoba, dijo que en el último año ha tenido alrededor de cuatro procesos por homicidios dolosos, cuyas víctimas son líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, y de amenazas contra estas personas. De los cuatro, dos se encuentran en etapa de indagación, uno en acusación y otro en juicio.

El Espectador habló con Sibelys Katina Mejía Rodríguez, abogada del área de incidencia nacional de la CCJ, autora junto con Julián Daniel González Escallón, coordinador de esa área, del informe llamado “Cuellos de Botella en la Administración Judicial. Un caso de estudio en la investigación y juzgamiento de crímenes contra derechos humanos”.

¿De dónde parte esta investigación?

Este asunto se vuelve pertinente para nosotros al evidenciar la preocupación ciudadana en relación con los niveles de impunidad en Colombia que, de alguna manera, se ve reflejada en la baja confianza en el sistema de justicia. Ese punto de partida lo conectamos con la actual situación de asesinatos y persecución a líderes y lideresas sociales en el país, en donde las respuestas de la justicia son calificadas como ineficaces.

¿Cuáles son las dificultades que afrontan jueces y fiscales que investigan esos casos?

Lo primero que encontramos es que los procesos se demoran mucho más que los términos que contemplan los procedimientos penales para ello, por distintas razones. En la etapa de investigación está la falta de presencia efectiva del Estado en zonas de conflicto armado que coinciden en zonas en donde se cometen este tipo de delitos y que son de difícil acceso incluso para la Fuerza Pública. A esto se suma la falta de recursos técnicos, tecnológicos y humanos que se dediquen exclusivamente a crímenes de defensores y defensoras de derechos humanos. También está el peligro al que se someten los investigadores y es un obstáculo la cantidad de procesados.

¿Por qué?

Cuando se trata de procesos grupales o en donde coinciden varios delitos, la complejidad se vuelve mayor y se empiezan a preguntar dificultades en la comparecencia de los procesados en las diferentes etapas de un caso. ¿Por qué? Por falta de coordinación en las audiencias o de las agendas de varios abogados que pueden estar en varias partes del país. Y esto se vuelve aún más grande cuando los procesados están detenidos en diferentes centros penitenciarios. Otro obstáculo importante es la falta de garantía por parte de entidades como el Inpec en hacer que los procesados comparezcan.

¿Qué otro obstáculo es recurrente?

Los testigos. Por un lado, por la renuencia de muchas personas de fungir como testigos en los procesos. En otro plano, que quiénes sí aceptan hacerlo no permanecen todo el proceso o no llegan a sus etapas finales. Otro problema son los riesgos que representa el hecho de haber estado el sistema de protección de testigos durante el proceso y que, finalizado el mismo, se le levante esa medida de protección y queden expuestos. Esos testigos requieren a veces ser reubicados en otras zonas y a veces hay problemas en los traslados para que puedan rendir testimonio. En la mayoría de los casos, tanto víctimas como testigos conviven en los mismos lugares con sus victimarios y esto hace mucho más complejo que los testimonios nazcan en el proceso.

¿Qué pasa con la carga laboral de los fiscales?

En cuánto a fiscales se identifica como un problema el sistema de calificación que es cuantitativo y no cualitativo. Lo ponemos sobre la mesa porque la naturaleza de ese sistema hace que se vena presionados a responder o atender muchos casos, perdiendo el foco sobre asuntos importantes como que, por ejemplo, que la evidencia sea pertinente o que el caso sea viable. Los fiscales nos dicen que la carga de trabajo es impresionante y que se ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Lo mismo pasa con defensores y defensoras públicas, que es la defensa que suele ser usada por victimarios.

¿Cómo clasifican los obstáculos?

