El Congreso casi elimina también al DANE

La ley de Depuración Normativa habría podido eliminar el DANE, la Superintendencia de Sociedades y hasta la obligatoriedad de realizar un censo poblacional. El presidente Duque la objetó porque “genera inseguridad jurídica” y ahora la norma la revisará el Congreso.

La ley fue objetada por el presidente Duque el pasado martes y deberá volver al Congreso. Archivo

El pasado martes se conoció que una ley que estaba a punto de entrar en vigor sacaba de funcionamiento el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 del 2000), con el que se juzga a aforados en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusación y con el que todavía se adelantan miles de investigaciones en la Fiscalía. Antes de que se quedaran sin piso jurídico cerca de 83.000 procesos penales, el presidente Iván Duque objetó la ley por inconveniencia, lo que la devuelve al Congreso para ser estudiada. Fue así como se conocieron otras leyes que estuvieron a punto de eliminarse, pero que las objeciones de Duque acaban de salvar.

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La Ley de Depuración Normativa, promovida por el Ministerio de Justicia del entonces ministro Enrique Gil Botero, pretendía eliminar más de 10.000 normas antiguas. En el concepto que Duque y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, les envían a los presidentes de Cámara y Senado, detectan otras cuatro normas de gran importancia que “no pueden perder vigencia ni desaparecer del sistema jurídico colombiano, por las consecuencias que se causarían”.

Duque y Cabello consideran que es pertinente que la ley vuelva a debate en el Congreso pues “genera inseguridad jurídica”. El primer mandatario y la entrante jefa de la cartera de la que salió el proyecto de ley rechazan la “inadecuada redacción sobre los efectos de la pérdida de vigencia” y “la evidencia de errores en la inclusión de normas de rango legal que no están realmente afectadas por los fenómenos jurídicos asignados en el proyecto de ley”, como, por ejemplo, que sean anacrónicas o que haya normas más recientes que las reemplacen.

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Casi se acaba el DANE

El Congreso estuvo cerca de eliminar el DANE, encargado de “la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia”. Una de las principales funciones de esta entidad es hacer el censo oficial de la población, resultados que entregó hace apenas semanas. Sin embargo, la norma que le endilga esta responsabilidad al DANE también estuvo a punto de ser eliminada.

Entre las normas que iban a ser eliminadas estaba el Decreto 2666 por el cual se crea el Departamento Administrativo de Nacional de Estadística (DANE). Esto preocupó al presidente y a la cartera de Justicia —de donde salió la iniciativa de la depuración normativa— porque “no existe en el ordenamiento jurídico una norma posterior que justifique (la) existencia y funcionamiento de este Departamento”.

Asimismo, la Ley 2 de 1962 que crea el marco jurídico para hacer un censo nacional de “población, edificios y viviendas y ganadera, de industria, comercio y servicios”, estaba incluida entre las normas “depuradas”. En Presidencia advirtieron la inconveniencia de eliminar esta norma, según dice la carta que allegaron al Congreso porque “consagra la obligatoriedad de realizar censos de población” y “es indispensable que los censos se realicen de manera periódica para contar con una buena calidad estadística en las cifras producidas por el DANE”.

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¿Una superintendencia menos?

La Superintendencia de Sociedades, así como el DANE, casi se queda sin piso legal. La norma que crea la entidad, la Ley 58 de 1931, también iba a ser eliminada porque había sido sumada a otras sobre las que existía una norma posterior, más actualizada. No obstante, en Presidencia detectaron que esto no era así y que, de hecho, “no existe razón alguna para considerar su posible supresión”, pues no existe otra entidad con sus funciones.

¿Y los pensionados de Ferrocarriles?

Por último, la ley que propuso el gobierno eliminaba el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales porque la consideraba obsoleta. Sin embargo, la entidad, adscrita al Ministerio de Salud, que “reconoce prestaciones económicas legales y convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de las liquidadas empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia”, sigue funcionando. En Presidencia alertaron que eliminar la entidad “produce efectos actualmente jurídicos relevantes para el sector salud por lo cual es inconveniente su pérdida de vigencia”.

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Redacción Judicial

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