Los obstáculos para que haya justicia en el caso de Nicolás Neira, 15 años después

Nicolás Neira fue impactado por una lata de gas lacrimógeno en la carrera séptima con calle 18. / Archivo particular

El primero de mayo de 2005, Día Internacional del Trabajo, las centrales obreras y los sindicatos convocaron a una gran marcha, como es costumbre, para conmemorar esta fecha y exigir mayores garantías laborales. A la manifestación de Bogotá asistió el joven Nicolás Neira, que para entonces tenía 15 años, junto a un grupo de amigos. Caminaron por la carrera séptima hacia el sur, pero cuando iban entre las calles 17 y 18, se formaron disturbios, a lo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) comenzó a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y bolillo. En medio de la estampida, Neira cayó al suelo y murió cinco días después, como confirmó después Medicina Legal, por el golpe de una bala de gas lacrimógeno en su cabeza.

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A pesar de que el Estado colombiano fue condenado desde 2011 por la muerte de Neira, la justicia sigue sin procesar a los responsables. Los uniformados de la Policía que coordinaron la operación y que, según la Fiscalía, intentaron encubrir la muerte del joven siguen libres y solo hay un condenado: quien lo confesó todo. Además, los agentes han recurrido, según ha dicho la Corte Suprema, a “maniobras dilatorias” para entorpecer el proceso. Hoy se cumplen quince años del crimen y la familia de Neira recibe la noticia de que, ad portas de iniciar el juicio oral contra el agente que le habría disparado al menor, la Fiscalía decidió una vez más cambiar al fiscal que lleva el proceso.

“Personas lanzaban latas de pintura a los del Esmad, la gente empezó a correr, a dispersarse, los del Esmad hicieron una especie de herradura como encerrando a los últimos integrantes de la marcha”. Así reconstruyó la Fiscalía el ambiente que se vivía minutos antes de que el agente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa disparara su lanzadora de gases hacia la multitud, impactando a Neira. El policía, continúa el documentó, activó el arma “sin la orden de su superior” y “de frente contra quienes estaban aglutinados en la marcha”.

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Al frente suyo, a unos 20 metros, la lata impactó a Nicolás Neira. El joven cayó tendido sobre su cabeza sangrante a escasos metros de donde a finales del año pasado cayó Dilan Cruz tras ser impactado por una munición tipo bean bag disparada también por un agente del Esmad durante una protesta. Neria estuvo internado en una clínica hasta el 6 de mayo, cuando falleció producto de una fractura de 26 centímetros que le atravesaba la cabeza desde la nuca hasta la sien, reveló su necropsia. El dictamen de Medicina Legal señaló también que la herida “pudiera ser causada por el impacto de una cápsula contenedora de gas de las que usualmente se disparan con los trufly —lanzadoras de gas— usados por el Esmad”.

De vuelta al primero de mayo de 2005, cuando quien comandaba la operación del Esmad ese día, el mayor (r) Julio César Torrijos, se dio cuenta de que un joven había caído tras un fuerte estruendo, se dio la vuelta y vio al agente Rodríguez Rúa correr con el lanzador de gas en la mano. “Inmediatamente le llamo la atención fuertemente de por qué dispara si eso se dispara a orden del comandante y que por qué tiene esa arma si él no está designado como gaseador”, le dijo años después Torrijos a la Fiscalía. Rodríguez Rúa no le respondió y el mayor (r) se acercó para intentar auxiliar a Neira, pero no fue bien recibido por los manifestantes que ya lo ayudaban. Comenzó, entonces, una discusión entre miembros del Esmad, en cabeza de Torrijos y su superior, el mayor Fabián Mauricio Infante, sobre quién debería llevar a Neira a un centro médico.

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Un funcionario de la Defensoría del Pueblo medió y les pidió a los oficiales de la Policía que permitieran que los manifestantes se llevaran al menor. De esa forma sucedió y, según ha contado el mayor Torrijos, al manifestarle al mayor Infante que Rodríguez Rúa fue quien hirió a Neira, el superior le respondió: “Deje eso así”. A los pocos días, Torrijos se enteró de que el joven había muerto, fue a las oficinas del Esmad y le preguntó personalmente a Infante, “¿qué hacemos con esto?”, a lo que, cuenta Torrijos, el mayor le dijo: “Organice a su gente para que sepan cómo iban en la marcha y que no vayan a dar declaraciones diferentes ni a decir que fue el Esmad el que ocasionó el hecho”.

Torrijos reunió a sus hombres y les dio instrucciones de qué decir, quién estaba dónde y cómo fue la formación, para que entre lo dicho por cada uno no hubiera contradicciones. Cuando las autoridades comenzaron a investigar lo sucedido, lo dicho por los compañeros de Rodríguez Rúa lo salvó. En 2017, 12 años después de la muerte de Neira, Torrijos pidió un interrogatorio ante la Fiscalía y prendió el ventilador. “Yo encubrí lo sucedido”, confesó, “ese fue mi error y esa fue la única participación que yo tuve en este hecho”. Finamente, fue condenado por el encubrimiento del homicidio en septiembre de 2017.

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A la fecha, sin embargo, Torrijos es el único condenado. Su superior, Infante, se encuentra a punto de entrar a juicio en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. El agente Rodríguez Rúa, quien disparó la truflay, está siendo investigado formalmente por homicidio con dolo eventual desde octubre de 2017. En junio del año pasado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar haber cometido el delito a cambio de que le rebajaran la pena. Aunque esa negociación entre el agente y el ente investigador fue avalada por un juez, la defensa de la familia Neira interpuso una tutela con la que logró que la Corte Suprema de Justicia tumbara el preacuerdo.

Otros dos policías, Edgar Mauricio Fontal Cornejo y Edwar Humberto Daza Mosquera, continúan siendo investigados. Según el expediente, los uniformados habrían golepado al joven Neira mientras se encontraba inconsciente en el suelo. El año pasado la Fiscalía pidió precluir la investigación en contra de ambos bajo el argumento de que su comandante debió garantizarle la protección debida al joven Neira. Sin embargo, en junio del año pasado, el juez ante el cual se radicó la solicitud, decidió negarla, aduciendo que existen pruebas de que los agentes sí lesionaron a Neira.