Uno, los de investigación en sí misma. Otros, los problemas para llegar a la acusación y a la sentencia. Y otro, son los estructurales. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la falta de garantías que está referida a los testigos y a las víctimas y eso tiene que ver con falta de garantías de los derechos de las víctimas a asistir libremente y de manera segura a los juicios, cuando se encuentran en presencia de su victimario, de familiares, vecinos, particulares o medios de comunicación. Esto está conectado con los lugares en donde viven las víctimas que es cerca o en la misma ubicación con su victimario.

Hay otro problema estructural que es la gestión logística para la comparecencia de los procesados en los juicios y otro con la programación de audiencias, que tiene que ver con la gestión de la administración de justicia en medio de una gran congestión. Acá hay varios asuntos, tenemos los casos de jueces, fiscales y defensores que deben atender de manera prioritaria la legalización de una captura, en detrimento de las programaciones previas que ya se tenían. Una manifestación muy recurrente de los fiscales es que las audiencias se programan en el lapso de una hora y si una de estas se extiende, se corre el riesgo que la otra no se puede realizar porque uno de los sujetos procesales llegó tarde. Eso es estructural.

¿Qué pasa con la seguridad de las partes?

Tenemos defensores públicos que son amenazados por sus propios defendidos, representantes de víctimas amenazados por los presuntos victimarios y jueces y fiscales que ponen en riesgo su vida cuando se enfrentan a este tipo de procesos. Por un lado, existen diferentes tipos de presión sobre el trabajo que hacen estos funcionarios y, algunos de ellos, cuando requieren medidas de protección, estas impactan en los tiempos procesales.

¿Cuáles son los cuellos de botella encontrados por ustedes?

El sistema de calificación de fiscales es uno de los identificados por la CCJ, así como los cambios repentinos en los procesos, lo que implica retrocesos en las investigaciones. O traslados de procesos de las fiscalías especializadas en derechos humanos a otras delegaciones. Esto lo que hace es dejar carencias importantes en la delegación de derechos humanos que atiende los crímenes contra defensores, defensoras, líderes y lideresas de derechos humanos. A esto se suma que en este momento son pocas las fiscalías especializadas en este asunto que se encuentran en funcionamiento.

Un obstáculo distinto a lo identificado por los jueces y fiscales es la falta de garantía para la participación de las víctimas en el marco de los procesos. Lo que dice la CCJ es que esa participación queda supeditada a la sensibilidad y buena intención que tengan los ficales y jueces de turno. Si bien las víctimas con sus apoderados no son parte en términos técnicos del proceso, sí tienen una intervención especial y en los procesos muchas veces se niega esa participación a las víctimas en las etapas previas y posteriores al juicio.

¿Qué recomendaciones se hacen?

Hay que decir que muchos de estos problemas son estructurales que implicarían cambios en el sistema de justicia, en el sistema penal y en las entidades encargadas de administrar justicia. Las recomendaciones que damos para la protección de las personas que participan en los procesos son, por un lado, mayores niveles de articulación entre el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y los responsables locales de desarrollar medidas complementarias.

Es importante además un escenario de formación de la sociedad civil en términos de comprender la importancia que tienen nuestros defensores y defensoras de derechos humanos, en tanto sujetos que gestionan la construcción, mantenimiento y reconstrucción de nuestros tejidos sociales. Y procesos de formación de los equipos en análisis de contexto, que es una herramienta importante para identificar los patrones que operan en estos crímenes.

¿Por qué recomiendan que haya fiscales y jueces de descongestión para estos casos?

Hay un tema fundamental: la asignación de jueces, defensores públicos y fiscales de descongestión, que es un sentir de todos los entrevistados y de la CCJ. Muchos de los cuellos de botella están relaciones con la carga de trabajo de estos funcionarios, lo que ha venido impactando de la demora de los procesos. Aunque sea una asignación temporal, podría solventar la deuda histórica que tiene el sistema o impunidad. Esto implica pensar en estrategias de distribución de las funciones de descongestión, de manera que se pueda responder de manera adecuada al alto volumen de casos. Es decir, no se trata de llenar cualquier lugar del país sino que sea una decisión que responsa a las necesidades territoriales.